Las señales recientes en las cuentas públicas muestran un escenario menos sombrío del que se proyectaba a mitad de año, pero el alivio sigue siendo parcial. Aunque algunos indicadores comienzan a moverse a favor, el corazón del déficit continúa presionado por un gasto que no cede y por ingresos que avanzan con dificultad.
Uno de los elementos que explica el viraje en las proyecciones es la caída en el pago de intereses de la deuda pública. Según el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, este rubro cerraría 2025 entre 3,2% y 3,8% del PIB, muy por debajo del 4,7% previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp). La corrección, que para algunos analistas podría incluso ajustar el déficit total por debajo del -7,1% estimado por el Gobierno, no responde a un ajuste del gasto, sino a factores externos y a maniobras financieras puntuales.
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La Lupa Fiscal del Banco de Bogotá detalló que la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que promedia cerca de $3.962, frente a una proyección oficial de $4.335, redujo en 0,2% del PIB el costo de los intereses de deuda externa. A este efecto se sumaron las operaciones del Ministerio de Hacienda, entre ellas las Operaciones de Manejo de Deuda (OMD) y el Total Return Swap (TRS), que aportaron un ahorro adicional de 0,5% del PIB o más.
Sin embargo, este avance técnico contrasta con un problema de fondo, el gasto primario sigue creciendo. A agosto, el déficit sin incluir intereses se ubicó en -2,4% del PIB, y proyecciones del Banco de Bogotá advierten que podría cerrar el año alrededor de -3,4%, un nivel similar al registrado en los episodios más agudos de las últimas décadas, como la crisis de los noventa o la pandemia.
La estrategia de deuda del Gobierno está centrada en tres frentes, según destacó un informe del Banco Itaú, aumentar la liquidez del Tesoro, reducir el costo de la deuda y diversificar monedas. La creación de un portafolio de reserva estratégica permitió ampliar la caja y, además, facilitar la recompra de TES para reducir la prima de riesgo. Estas operaciones generaron un ahorro contable de $11 billones y un ahorro real de aproximadamente $1,3 billones en intereses. En paralelo, el país regresó al mercado europeo con una emisión en euros, un paso que amplía las alternativas de financiación, aunque también modifica la curva de rendimientos en pesos, que sumó entre 30 y 160 puntos básicos.
No obstante, los ingresos del Gobierno no acompañan la misma inercia. En el segundo trimestre, los ingresos totales llegaron a 8,7% del PIB, una proporción ligeramente menor a la del año anterior. Para el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, los tributarios brutos también quedaron cortos, 0,52 puntos porcentuales por debajo de la meta del periodo. Esto, pese a medidas de la Dian como el incremento de las autorretenciones o el IVA a las importaciones de combustibles, que lograron contener parcialmente la caída del recaudo. El problema es que las devoluciones a empresas también aumentaron, reduciendo la caja neta del Estado.
El panorama hacia final de año tampoco mejora demasiado. El Banco de Bogotá proyecta un faltante acumulado de $6,1 billones en el recaudo hasta octubre y calcula que el hueco total podría ubicarse entre $8 billones y $10 billones, lo que complica el cumplimiento de los objetivos trazados en el Mfmp.
En materia de gasto, la ejecución presupuestal tomó velocidad. A octubre, las obligaciones sin deuda alcanzaron el 66,1%, un nivel superior al del año pasado y muy cercano a la mediana histórica. Pero el Observatorio Fiscal advierte que esta rapidez expone la rigidez del gasto público, mientras las obligaciones de funcionamiento acumulan 40,5%, la inversión apenas llega al 24,2%. Según cálculos del Banco de Bogotá, esto podría llevar a que el gasto primario supere en $10 billones lo proyectado inicialmente.
A la presión interna se sumó una advertencia reciente de la Contraloría General. El 7 de noviembre, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, se comprometieron $6,1 billones en convenios y contratos interadministrativos. El monto representa el 68% de todo lo contratado en la primera semana del mes y equivale a casi tres veces el promedio mensual entre enero y agosto. Para el ente de control, se trata de un pico atípico que deberá revisarse con detalle.
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