La controversia en torno al ministro del Interior, Armando Benedetti, se intensificó tras la presentación de acciones disciplinarias y penales contra la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, al que se acusa de abuso de autoridad, empleo ilegal de la Fuerza Pública y prevaricato.
El abogado David Benavides, representante legal de Benedetti, formalizó estas denuncias luego de que un grupo de fuerzas especiales de la Policía adelantara un allanamiento en la exclusiva urbanización Lagos de Caujaral, ubicada entre Barranquilla y Puerto Colombia, donde reside el titular de la cartera desde hace poco más de dos meses.
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El procedimiento judicial, que incluyó la presencia de fuerzas especiales, generó una reacción airada de Benedetti, que dirigió insultos a la magistrada Lombana, calificándola de “loca, delincuente e hija de p...”. Aunque posteriormente se retractó de estos calificativos, la Corte Suprema rechazó de manera unánime sus expresiones.
Benedetti, no obstante, anunció su intención de acudir a instancias internacionales para denunciar lo que considera una extralimitación de funciones por parte de la magistrada, argumentando que Lombana no es su juez natural.
El expediente 327, que investiga a Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito, fue transferido hace meses al despacho del magistrado César Reyes, después de que el ministro recusara a Lombana por supuesta persecución en su contra. A pesar de este cambio, la reciente diligencia de allanamiento forma parte de una nueva indagación sobre el flujo de dinero y capitales que habría manejado desde su rol como jefe de debate en la campaña Petro Presidente 2022-2026.
Una fuente consultada por El Tiempo afirmó: “El predio hace parte de un rastreo sobre el flujo de dinero y capitales que el ministro ha venido moviendo desde que fungió como jefe de debate de la campaña Petro Presidente 2022-2026, a pesar de que le dijo a la Corte que estaba prácticamente quebrado”.
Durante una diligencia ante el alto tribunal, Benedetti declaró: “Yo me quedé en el peor de los mundos: tengo casa, pero no tengo casa; tengo apartamento, pero no tengo apartamento; tengo deuda, pero no la tengo, y estoy completamente en la quiebra”, en referencia a un préstamo superior a $2.500.000.000 que le habría otorgado el contratista Euclides Torres. En ese periodo, Benedetti residía en otra lujosa vivienda en Puerto Colombia.
Paralelamente, el abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia del gobierno Santos y fundador del Instituto Anticorrupción, presentó una denuncia penal por otro presunto movimiento de dinero realizado por Benedetti durante la campaña presidencial. El nuevo caso involucra el apartamento 801 del edificio-hotel 80/10 Urban Living, situado en el barrio El Chicó, al norte de Bogotá. Enciso aseguró al medio citado que el ahora ministro residió en ese apartamento desde enero de 2022 hasta el 11 de febrero de 2023, con algunas interrupciones, y que en el lugar y un salón anexo se celebraron varios eventos de campaña.
Según Enciso, los pagos por el uso del apartamento y otros servicios se realizaron en efectivo, y algunos fueron cubiertos por Carlos Alberto Dada Barguil, excuñado de Benedetti y acompañante en compromisos oficiales. El togado aportó facturas que, entre enero de 2022 y febrero de 2023, documentan gastos adicionales en alimentos, bebidas, alquiler de salas de juntas y arrendamiento de otros apartamentos en el mismo edificio, incluyendo los apartamentos 302, 402, 601, 702 y 902.
“Todos estos pagos también fueron hechos en efectivo. Y en esos inmuebles, Benedetti desarrolló encuentros con personas vinculadas con la campaña, incluyendo a Ricardo Roa Barragán (gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol) y otros miembros del staff”, detalló.
Un antiguo colaborador de la campaña confirmó al medio citado que Benedetti residió en el 80/10 Urban Living y que allí se realizaron varias reuniones de campaña con la presencia del entonces candidato Gustavo Petro. La misma fuente, actualmente en el Gobierno, explicó: “El apartamento en Bogotá de Altos del Retiro y el predio de Puerto Colombia entraron a extinción de dominio por orden de la magistrada Lombana, y el doctor Benedetti se pasó al 80/10 porque no tenía acceso a sus propiedades”.
Y añadió que en ese lugar se celebraron encuentros clave de la campaña, como los de Rodolfo Hernández y Mauricio Lizcano, y que el staff, junto a Ricardo Roa, utilizaba el espacio, incluso para la grabación de algunos de los denominados “petrovideos”. Según la fuente, “Eso era una especie de sede alterna y era de público conocimiento. Eso lo pagaba el doctor Benedetti”.
Enciso sostiene que los gastos asociados al 80/10 Urban Living no fueron reportados en los formularios de ingresos y gastos de campaña, y subraya: “El origen de los recursos usados por Benedetti para su pago es desconocido. Para esas fechas él tenía deudas por 857 millones de pesos”.
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