Por pleito fiscal entre la Dian y Ecopetrol, la Procuraduría convocó a reunión urgente: cobros podrían afectar a la petrolera

La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica de urgencia para el próximo 19 de noviembre de 2025 con el objetivo de buscar una solución a la controversia fiscal entre la Dian y Ecopetrol.

La reunión responde, según el Ministerio Público, a los cobros exigidos por la Dian por concepto de IVA en importaciones de combustibles realizados por Ecopetrol, los cuales, según el comunicado oficial, podrían poner en riesgo la estabilidad financiera de la compañía petrolera.

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“Frente a los cobros de la Dian a Ecopetrol por el pago del impuesto del IVA por las importaciones de combustible que podrían acarrear graves riesgos para la estabilidad financiera de la empresa, la Procuraduría General de la Nación convocó a una reunión de urgencia para buscar una salida al pleito fiscal”, se lee en el comunicado.

En esta mesa participarán representantes de la Dian y Ecopetrol, así como delegados de la Procuraduría. Durante la sesión se estudiarán los nuevos elementos presentados por las entidades y se revisarán los fundamentos jurídicos y doctrinales que acompañan las actuaciones administrativas en curso.

“En la mesa técnica, citada para el 19 de noviembre y en la que tendrán asientos representantes de cada una de las entidades, se analizarán los nuevos elementos presentados y los fundamentos jurídicos y doctrinales de las actuaciones en curso”, precisa el comunicado.

El conflicto surgió por diferencias en la interpretación normativa relacionada con las operaciones de importación de combustibles.

De acuerdo con el documento, la disputa podría generar embargos superiores a 11 billones de pesos y tener un impacto económico que alcanzaría los 22 billones de pesos, lo que afectaría el equilibrio financiero y la sostenibilidad económica de Ecopetrol y, por extensión, el patrimonio público.

La Procuraduría indicó que mantiene su compromiso con el respeto de la legalidad y el debido proceso, así como con la protección de los recursos de los colombianos.

“La discusión surge de una diferencia en la interpretación normativa entre Ecopetrol y la Dian, que podría derivar en embargos por más de 11 billones de pesos y un impacto estimado en 22 billones de pesos afectando el equilibrio financiero y sostenibilidad económica de la empresa y el patrimonio público”, señala el comunicado de la Procuraduría.

La Dian reiteró en un comunicado oficial que las importaciones de gasolina y Acpm están sujetas al pago de IVA del 19%. La entidad señaló que esta posición se mantiene en conceptos emitidos tanto en 2024 como en 2025.

Además, aclaró que no se han ordenado medidas cautelares ni acciones de cobro coactivo en contra de los importadores de combustibles, dentro de la discusión que involucra a Ecopetrol.

Ecopetrol, a su vez, informó que la Dian le solicitó corregir declaraciones relacionadas con importaciones de Acpm por un valor aproximado de $1,2 billones, a lo que se suman intereses estimados en $0,5 billones, para un total que rondaría los $1,7 billones en el periodo 2022-2024. La petrolera presentó respuesta y solicitó la reconsideración, manifestando su desacuerdo tanto con la sanción como con la interpretación de la Dian.

Mientras tanto, algunos medios han publicado estimaciones mayores sobre la magnitud de la disputa. Hay reportes que mencionan un posible impacto fiscal de $7,76 billones para Ecopetrol y $1,3 billones para Reficar; otros mencionan cifras cercanas a $1,5 billones y hasta una cuenta agregada de $9,4 billones, considerando importaciones tanto de gasolina como de diésel. Hasta ahora, la Dian no ha confirmado públicamente esos montos en resoluciones definitivas.

Por otra parte, no existe confirmación oficial de la cifra de $17.000millones citada en ciertos espacios, ya que los documentos revisados muestran valores en rangos billonarios. El foco del debate es si corresponde cobrar el 19% de IVA, como sostiene la Dian, o si la industria debe acogerse a regímenes especiales.

Este diferendo puede tener efectos sobre la liquidez, la inversión y el suministro de combustibles, según advierten gremios y expertos, quienes consideran que eventuales cobros afectarían la cadena, incluida Reficar. El proceso continuará en las instancias administrativas y judiciales hasta llegar a una definición.