La madrugada del martes en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, Guaviare, marcó un nuevo episodio en el conflicto armado colombiano.
Un bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro contra un campamento de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, dejó un saldo de 20 personas muertas. La operación, ejecutada por la fuerza pública, ha generado controversia por la posible presencia de menores de edad entre los fallecidos.
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La preparación de la ofensiva requirió semanas de trabajo coordinado entre distintas ramas de la fuerza pública. Más de 40 hombres tácticos del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) se ubicaron a solo 300 metros del campamento, mientras equipos de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la unidad contra el terrorismo Grate mantenían vigilancia.
Infiltrados dentro de los anillos de seguridad de los cabecillas suministraron información clave, lo que permitió a los mandos militares identificar el momento exacto en que la cúpula del bloque Amazonas de las disidencias se encontraba reunida en la zona selvática de Guaviare.
De acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por Semana, el objetivo de la cumbre criminal era reorganizar el bloque Amazonas y fortalecer el frente 39, bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.
Entre los líderes presentes se encontraban alias Pescado, jefe del frente 39; alias Jimmy Parra, jefe del frente 44; alias Gerson, segundo al mando de la estructura 19; y alias Pardo, segundo cabecilla de la estructura Armando Villa. La reunión respondía a la necesidad de repotenciar las fuerzas tras la muerte y captura de varios cabecillas en 2024, y a la urgencia de enfrentar a las estructuras rivales lideradas por alias Calarcá.
Según una fuente de inteligencia consultada por Semana, “al ver debilitadas sus estructuras, Mordisco le ordenó a Pescado que se fuera de Arauca para el Meta a reconfigurar el bloque Amazonas”.
La ejecución del bombardeo se decidió tras la confirmación, por parte de los infiltrados, de la presencia de los principales cabecillas en el campamento. La opción de una acción directa fue descartada debido a la presencia de entre 80 y 120 hombres armados, lo que habría puesto en riesgo el éxito de la operación.
Finalmente, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea llevaron a cabo el ataque, que resultó en la muerte de 20 personas pertenecientes a los esquemas de seguridad de los líderes disidentes.
Hasta el cierre de la edición, las autoridades no habían confirmado si entre los fallecidos se encontraban los cabecillas principales, ya que se investiga si la cúpula logró escapar tras recibir información sobre la inminente operación, según detalló Semana.
La acción militar ha generado una fuerte polémica por la posible muerte de menores de edad en el bombardeo. Las Fuerzas Militares informaron sobre la recuperación de tres niños y sostuvieron que todos los fallecidos eran “objetivos legítimos”, es decir, personas uniformadas y bajo órdenes, sin importar la edad.
La Fiscalía se encuentra en proceso de verificar cuántos de los 20 cuerpos corresponden a menores. Por su parte, las disidencias de Iván Mordisco aseguraron que en el ataque murieron nueve menores de edad y anunciaron que próximamente presentarán pruebas al respecto. “Sí hay menores de edad en los dos bombardeos; en total, suman nueve. Pronto haremos públicas las evidencias”, comunicó el grupo ilegal, según recogió el medio mencionado.
El contexto de la operación se enmarca en una escalada de enfrentamientos internos entre las disidencias de las Farc. La muerte de alias Gaby, con 11 años de trayectoria criminal, y la captura de alias Robledo, ambos del frente 39, debilitaron la estructura de Mordisco y precipitaron la reorganización del bloque Amazonas.
La guerra interna con las estructuras de alias Calarcá, que agrupan a los frentes Marco Aurelio Buendía, Jhon Linares e Isaías Carvajal, ha intensificado la violencia en la región.
La información obtenida en operativos previos, incluidos dispositivos electrónicos incautados, permitió a los investigadores mapear los movimientos de los cabecillas y planificar la ofensiva, según detalló Semana.
Las reacciones oficiales no se han hecho esperar. El presidente Gustavo Petro asumió públicamente la responsabilidad por los daños colaterales del bombardeo, en lo que muchos interpretan como un reconocimiento de la posible presencia de menores entre las víctimas.
El procurador Gregorio Eljach defendió la legalidad de la acción bajo el Derecho Internacional Humanitario, argumentando que “cuando se trata, previo el principio de prevención, que existan menores de edad que están alzados en armas, que son delincuentes, que son criminales, que están del otro lado de la ley, es legítimo y legal actuar contra esos grupos”, según declaraciones recogidas por Semana. Mientras tanto, la Fiscalía y Medicina Legal continúan con la identificación de los cuerpos y la verificación de las edades de los fallecidos.
En medio de un ambiente de hermetismo y versiones encontradas, la falta de información oficial sobre la identidad y edad de las víctimas mantiene la tensión y anticipa la posibilidad de un escándalo de grandes proporciones en el país.
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