La reciente adquisición estatal del 51% de la Nueva EPS ha sido interpretada por el presidente Gustavo Petro como la culminación de un proceso de endeudamiento que, según sus palabras, se remonta a la creación misma de la entidad.
En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que “el gobierno ya es dueño de la mitad de la deuda de la Nueva EPS y no es en este gobierno, sino desde su fundación”, según publicó Gustavo Petro en X.
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El presidente contextualizó esta situación dentro de lo que describió como pasivos ocultos en la estructura financiera del país.
“Se trata de una de las deudas escondidas como sucedió con el subsidio a la gasolina”, sostuvo el jefe de Estado.
Para el mandatario, la falta de control estatal sobre la entidad, a pesar de que la Nación asumía la mitad de la deuda, fue un factor determinante en la crisis financiera de la EPS.
“Esta propiedad de la mitad de la deuda por parte de la Nación, sin control de la entidad, pues estaba en manos de privados y es lo que llevó al desastre financiero a través del ordeño de los recursos públicos que les transferían, es irreversible”, declaró el presidente.
El mandatario señaló directamente a los antiguos controladores privados de la Nueva EPS, a quienes acusó de haber actuado con pleno conocimiento de las consecuencias para el erario público.
“Los controladores privados de la entidad, allí habían familias políticas muy pero muy conocidas, sabían desde el día número uno de la transformación del Instituto de seguros Sociales en Nueva EPS, que por cada peso que se apropiaran, la mitad de la deuda generada sería de la nación y solo restaría esperar un presidente que nacionalizara la otra mitad de la deuda, como ya piden algunos congresistas y ‘expertos’”, afirmó Petro.
Finalmente, el presidente calificó el proceso como un perjuicio masivo para el país: “Un robo completo al estado y a la salud de los colombianos por decenas de billones de pesos, hecho por poderosísimas familias de Chapinero alto”, denunció el jefe de Estado.
Estas son las implicaciones que tiene la adquisición por parte del Estado de la Nueva EPS
El Gobierno nacional se convirtió en el mayor accionista de Nueva EPS generando inquietud en el sector salud. Ante esta noticia el abogado y especialista en legislación financiera, Emilio Archila se cuestionó sobre si: “¿Puede el control del Estado ser realmente más eficiente, profesional y transparente que el de los privados?”, dijo el jurista en entrevista con El Espectador.
Actualmente, la participación estatal en Nueva EPS es del 49,9985%, mientras que seis cajas de compensación concentran el 50,0015% restante, una diferencia que se traduce en una sola acción de las más de 16,8 millones en circulación.
Uno de los principales efectos de este cambio sería la inyección de capital en una EPS que enfrenta una situación financiera crítica.
“Ese ingreso sería muy bien recibido por una red de más de 3.000 hospitales y clínicas, muchos de ellos públicos, que actualmente contratan servicios con Nueva EPS”, señalaron fuentes consultadas por el medio citado.
No obstante, persisten dudas sobre la capacidad de una capitalización para revertir la crisis, ya que la entidad no cuenta con estados financieros certificados desde 2022.
Expertos advierten que, con el control estatal y una nueva inyección de recursos, la Supersalud podría considerar que la intervención ha concluido. Sin embargo, no está claro qué respaldo legal tendría esa decisión, pues la EPS seguiría sin cumplir los indicadores que motivaron la intervención.
El debate también gira en torno a la posible pérdida de la experiencia de las cajas de compensación y al impacto fiscal de la operación.
“Cada vez que la EPS necesite recursos, el Gobierno tendría que usar dinero público, lo que representa un ‘peso’ sobre el presupuesto del Estado y limita los fondos disponibles”, advirtieron los expertos consultados.
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