La investigación revelada el domingo 16 de noviembre de 2025 sobre el creciente costo de las precampañas presidenciales en Colombia, en la que diferentes actores del sistema electoral han advertido sobre la falta de control y transparencia en la financiación política digital, causó revuelo en el espectro político. Y todo por lo que sería el millonario monto que se ha invertido en publicidad digital, lo que ha encendido las alarmas frente al proceso electoral.
Según publicó el diario El País de Cali, con información de la Misión de Observación Electoral (MOE), los aspirantes presidenciales han invertido cerca de 800 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025 por este concepto; una cifra inédita para la época preelectoral, cuando aún faltan algo más de cinco meses para conocer los aspirantes que estarán en la primera vuelta, pactada para el domingo 31 de mayo de 2026.
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El informe presentado por la MOE ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, reseñado por el citado medio, detalló una profunda transformación en la manera en que se canalizan y reportan los recursos. Mientras que en campañas anteriores el gasto predominaba en espacios públicos y medios tradicionales, ahora el grueso de la inversión se ha desplazado a redes sociales y plataformas digitales, donde la trazabilidad es, a todas luces, limitada.
“Garantizar el acceso a la información financiera y la rendición de cuentas es clave para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir irregularidades”, manifestó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, al exhibir los hallazgos del informe, que entregó datos relevantes: entre ellos que 42 cuentas activas en plataformas como Facebook e Instagram hicieron inversiones en anuncios; aunque en plataformas como TikTok y YouTube la información no es pública.
Vacíos legales y operativos comprometen la equidad
La situación, de acuerdo con el artículo en mención, reveló un escenario con vacíos normativos y operativos. El control institucional recae en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que por mandato constitucional debe supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales; y pese a que su vigilancia es permanente, en la práctica solo se activa plenamente una vez se oficializan las candidaturas, como al parecer ocurrió en la contienda del 2022.
“El CNE puede iniciar acciones de monitoreo de oficio, cuando considera que existe un riesgo o irregularidad que amerita verificación, o por queja ciudadana, cuando alguien pone en conocimiento hechos que podrían constituir violaciones a las normas”, afirmó la MOE. Aunque marco restrictivo dejaría sin la posibilidad de hacer inspección en una gran parte de la etapa preelectoral, según indicó Alejandro Sánchez, coordinador de la misión.
“Los candidatos y los partidos tienen la obligación de hacer un reporte a Cuentas Claras, que es un aplicativo. Eso lo establece una resolución del Consejo Nacional Electoral y hay al menos otra resolución relevante, que exige auditoría interna y externa”. Pero el sistema funciona plenamente solo cuando los candidatos ya están inscritos, lo que crea una ventana de opacidad financiera en los meses previos", remarcó el veedor a El País sobre este impedimento.
Plataformas digitales: campo de juego sin reglas claras
El dominio de las plataformas en la precampaña da ventajas para los que cuentan con recursos y deja a las autoridades sin herramientas de control. Frente a esto, la MOE identificó tres vacíos: los comités de grupos de ciudadanos pueden promocionar precandidatos sin someterse a los mismos controles; el CNE solo interviene después de la inscripción; y la incapacidad de rastrear propaganda digital en plataformas sin bibliotecas de anuncios públicas.
“En aquellas plataformas que carecen de bibliotecas públicas no es posible verificar de forma independiente los montos invertidos, los ordenantes del gasto, la segmentación y el alcance”, advirtió el informe citado por el medio, lo que a juicio de reconocidos académicos, como Luis Ojeda, profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Cali, “la cancha está desbalanceada y está favoreciendo a aquellos candidatos que van por recolección de firmas.
De acuerdo con El País, el propio CNE reconoció las debilidades del sistema. “Vacíos hay muchos: no existen sistemas interoperables que permitan hacer seguimiento a los gastos de campaña. Entidades como la Uiaf y la Dian no comparten información; no hay comunicación entre Cuentas Claras y bases de datos como Secop y Sigep que permitan detectar aportes prohibidos”, admitió una fuente a este medio.
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