Qué ha pasado con el maltrato animal en Colombia con la aplicación de la Ley Ángel: denuncias que no cesan y animales que continúan desprotegidos

El maltrato animal en Colombia ha encendido la indignación de miles de ciudadanos, quienes ven cómo estos hechos se difunden con rapidez a través de redes sociales y conversaciones cotidianas.

Las imágenes y videos de agresiones se multiplican y generan un ambiente de repudio generalizado.

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El episodio registrado en Montecristo, en el sur de Bolívar, expuso con crudeza esta problemática cuando un video mostró a Fernando Alonso Oviedo Sánchez golpeando a un perro llamado Bizcocho en condiciones de abandono.

La difusión del caso provocó una reacción inmediata de la opinión pública y motivó a las autoridades a ofrecer una recompensa de cincuenta millones de pesos para dar con el agresor.

Oviedo Sánchez decidió entregarse a la Policía Nacional en Yarumal (Antioquia), presentando al animal afectado y afirmando que era el mismo que aparecía en el video. La presión social acompañó cada paso de la investigación.

Un informe forense realizado al perro por la Universidad Remington fue clave para el desarrollo del caso. Sin embargo, un tecnicismo judicial permitió la libertad de Oviedo Sánchez, lo que generó inconformidad entre quienes esperaban una sanción ejemplar.

El resultado del proceso añadió frustración en sectores que exigen mayor rigor en las sanciones por maltrato animal.

Otro hecho similar ocurrió en Bucaramanga, donde Alexander Parra Carrillo fue grabado mientras asfixiaba a Michyn, un gato de seis años, hasta causarle la muerte.

Tras admitir su responsabilidad, Parra Carrillo fue condenado a dos años de prisión y al pago de una multa económica. Sin embargo, tiempo después quedó en libertad bajo un preacuerdo con la Fiscalía General de Nación, mientras se define la condena contra el procesado, pero que reforzó la percepción de impunidad por parte de la ciudadanía.

Para este tipo de casos, se contemplaba la Ley 1774 de 2016, la cual marcó un cambio profundo en la protección de los derechos de los animales, al establecer que no son objetos, sino seres capaces de experimentar dolor y sufrimiento.

No obstante, en el Congreso de la República se promovió una nueva propuesta denominada Ley Ángel, una normativa que fue aprobada en el Congreso en febrero de 2025, y posteriormente sancionada en abril del mismo año.

Dicha ley fortalece el marco de protección animal y endurece las penas previstas en el Código Penal colombiano, entre 48 y 98 meses para casos de maltrato animal con agravantes, así como multas entre 30 y 60 salarios mínimos mensuales vigentes.

Sin embargo, la libertad de los dos sujetos ha dejado dudas en la aplicación de esta normativa por parte de la sociedad colombiana.

En este sentido, Infobae Colombia consultó con la senadora Andrea Padilla, autora de la iniciativa sancionada por el presidente Gustavo Petro, en la que, aunque resalta el compromiso ciudadano para denunciar casos de maltrato animal, también genera sensaciones negativas ante las falencias en la aplicación de la normativa.

Para la senadora animalista de Alianza Verde, pese a que es gratificante que la ciudadanía ha acogido con beneplácito la Ley Ángel, siguen apareciendo casos en los que, según la congresista, no hay respuesta institucional al respecto.

“La gente está viendo que hay una norma que respalda su indignación, está viendo que la institucionalidad se está activando y eso motiva la denuncia. Pero el sabor amargo radica en la fragilidad de la misma institucionalidad. Ver que todavía hay inspectores de policía que son renuentes a operar la ley. Ver que todavía hay policías que no entienden que ellos tienen la facultad para hacer la aprehensión material preventiva. Alcaldes absolutamente indiferentes, ignorantes de la norma, y la falta de capacitación de los operadores de justicia, que son los jueces y fiscales”, explicó Andrea Padilla en diálogo con Infobae Colombia.

