Se cumple un año de la intervención del Gobierno a Air-e: los problemas económicos persisten y habría riesgo de colapso energético en la Costa

La intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios (Superservicios) en Air-e, la empresa encargada de distribuir energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha superado el año sin lograr resolver los problemas estructurales que afectan a más de 1,3 millones de usuarios en la región Caribe.

Aunque la medida permitió una reducción en las tarifas de energía, la situación financiera de la compañía se ha deteriorado y persiste la preocupación de que el caso repita el fracaso de Electricaribe, con consecuencias que podrían extenderse a todo el sector energético colombiano, según un reciente informe publicado por la revista Cambio.

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El origen de la crisis energética en la región Caribe se remonta a décadas atrás, cuando los siete departamentos de la zona comenzaron a enfrentar altos niveles de pobreza energética.

Según el Índice Multidimensional de Pieza Energética (IMPE), el 44% de la población en esta región vive en condiciones de pobreza energética, y solo en los tres departamentos donde opera Air-e, 1,3 millones de personas se encuentran en esta situación.

Factores como el elevado consumo de electricidad debido a las altas temperaturas y el desgaste acelerado de las redes por la corrosión del agua salada han agravado el problema.

A finales de los años 90 se creó Electricaribe, una empresa privada que agrupó a las electrificadoras departamentales, pero la solución no llegó. Electricaribe acumuló deudas y deficiencias hasta su intervención en 2017 y posterior división en 2020, que dio origen a Air-e y Afinia. Sin embargo, los problemas persistieron y, en septiembre de 2024, Air-e solicitó la intervención estatal debido a deudas superiores a COP 1,8 billones.

El proceso de intervención de la Superservicios en Air-e comenzó el 12 de septiembre de 2024, con el objetivo de recuperar la empresa, resolver sus problemas financieros y mejorar la calidad del servicio.

El entonces superintendente Dagoberto Quiroga Collazos designó como agente interventor a Carlos Arturo Diago y prometió un cambio estructural para evitar repetir los errores del pasado.

Desde entonces, la empresa ha experimentado una sucesión de tres superintendentes y cuatro agentes interventores, sin que se aclare su situación financiera ni se defina un rumbo claro para su futuro. Entre las primeras acciones, la Superservicios suspendió el cobro de la opción tarifaria para los usuarios, buscando aliviar el costo de las facturas.

En enero de 2025, bajo la dirección de Yanod Márquez y con Edwin Palma como agente interventor, se estableció la toma de posesión con fines liquidatorios y una etapa de administración temporal para garantizar la continuidad del servicio.

A lo largo del año, la entidad implementó medidas como la solicitud a las generadoras de energía para que suministraran electricidad a Air-e bajo el principio de solidaridad, y la integración de programas como Colombia Solar, orientados a dotar de paneles solares a usuarios de bajos recursos.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación calificó como insuficiente el informe presentado por la Superservicios, señalando la falta de claridad en los datos financieros y en el seguimiento a la empresa.

En agosto de 2025, la Superservicios destacó la continuidad del servicio y la reducción de tarifas como logros de la intervención. Según la entidad, la tarifa del kilovatio hora bajó de 1.072 pesos en agosto de 2024 a 796 pesos en octubre de 2025, lo que representa una disminución del 25%. Además, se reforzó la contratación directa de energía y se redujo la exposición de la empresa al mercado mayorista.

Representantes del sector energético han expresado dudas sobre la sostenibilidad de estos avances. Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), reconoció la reducción de tarifas, pero advirtió que la baja en el precio de la energía en bolsa también influyó en este resultado.

Sánchez cuestionó la gestión de la Superservicios, señalando que la deuda de Air-e ha aumentado y que no se han realizado inversiones necesarias para garantizar la estabilidad a largo plazo.

“Esto no es buena gestión, porque por el contrario se ha aumentado la deuda y no se han hecho inversiones y eso no será sostenible en el tiempo. Se va a repetir un Electricaribe”, afirmó en declaraciones recogidas por Cambio.

Las críticas del sector se centran en la falta de transparencia sobre la situación financiera de Air-e y en el riesgo de que la empresa se convierta en un problema sistémico para el sector energético nacional.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostuvo que la Superservicios no ha cumplido con su responsabilidad de garantizar el funcionamiento normal de la empresa en el mercado.

Según Castañeda, al momento de la intervención, Air-e debía cerca de 700.000 millones al sector eléctrico, cifra que habría aumentado en 1,6 billones tras catorce meses de intervención. Camilo Sánchez, de Andesco, agregó que las deudas actuales de Air-e con otros agentes del sector superan los 2,3 billones, mientras que la Comisión Accidental de Seguimiento estima que podrían alcanzar los 3,6 billones, aunque no existe un cálculo oficial.

Ante este panorama, el Gobierno evalúa alternativas para evitar el colapso de Air-e. El ministro Edwin Palma descartó la posibilidad de devolver la empresa a sus antiguos dueños y planteó la opción de que la gestión pase a manos de Gecelca, una empresa estatal de generación y comercialización de energía eléctrica y gas natural.

Además, se estudian mecanismos para integrar programas de energías renovables y priorizar recursos del presupuesto nacional, con el fin de mitigar el impacto de la crisis en la región y en el sistema eléctrico del país. Sin embargo, persisten las dudas sobre la viabilidad de estas soluciones y sobre la capacidad del Estado para garantizar la sostenibilidad de la empresa.

Mientras la Superservicios insiste en que su prioridad es asegurar la prestación continua y de calidad del servicio, voces del sector advierten que, si no se toman medidas estructurales y se aclara la situación financiera de Air-e, la empresa podría convertirse en una carga insostenible para el sistema eléctrico colombiano, con repercusiones que irían más allá de la región Caribe.