Denuncian que más menores de edad murieron en combates: hacen fuerte llamado a Petro por el costo de la guerra

La mañana del sábado 15 de noviembre se conoció una noticia trágica que conmocionó a Colombia y es que Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo confirmaron que siete menores de edad murieron durante un bombardeo militar realizado en el departamento del Guaviare, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, los menores fueron reclutados forzosamente por grupos armados ilegales.

Este bombardeo fue parte de una serie de ataques aéreos que el presidente Gustavo Petro reactivó, después de haber suspendido esta estrategia durante los primeros años de su Gobierno. La reanudación de los ataques aéreos provocaron controversia, ya que varios expertos y defensores de derechos humanos señalaron que estos ataques ponen en riesgo a la población civil, incluidos los menores.

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Pero la cosa no quedó allí, debido a que el 17 de noviembre, Iris Marín hizo un nuevo llamado de atención al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras recibir informes de otros menores que murieron en combates en diferentes partes del país.

“Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos. Pido al presidente @petrogustavo y al @mindefensa @PedroSanchezCol suspender los bombardeos y evaluar”, escribió Marín en su cuenta de X.

Iris Marín denunció por medio de un video que al menos una adolescente mujer murió en el bombardeo realizado en Arauca la semana pasada, mientras que en el ataque en Puerto Santander, Amazonas, ocurrido el 1 de octubre, murieron cuatro adolescentes, una mujer y tres hombres. La defensora destacó que, independientemente de si estos jóvenes estaban involucrados en actividades de combate, la operación viola principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, como los de humanidad y necesidad militar.

“Es previsible que los bombardeos sigan afectando a menores de edad si no se toman medidas adicionales para evitarlo”, advirtió la defensora, al hacer un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que suspenda las operaciones aéreas dirigidas a objetivos que puedan involucrar a menores reclutados por grupos armados ilegales.

Marín también instó a los grupos armados ilegales, en particular a las disidencias de las Farc, bajo el mando de “Iván Mordisco”, a liberar inmediatamente a los menores reclutados y suspender esta práctica: “Cada menor que muere en estos bombardeos tiene una historia desgarradora”.

La defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de evaluar caso por caso las acciones militares para garantizar el respeto y la protección de los derechos de los niños y adolescentes en medio del conflicto armado.

La muerte de menores de edad en combate abrió el debate sobre las estrategias de seguridad adoptadas por el presidente Gustavo Petro; en un principio, el mandatario había suspendido los bombardeos en 2022 —cuando llegó a la Presidencia de la República—, pero en 2025 retomó estas operaciones militares contra las estructuras de los grupos ilegales, debido a las fallidas mesas de diálogo con estas organizaciones criminales.

No obstante, esto provocó críticas por parte de defensores de derechos humanos y expertos en Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que muchos aseguran que estas medidas violan los derechos de los civiles, especialmente de los menores, y que la reactivación de los ataques aéreos podría tener consecuencias graves para la población civil.

Aunque las autoridades aún están en proceso de verificar la información sobre los nuevos casos de menores muertos, los reportes fueron confirmados por varias organizaciones locales que trabajan en las zonas más afectadas por el conflicto. Se teme que la cifra de víctimas continúe aumentando, ya que los enfrentamientos siguen siendo intensos en regiones como el Cauca, Putumayo y Chocó.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia expresó su preocupación tras confirmarse la muerte de los siete niños en Guaviare, víctimas de un bombardeo militar realizado en la región en contra del frente de “Iván Mordisco”. Según los informes de la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, los menores, tres niños y cuatro niñas, fueron reclutados por un grupo armado ilegal y se encontraban en el campamento cuando ocurrió el ataque.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en X, la ONU condenó el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, al reiterar que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años no deben ser utilizados en el conflicto armado: “Exigimos la libertad, sanos y salvos, de todos los menores en las filas de grupos armados no estatales”.

Asimismo, la ONU recordó que tanto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional prohíben explícitamente el reclutamiento de menores y consideran este acto un crimen de guerra: “El reclutamiento de niñas y niños pone en grave riesgo a la niñez y los expone a condiciones inhumanas”.

A lo largo de su hilo, la ONU instó al Estado colombiano a fortalecer los esfuerzos para prevenir el reclutamiento de menores y a garantizar su protección, en especial frente a los grupos armados ilegales. Además, pidió a las Fuerzas Militares que tomen las precauciones necesarias en sus operaciones para evitar que más niños sean víctimas de los combates.

Por último, la organización expresó sus condolencias a las familias de los menores fallecidos, extendiendo su apoyo y solidaridad a las víctimas de esta tragedia.