Además, la autora de la normativa aseveró la falta de difusión de la misma por parte de la Defensoría del Pueblo. “No hemos tenido respaldo de la Defensoría del Pueblo, que tiene una oficina de divulgación legislativa, pese a que le pedimos ayuda para hacer la difusión. La escasa difusión que ha tenido la ley ha sido a través de redes sociales, medios de comunicación y la que hemos hecho con mi UTL y fundaciones”, sostuvo.

De otro lado, la abogada especialista Juliana Franco, consultada por Infobae Colombia, la figura del preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación ha generado que varios procesados por maltrato animal puedan obtener beneficios, entre ellos, que queden en libertad.

La jurista declaró que esta figura se utilizó en el caso de Michyn en Bucaramanga. “La figura del preacuerdo y el principio de oportunidad son dos figuras que trae el sistema penal acusatorio colombiano, que funcionan para todos los delitos (...) en este caso, el abogado defensor solicitó un preacuerdo y en ello, el imputado quedó libre, porque no se puede ejercer oposición frente a algo que ya garantiza el código, y eso no hace parte de Ley Ángel. Lo que estaríamos analizando es mirar que ese preacuerdo no vulnere derechos fundamentales de las víctimas”, explicó.

A su vez, sostuvo que un aspecto clave que espera sea objeto de análisis en la próxima legislatura del Congreso y que sea adoptada en la normativa contra el maltrato animal son los casos por desaparición.

“En este momento no tenemos en la norma algo que nos cobije la desaparición de los animales. Un ejemplo, alguien entra a tu residencia y se lleva tu perro, ahí habría un hurto. Pero si tú no encuentras el perro ni el cuerpo, hablamos de desaparición. Y es algo que todavía tenemos vacío en la norma, porque no está ni en el Código Penal, ni está en la Ley Ángel. La desaparición de los animales es algo que todavía no está regulada en ninguna normatividad”, recalcó.

Así mismo, Andrea Padilla recalcó que la Ley Ángel, como otras normativas en Colombia, requieren de un tiempo establecido para su implementación, pero señaló que es necesario impulsar una reforma al sistema penal colombiano para que no se repitan casos como los mencionados anteriormente.

“La ley Ángel, como cualquier ley que tenga temas punitivos, se inserta dentro de un sistema penal, dentro de un sistema de justicia que existe en nuestro país y que tiene, en este caso, la figura del preacuerdo y la figura del principio de oportunidad y, pues la ley Ángel no escapa a esas figuras del sistema penal. Entonces, lo que se requiere es que haya una reforma del sistema penal, y lamentablemente no se hizo en este gobierno″, aseveró.

De acuerdo con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, con corte a octubre de 2025, nueve personas han sido condenadas en Colombia bajo la Ley Ángel.

Así mismo, la entidad recalcó que Bogotá y Bucaramanga son la ciudad que ha tenido mayor recaudo por cobras de multas por maltrato animal, con 200 millones de pesos en un mes.

En este sentido, la abogada Juliana Franco manifestó en diálogo con Infobae Colombia que, más allá de los casos excepcionales de libertad de presuntos maltratadores, la Ley Ángel se ha convertido en un referente para la región.

“Nosotros como país nunca nos imaginamos tener a una persona privada de la libertad por un delito como Ley Ángel. Nunca nos imaginamos que el movimiento de educación en protección animal iba a ser tan grande que un gobernador iba a ofrecer una recompensa de cincuenta millones por quien diera información sobre un caso de maltrato animal. Esto solo se veía con las personas y en un caso extremo. Pero esto nos indica que la ley ha tenido tanta fuerza que la conciencia, tanto de los políticos como de los ciudadanos, ha ido en crecimiento”, manifestó.

Por último, la senadora Andrea Padilla agregó que, aunque la normativa está cobijado bajo un principio de seguridad jurídica, la cual no permite modificar las disposiciones de las leyes en corto tiempo, mantendrá vigilancia frente a los procesos judiciales que se desarrollen en el país.

“Nosotros vamos a estar muy pendientes haciendo el monitoreo de la ley Ángel, porque sí cabe un análisis de política criminal, un análisis criminológico para ver cómo se está moviendo el delito en nuestra sociedad (...) ya en la próxima legislatura, la idea es poderlo proponer si es que efectivamente es pertinente”, concluyó la congresista.