Consejera de la Universidad Nacional continúa bajo cuestionamiento por su participación política

La participación política de María Alejandra Rojas Ordóñez, consejera del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional y delegada del Gobierno, ha generado cuestionamientos sobre la compatibilidad entre su cargo académico y su candidatura electoral para las elecciones de 2026. Su militancia en el Pacto Histórico y su aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá han sido objeto de debate dentro de la comunidad universitaria.

En noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro nombró a Rojas como delegada del Gobierno ante el CSU, el máximo órgano de decisión de la Universidad Nacional, encargado, entre otras funciones, de la elección de rectores. Tres años después, Rojas participa en la política partidista como militante del Pacto Histórico, lo que ha generado cuestionamientos sobre la “dualidad” de su rol.

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Rojas estuvo incluida en el tarjetón de la consulta interna del Pacto Histórico para definir el orden de los candidatos el pasado 26 de octubre, realizó campaña y actualmente es candidata mientras sigue ejerciendo como delegada del presidente Petro ante el CSU.

De acuerdo con El Colombiano, algunos profesores de la Universidad, como Camilo Younes y Diego Torres (representante profesoral ante el CSU), han señalado que Rojas ha recibido pagos de la institución, incluido el tiempo de campaña.

Según un derecho de petición contestado por la Universidad, en sus tres años como integrante del CSU Rojas recibió más de $37 millones por concepto de honorarios por su participación en ese órgano, además de $3,4 millones por apoyos económicos y de transporte para viajes a sedes en Palmira, La Paz, Medellín, Manizales (abril de 2025) y Amazonía (mayo de 2025).

Rojas explicó sobre estos pagos al medio ya mencionado y aclaró que “no es un trato preferencial hacia mí en este momento ni lo ha sido antes para otras personas. Entendería la crítica si eso fuera así o un derroche de recursos públicos, pero no es el caso. Esos pagos ha sido por el trabajo riguroso, que trasciende las sesiones (del CSU) y lo que se hace en la comunidad universitaria”.

Sobre su situación en la consulta interna del Pacto Histórico, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) afirmó en sus redes sociales el pasado 10 de octubre que “estaría violando el Código General Disciplinario” por su condición de candidata al Congreso y delegada presidencial en la universidad y porque “ejerce funciones públicas en el CSU y la Procuraduría ha sido enfática en prohibir este tipo de actuaciones”.

La senadora agregó que Rojas “estaría desconociendo la prohibición de participar en política” que aplica para los particulares que ejercen funciones públicas y solicitó al Ministerio Público abrir una investigación en su contra.

Un concepto de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública advierte que los miembros de los CSU, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos, por lo que Rojas no estaría inhabilitada para ser candidata.

No obstante, la directiva 013 de 2025, firmada por el procurador Gregorio Eljach, establece recomendaciones sobre participación política y prohibiciones para las elecciones legislativas y presidenciales. Entre estas, se indica que quienes ejerzan funciones públicas deben abstenerse de:

• “Utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas”
• “Difundir propaganda electoral o realizar manifestaciones a favor o en contra de partidos a través de cualquier medio”
• “Intervenir en controversias de tipo político”.

Sobre la compatibilidad de sus roles, Rojas le declaró a El Colombiano que “He sido muy respetuosa y por eso trato de no vincular las responsabilidades y funciones que asumo en el CSU con otros escenarios de participación. No utilizo mi rol para nada distinto a lo que me corresponde, no he utilizado recursos públicos o espacios institucionales para nada que no sean mis funciones”.

Consultada sobre su presencia en eventos relacionados con figuras del Pacto Histórico, precisó que “asistí como parte de la comunidad universitaria, pero no hice proselitismo político y no lo he hecho en los espacios de la universidad. No se puede sacar de contexto un escenario en particular que se estaba desarrollando con una persona reconocida por su defensa de los derechos humanos desde hace muchos años”.

El caso de Rojas ha generado preocupación entre algunos miembros de la Universidad Nacional, quienes advierten, según los medios, sobre posibles conflictos de interés y sobre la conveniencia de mantener los espacios académicos alejados de la política partidista. La discusión sobre la ética y la participación política dentro de instituciones de educación superior continúa abierta.