La reciente decisión de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, de ordenar un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, sigue siendo tema de polémica en el Ejecutivo.
La diligencia, ejecutada con la colaboración de la fuerza pública, fue señalada por el propio Benedetti y su pareja, Adelina Cobo, de presentar irregularidades y supuestas extralimitaciones frente a sus hijos menores.
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En su último pronunciamiento al respecto, Benedetti indicó: “Pésele a quien le pesare, hoy soy víctima del abuso y la extralimitación de Cristina Lombana, de ultraderecha. No encontraron nada en el allanamiento, soy inocente, he dado la cara a la Corte Suprema, y todos los tonticos que son de derecha no han presentado ni una sola prueba de un negocio de enriquecimiento ilícito (...)“.
Frente a esta polémica, Lombana defendió su actuación mediante una carta dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que detalló el respaldo operativo recibido y rechazó las acusaciones de abuso en el procedimiento.
En la misiva, la magistrada subrayó que ella misma lideró tanto la planeación como la ejecución de la diligencia, y que el allanamiento se realizó “con fundamento en el artículo 293 de la Ley 600 de 2000”, en el desarrollo de una investigación formal contra contra el hoy ministro del Interior, según consta en la comunicación remitida a Sánchez.
“En relación con las manifestaciones que se han publicitado en medios de comunicación, quiero aclararle al señor Ministro de la Defensa que personalmente dirigí el planeamiento y ejecución de la diligencia de allanamiento (...)”, indica la carta dirigida a Sánchez.
Lombana enfatizó que dispuso el acompañamiento de unidades de diferentes especialidades policiales, incluyendo Dijín, Sijín y Goes, equipos cuyos integrantes desconocían la naturaleza de la misión hasta el momento mismo de su ejecución. De esta manera, la magistrada agradeció abiertamente el respaldo recibido por parte del Ministerio de Defensa.
“Quiero agradecerle el acompañamiento que la fuerza pública prestó a las diligencias judiciales que se adelantaron en el marco de las competencias que le asigna a esta Magistratura los artículos 114, 142 y 312 de la Ley 600 de 2000“, se lee expresamente en el documento.
Además, en respuesta indirecta a los señalamientos lanzados por Benedetti y Cobo sobre supuestas extralimitaciones ante sus hijos, Lombana aclaró que todo el procedimiento contó con la presencia de personal policial femenino y masculino, así como de miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia, que, conforme afirma la magistrada en el oficio, “guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole” y cumplieron estrictamente las instrucciones impartidas.
¿Por qué allanaron la casa de Armando Benedetti?
El allanamiento se realizó en el desarrollo de una investigación que busca esclarecer su presunta participación en una red político-empresarial orientada a favorecer a la firma Simetric S.A., dedicada a certificar la aptitud psicofísica de vigilantes privados.
Según el auto de apertura de instrucción formal emitido el 6 de junio de 2024, la magistrada Cristina Lombana sostiene que Benedetti, cuando era senador, habría impulsado la Ley 1539 con el objetivo de beneficiar económicamente al empresario Euclides Torres, propietario de la compañía.
El documento judicial detalló que, a cambio de gestiones legislativas, Torres habría otorgado a Benedetti un préstamo superior a $3.600 millones para la compra de una vivienda en Puerto Colombia (Atlántico), sin que existan garantías ni soportes de pago que respalden la operación. Esta transacción, junto con otros movimientos económicos y vínculos políticos identificados por la Policía Judicial y registros financieros, habría motivado a la Corte Suprema a considerar la diligencia judicial como una medida para recolectar pruebas en la investigación.
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