
La controversia por un presunto montaje judicial que involucraría a reconocidos abogados y figuras políticas volvió a encenderse tras la denuncia presentada por Ximena Bustamante, expareja del penalista Miguel Ángel del Río, que lo acusa de orquestar un complot contra el abogado Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Las graves afirmaciones —que incluyen la supuesta participación de Manuel Castañeda, alias el Narcochofer, y referencias a presuntas pruebas que comprometerían a los abogados— provocaron respuestas inmediatas de los señalados, que niegan rotundamente cualquier plan irregular.
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En entrevista con W Radio, Iván Cancino, abogado de Diego Cadena, defendió la inocencia de su cliente y aseguró que el foco de la investigación debe centrarse en Manuel Castañeda, a que calificó como “un señor peligrosísimo […] capaz de hacer cualquier cosa”.
Para Cancino, Castañeda ha estado involucrado en maniobras irregulares y enfrenta procesos judiciales en Colombia y en el exterior. “Ese señor Narcochofer sí se ha prestado muchas veces para maniobras que están al lado incorrecto de la ley y muchas veces rayando el Código Penal”, advirtió.

El penalista también aseguró que Castañeda suele involucrar a “cantantes, abogados y políticos” en situaciones que luego acomoda a su favor, y resaltó que su interés en estos episodios siempre ha sido personal. Según él, el llamado Narcochofer incluso ha intentado manipular a la Fiscalía y enredar procesos judiciales con información cuestionable.
La denuncia de Bustamante también menciona una supuesta cercanía entre Del Río y la fiscal general Luz Adriana Camargo, insinuando que esto garantizaría impunidad para el abogado.
Sin embargo, Cancino salió al paso de esa versión. Destacó el trabajo discreto de la fiscal general y aseguró no tener indicios de que Del Río tenga influencia sobre ella. “Es una fiscal silenciosa, que no prejuzga públicamente”, afirmó.
Por su parte, Miguel Ángel del Río calificó la denuncia como “una infamia” y aseguró que se trata del ataque más difícil que ha enfrentado. Reveló al medio W Radio que su relación sentimental con Bustamante terminó a finales de 2022 y que la disolución de una sociedad comercial conjunta derivó en una exigencia de 5.000 millones de pesos por parte de ella, a la que no accedió.

“A partir de ahí empezó una batalla legal”, señaló. Agregó que denunció a su ex pareja ante la Fiscalía por extorsión, aportando como prueba chats en los que Bustamante lo amenazaría con afectar su reputación si no cumplía con sus exigencias económicas, de acuerdo con el medio citado.
Del Río también reconoció que la reunión que aparece en un video divulgado por Semana sí ocurrió en su oficina y que Bustamante participó porque entonces era su socia.
Según su relato, Manuel Castañeda asistió al encuentro para alertarlo de un supuesto entrampamiento orquestado por terceros, información que —dice— ella luego usó en su contra. Aseguró que la motivación de Bustamante es económica y de venganza personal.
Sobre la credibilidad de Castañeda, Del Río admitió que ha cometido errores, pero enfatizó que actualmente colabora con las autoridades bajo un principio de oportunidad. “Está entregando información valiosa para desarticular bandas criminales en diversas instituciones”, afirmó el penalista.
Del Río también negó tajantemente tener amistad o cercanía con la fiscal Camargo o con Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia. Garantizó que sus encuentros con la fiscal han sido únicamente profesionales y relacionados con el caso.

Asimismo, rechazó haber utilizado influencias para favorecer a terceros con contratos o propiedades en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). “Eso es absolutamente falso”, sostuvo.
Finalmente, el abogado señaló que enfrenta múltiples procesos y que la actual denuncia hace parte de una campaña de desprestigio promovida por sectores que considera “enemigos naturales”.
Acusó directamente a Semana de prestarse para amplificar versiones en su contra. “No hay una sola evidencia en ese escrito”, afirmó, y anunció que seguirá defendiendo su nombre ante la justicia.
La denuncia de Bustamante, ahora en manos de la Fiscalía, abre un nuevo capítulo en un caso que mezcla acusaciones cruzadas, disputas personales y figuras centrales del debate político y judicial del país.
Mientras tanto, los abogados involucrados insisten en que no hubo entrampamiento alguno contra Diego Cadena o el expresidente Uribe y exigen que las autoridades esclarezcan las verdaderas motivaciones detrás de las acusaciones.
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