En la tarde del 15 de noviembre de 2025 se dio a conocer un avance en la lucha contra la violencia de género en Antioquia, cuando José Miguel Álvarez, incluido en el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres, se entregó voluntariamente a las autoridades en Necoclí, en la región del Urabá.
La aparición de Álvarez en la lista de presuntos agresores, elaborada por la Gobernación de Antioquia, lo situaba entre los principales objetivos de captura dentro de una estrategia oficial que busca visibilizar y combatir los delitos sexuales en el departamento.
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Álvarez figuraba en un cartel divulgado a través de redes sociales, que expone los rostros de 18 personas señaladas por delitos como feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar.
En el caso de este criminal, las autoridades lo requerían específicamente por actos sexuales con una menor de 14 años, lo que lo convertía en una prioridad para las fuerzas de seguridad regionales.
La entrega de Álvarez se produjo en el contexto de una campaña intensificada desde octubre de 2025 por parte de la Gobernación de Antioquia. Esta estrategia combina la publicación pública de los presuntos agresores con incentivos económicos y una mayor presencia policial.
Las autoridades han ofrecido recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes aporten información que conduzca a la captura de los individuos incluidos en el cartel.
Además, se han desplegado patrullas púrpuras, unidades policiales especializadas en motocicleta, en distintos municipios, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la respuesta ante casos de violencia de género.
El impacto de estas acciones se ha reflejado en resultados concretos. A comienzos de noviembre, Fredy Gil Hernández, otro de los señalados en el cartel, fue capturado en San Rafael tras una denuncia ciudadana.
Estos avances han sido destacados por el gobernador Andrés Julián Rendón como evidencia de que la presión social y la colaboración de la ciudadanía son factores determinantes en la localización y entrega de los presuntos agresores.
Según la administración departamental, la campaña de visibilización ha logrado no solo reducir el margen de maniobra de los fugitivos, sino también motivar a víctimas y testigos a presentar denuncias.
En paralelo, las autoridades han fortalecido los mecanismos de apoyo y denuncia para quienes han sufrido o presenciado estos delitos. La estrategia contempla líneas telefónicas habilitadas para recibir información confidencial, facilitando así la identificación y captura de los implicados restantes en el cartel.
Este enfoque integral busca garantizar que tanto las víctimas como los testigos cuenten con canales seguros y efectivos para contribuir al proceso judicial.
La reciente entrega de Álvarez y las capturas previas envían un mensaje claro: la exposición pública y la colaboración ciudadana están acortando el camino hacia la justicia para quienes han cometido delitos contra niñas y mujeres en Antioquia.
La estrategia de visibilización, impulsada por la Gobernación, refuerza la idea de que quienes intentan evadir la ley no encontrarán refugio indefinido ante la determinación de la sociedad y las autoridades.
La violencia de género, uno de los delitos más comunes en el territorio nacional
Y es que, en Colombia, la violencia de género sigue siendo un grave problema: solo hasta el 8 de junio de 2024, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reportó 66.621 casos de violencia de género, de los cuales el 75,6% fueron contra mujeres.
Entre estos casos hay 13.973 denuncias de violencia sexual contra mujeres, además de 5.594 de violencia psicológica y 5.569 por diferentes formas de abandono o negligencia.
Las cifras también muestran una concentración geográfica: Bogotá, Antioquia y Cundinamarca lideran los reportes, y la mayoría de los casos ocurren en estratos socioeconómicos bajos.
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