El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó un llamado de alerta sobre la zona binacional establecida entre Colombia y Venezuela, en el marco de los acuerdos firmados durante el Gobierno de Gustavo Petro. Durante el conversatorio ‘Reflexiones sobre el país’, Uribe afirmó que antes de discutir la permanencia de tropas colombianas en ese territorio compartido, el país debe reconocer y atender los problemas internos derivados del consumo de drogas y del microtráfico.
Según Uribe, “muchos jóvenes colombianos hoy no tienen más oportunidad que emplearse a distribuir droga y ganarse 10, 12 millones de pesos al mes para cumplir esa tarea destructora”. A juicio del expresidente, la situación refleja la falta de una política efectiva contra el narcotráfico y la ausencia de voluntad política para enfrentarlo.
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Además, calificó al régimen de Nicolás Maduro como “un cómplice, un creador, un patrocinador de carteles de la droga”, señalando que esta relación convierte a la administración venezolana en un objetivo militar legítimo.
Uribe refutó el planteamiento de Petro de enviar soldados colombianos a la zona binacional, señalando que podría exponer a las tropas a riesgos estratégicos y militares, incluyendo la posibilidad de convertirse en objetivo de las fuerzas estadounidenses debido a la relación de Maduro con grupos de narcotráfico: “¿Y quiere el Gobierno Petro enviar soldados colombianos a la zona binacional? Su pretexto es defender a Maduro“.
En este sentido, sostuvo que “una de las primeras decisiones que debería tomar un nuevo gobierno de Colombia es eliminar, derogar la participación de Colombia en la famosa zona binacional con la tiranía de Maduro”.
Acuerdos binacionales y alcance de la cooperación
La primera zona binacional fue creada el 17 de julio de 2025, cuando el Gobierno de Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro firmaron un memorando de entendimiento en Caracas para establecer un marco de cooperación con vigencia de cinco años. El documento establece que la zona comprende los estados venezolanos de Táchira y Zulia, junto al departamento de Norte de Santander. No obstante, el Gobierno Petro ha indicado que otras provincias, como La Guajira y Cesar, podrían sumarse a la iniciativa.
El memorando plantea que ambos países trabajen de manera conjunta en proyectos relacionados con cultura, educación, salud, comercio y otros bienes designados, y contempla la creación de comisiones técnicas y reuniones periódicas. Asimismo, permite la posibilidad de recibir apoyo financiero de organismos internacionales. Sin embargo, el alcance real de los acuerdos está condicionado por la disponibilidad presupuestaria de cada país y la voluntad política de los gobiernos regionales, y no genera obligaciones jurídicas internacionales.
Por otro lado, en agosto de 2025, Colombia y Venezuela firmaron un segundo memorando para crear otra zona económica compartida en los departamentos colombianos de Vichada y Guainía y en el estado Amazonas, del lado venezolano de la frontera. Este acuerdo busca coordinar acciones en áreas como cultura, educación, salud, comercio, deporte y turismo, siguiendo un modelo similar al de la primera zona del Catatumbo.
El memorando resalta los vínculos históricos y culturales de las poblaciones fronterizas y prevé acciones en campos sensibles como campañas de salud, alfabetización, fomento al comercio y ecoturismo. Sin embargo, la ejecución de los proyectos depende de los recursos disponibles y la coordinación de los gobiernos regionales, lo que limita la certeza sobre su implementación efectiva.
Cabe mencionar que la Corte Constitucional ya admitió para su estudio una demanda presentada contra el memorando suscrito en julio entre ambos acuerdos. El alto tribunal decretó pruebas entre las que se encuentran documentos oficiales de los ministerios mencionados relacionados con la firma, implementación y seguimiento del memorando de entendimiento, así como informes sobre posibles compromisos y obligaciones del Estado colombiano frente al acuerdo binacional.
Además, se pide evidencia sobre la participación de autoridades en la coordinación de actividades dentro de la zona económica especial, informes sobre la cooperación bilateral para seguridad fronteriza y cualquier documento que permita determinar el alcance jurídico y financiero del acuerdo. La práctica de estas pruebas tiene como objetivo que la Corte pueda contar con información completa y verificable para decidir sobre la legalidad del memorando y sobre la posible suspensión de sus efectos mientras se revisa la demanda.
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