
Hombres, mujeres y niños y niñas murieron el 13 de noviembre de 1985 en Armero (Tolima) como consecuencia de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que provocó una inmensa avalancha que sepultó al municipio y todo rastro de él. Se estima que 22.942 personas murieron esa noche, según la base de datos Desinventar, lo que constituye una de las más grandes tragedias de Colombia, pues fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX.
Este desastre natural no llegó de sorpresa. El volcán completaba 69 años de inactividad, pero hubo indicios y advertencias de que podría presentarse una erupción más pronto que tarde y que la vida de los lugareños podría estar en riesgo. De acuerdo con la Gobernación del Tolima, las primeras alertas por actividad del volcán se dieron a conocer en septiembre de 1985, pero, al parecer, no se tomaron medidas para proteger a la población.
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Armero está ubicado a 50 kilómetros del volcán, aproximadamente; de ahí el nivel de devastación que dejaron la erupción y la avalancha. Escombros y lodo se deslizaron por las tierras del municipio a 60 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso y matando a miles de habitantes.

“Esta es una tragedia que se pudo evitar. Hubo llamados de atención, hubo previsiones, hubo funcionarios, el alcalde de Armero de la época por ejemplo, quien clamó en muchas ocasiones y casi gritó el riesgo que se cernía sobre esta población, como consecuencia inicialmente de un represamiento del río lagunilla”, explicó el senador Guido Echeverry, que lideró un homenaje a las víctimas de la catástrofe en la corporación.
El municipio quedó devastado en cuestión de minutos: más de 5.000 viviendas quedaron completamente destruidas, miles de personas quedaron damnificadas y 15.000 sobrevivientes resultaron gravemente heridos; presentaban fracturas y hasta extremidades amputadas.
La gravedad de lo ocurrido quedó inmortalizado en imágenes que muestran la crudeza del desastre natural que fue advertido:

Junto con Armero, otras poblaciones se vieron seriamente afectadas por lo ocurrido; 1.500 personas murieron en el municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, y 229.154 ciudadanos sufrieron las consecuencias del desastre natural en 13 municipios de Tolima y cuatro de Caldas. Además, hay un estimado de 246 millones de dólares en pérdidas.
Lo que quedó de la tragedia de Armero: años después del desastre
Años después, Armero, el municipio que afrontó la mayor parte de la devastación, está en pie y cuenta con más de 12.000 habitantes, un número reducido teniendo en cuenta que en 1985 había 29.000, aproximadamente, según la Gobernación de Tolima. Ahora, además de ser el hogar de miles de ciudadanos, funciona como un atractivo turístico que se centra, entre otras cosas, en recordar la tragedia y hacer un homenaje a las víctimas.
Entre los espacios clave que tiene el municipio en relación con la devastación que sufrió 40 años antes está la cruz que se erigió en el Campo Santo de Armero, como memorial a las víctimas de Armero y por la visita del papa Juan Pablo II en 1986. “En este lugar se construyó en 2015 una escultura y un memorial con 25.000 piedras que simbolizan las víctimas de la tragedia”, detalla la Gobernación. El lugar se encuentra en ruinas y está abierto al público.
También está la ruina del Templo de la Virgen del Carmen en el antiguo Armero, que fue la segunda iglesia en tamaño e importancia que había en el municipio. Se encuentra ubicada en el Campo Santo de Armero.

Aunado a ello, la atención de los visitantes se centra en el área de ruinas en el Campo Santo de Armero, que comprende 20 manzanas de casas que se mantuvieron en pie durante la avalancha. De esas viviendas solo quedan sus vestigios.
Tras la tragedia, el país se puso en alerta y buscó mejorar la detección temprana de desastres naturales y, por ende, la reacción oportuna de las autoridades competentes. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la erupción del volcán marcó un hito para la implementación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que se creó en 1988 por medio de una ley que fue reglamentada en 1989.
“A la fecha no se contaba con una estructura institucional que se encargara de la prevención y atención de los desastres”, precisó la Ungrd.
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