Una queja disciplinaria contra la representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro Rodríguez, fue radicada ante la Procuraduría por presunto conflicto de interés en la discusión de la ‘Ley de la Noche’, que busca regular la actividad nocturna en la ciudad.
La Red de Defensa Ciudadana, sostiene que la parlamentaria habría participado en escenarios de deliberación legislativa sobre bares y discotecas, pese a figurar, según la queja, como principal accionista del Before Club en la localidad de Chapinero.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En el documento presentado ante la Procuraduría se asegura que: “El vínculo patrimonial de la congresista con el sector regulado, su participación activa en las deliberaciones preparatorias y la incidencia directa que las normas en discusión pueden tener sobre su propio establecimiento permiten concluir que concurren de manera completa los tres elementos que determinan el conflicto de interés legislativo: interés particular, beneficio actual e incidencia directa”.
El texto de la queja cita los artículos 182 y 209 de la Constitución Política y el artículo 56 de la Ley 1952 de 2019, donde se califica como falta gravísima no declararse impedido cuando exista una obligación de hacerlo por posibles conflictos de interés.
Contexto de la ‘Ley de la Noche’ y situación del Before Club
La denominada ‘Ley de la Noche’ aún no ha sido oficialmente presentada en el Congreso, aunque se han realizado mesas técnicas orientadas a definir criterios para funcionamiento, seguridad y formalización del sector del entretenimiento nocturno. Este sector ha buscado su recuperación económica tras el impacto sufrido durante la pandemia de COVID-19.
El Before Club tomó relevancia en la agenda pública debido al caso del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien murió tras ser agredido por un grupo de personas disfrazadas luego de salir de la discoteca, el 31 de octubre. El incidente derivó en capturas y en una investigación penal, mientras que las autoridades distritales ordenaron la clausura temporal del club por tres días, tras inspecciones en materia sanitaria y de funcionamiento.
Solicitud de pruebas y argumentos de la denuncia
La queja solicita que la Procuraduría indague si la representante incumplió la obligación de declararse impedida para intervenir en la preparación de la regulación, de acuerdo con la Ley 1952 de 2019. El denunciante considera que existen “dudas razonables sobre la transparencia” de la congresista y señala versiones contradictorias sobre la titularidad y administración del Before Club, así como sobre su participación en las discusiones técnicas.
El documento recoge que el 5 de noviembre la representante reconoció públicamente ser propietaria del 100% del club, aunque actualmente no lo administra. Posteriormente, en una comunicación publicada en redes sociales, sostuvo que el club es operado por una persona jurídica de la cual es única accionista, y que la sociedad está registrada en la Cámara de Comercio. Según la queja, este hecho no la desvincula del probable conflicto de intereses porque mantiene control y posible beneficio directo por la aprobación o modificación de regulaciones al sector.
Para sustentar los hechos, la Red de Defensa Ciudadana pidió que se recojan:
- Certificaciones de la Cámara de Representantes que den cuenta de cualquier declaración de impedimento o ausencia de ella.
- Copias de actas, videos y registros de mesas técnicas, audiencias y reuniones relacionadas con la iniciativa legal.
- Certificaciones relativas a la titularidad y representación de Before Club o sociedades ligadas al sector nocturno en la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Documentos de la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Chapinero vinculados a licencias, inspecciones o sanciones al establecimiento que relacionen a María del Mar Pizarro o sus sociedades.
Se solicita además que, de comprobarse la falta disciplinaria, se imponga sanción de destitución e inhabilidad general, según lo establece la Ley 1952 de 2019.
Respuesta y posición de María del Mar Pizarro
María del Mar Pizarro afirmó públicamente que no existe conflicto de interés, alegando que la ley aún no ha sido radicada y que su sociedad comercial no tiene contratos con el Estado ni actúa como propietaria de un establecimiento, por lo que descarta incompatibilidad con sus deberes parlamentarios. La representante manifestó que solo participó en mesas técnicas que no dieron inicio formal al trámite legislativo del proyecto conocido como ‘Ley de la Noche’ y reiteró su voluntad de no firmar ni votar la propuesta en caso de que pueda beneficiarla de manera directa.
Actualmente, la Procuraduría General de la Nación estudia la admisión de la queja e iniciará los trámites pertinentes según sus prioridades internas y la documentación presentada por las partes. El desarrollo de la investigación dependerá de los actos procesales que adelante el órgano de control disciplinario.
Más Noticias
El Influencer que recreó el gol del futbolista colombiano Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”
Un joven actor y modelo, conocido como ‘11able’, recreó de manera fiel el reciente gol del delantero colombiano, porque “desafió las leyes de la física”
Arrendatarios pueden ser desalojados aunque paguen puntualmente el arriendo, según la ley
La normativa colombiana establece que los arrendatarios pueden ser desalojados incluso si pagan mensualmente su canon
Cuánto cuesta la cuota inicial de un apartamento de 150 millones en Colombia
Comprar vivienda en Colombia requiere planificación financiera. Para un apartamento de 150 millones de pesos, el valor de la cuota inicial puede variar según el tipo de inmueble y el sistema de financiación elegido
Colpensiones anuncia fecha de pago de la mesada 13 y confirma quiénes recibirán el giro extra de diciembre
El beneficio aplica para quienes cuentan con pensión reconocida dentro del régimen público
Mineducación pide investigar hechos violentos en universidades y alerta sobre “paramilitarismo”
El ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó la creación de un puesto de mando unificado para indagar los recientes actos violentos en universidades públicas, alertando sobre el riesgo de que resurjan prácticas de “paramilitarismo”
