La inmovilización de vehículos en Colombia se encuentra en el centro del debate legislativo, luego de que la Comisión Sexta del Senado de la República incluyera en su agenda un proyecto de ley que propone transformar de fondo el procedimiento vigente.
La iniciativa legislativa surge en respuesta a las constantes denuncias de ciudadanos sobre cobros indebidos, demoras excesivas y falta de transparencia en los procesos vinculados con patios y grúas a nivel nacional, motivando un esfuerzo para garantizar mayor equidad y claridad en la gestión del tránsito automotor.
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El proyecto, presentado por el senador Alejandro Vega Pérez, miembro del Partido Liberal, y sustentado con ponencia favorable de Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, senador del partido En Marcha, propone modificaciones sustanciales al Código Nacional de Tránsito Terrestre. La reforma tiene como objetivo central mejorar el servicio de traslado a patios de inmovilización, optimizar la gestión de parqueaderos autorizados y proteger los derechos de los conductores y propietarios de vehículos durante el proceso de inmovilización.
Uno de los cambios más relevantes planteados en el articulado es la regla denominada “el conductor presente, salva el carro de la grúa”. Bajo esta disposición, si un vehículo es sorprendido mal parqueado pero el conductor o responsable se encuentra presente en el lugar –o llega antes de que la grúa inicie el retiro–, la autoridad de tránsito deberá limitarse a imponer el comparendo y ordenar la movilización inmediata del automotor, excluyendo su traslado a los patios.
Además, si el automotor ya estaba enganchado o cargado en la grúa, pero el conductor logra hacerse presente antes de que se lleve, no se podrá cobrar suma alguna por maniobras de intento de remolque, eliminando así uno de los cargos más controvertidos para los usuarios.
Otra modificación de impacto es la creación de la figura legal denominada “retención preventiva en el sitio”. Este mecanismo permite a la autoridad de tránsito retener en el lugar, por hasta 120 minutos, cualquier vehículo involucrado en una infracción que normalmente supondría la inmovilización –por ejemplo, por falta de Seguro Obligatorio (soat) o ausencia de revisión técnico-mecánica actualizada–. Durante esta ventana de tiempo, el propietario o conductor tendrá la posibilidad de subsanar la causa de la inmovilización, evitando el traslado a los patios y los gastos que esto implica.
El proyecto también aborda el manejo de automotores abandonados, autorizando a las autoridades a declarar en abandono administrativo y posteriormente vender aquellos vehículos que permanezcan inmovilizados por más de un año sin ser reclamados ni pagadas las multas correspondientes. El producto de la venta servirá para saldar las deudas con la administración, mientras que cualquier saldo a favor será entregado al propietario original. Este mecanismo busca aliviar el hacinamiento en los patios de inmovilización y dinamizar los trámites de disposición final de estos bienes.
Además, el proyecto de ley introduce medidas para proteger los derechos de los propietarios y mejorar la transparencia: el ingreso y la salida de los vehículos inmovilizados deberá estar acompañado de un inventario detallado del estado y pertenencias del automotor; cualquier diferencia, daño o pérdida deberá ser compensado en un plazo máximo de dos meses, con la obligación para patios y operadores de pagar intereses en caso de incumplimiento. Se exige también la existencia de un inventario público y actualizado de los vehículos en patios, accesible a la ciudadanía mediante los canales oficiales de cada alcaldía o gobernación.
De acuerdo con lo previsto en el texto presentado por Vega, los procedimientos administrativos se simplifican: la entrega del vehículo debe garantizarse el mismo día de la inmovilización o al día siguiente si ocurre después de las 5:00 p. m., se eliminan trabas y documentación excesiva, y los pagos de multas, grúas y parqueo se realizarán en un solo acto y sin recargos mediante plataformas electrónicas o diversas entidades financieras, prohibiéndose la existencia de una única ventanilla de pago.
Finalmente, el proyecto determina que el monto por parqueo solo podrá cobrarse por el periodo efectivo entre la imposición y el pago de la multa, incluso si existe un acuerdo de pago, para frenar cobros que no correspondan al tiempo real de inmovilización. El proyecto de ley avanza ya en la Comisión Sexta del Senado, a la espera de su primer debate, y marca el inicio de una posible transformación para miles de conductores y propietarios que, hasta ahora, han visto en la inmovilización un proceso poco claro y costoso.
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