Un estudio de competitividad alertó que el exceso de normas y la falta de acción están frenando el desarrollo de Colombia

En Colombia se diagnostica mucho y se ejecuta poco. Esa es, en esencia, la advertencia que hizo el Informe Nacional de Competitividad 2025–2026 del Consejo Privado de Competitividad (CPC), un documento que no solo mide la productividad o el desempeño económico, sino que desnuda una falla más profunda, la dificultad del país para pasar de los planes a la acción.

El CPC sostuvo que el problema no es la falta de conocimiento técnico ni de propuestas. Es algo más humano y estructural, el miedo al cambio, la resistencia a perder privilegios y la tendencia a discutirlo todo sin llegar a acuerdos. En palabras del informe, “el país se ha quedado sin pan y sin queso”, atrapado entre dilemas políticos y disputas que impiden avanzar en las reformas de fondo.

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En promedio, Colombia genera 23,8 normas diarias. La cifra, más que un dato curioso, refleja una institucionalidad sobrecargada, que regula y controla más de lo que gestiona. El CPC sostiene que ese exceso de trámites ahoga la innovación y desincentiva la inversión. Su propuesta es clara, pasar de un “Estado licenciante” a uno que evalúe resultados, con menos papeles y más rendición de cuentas.

“El desarrollo no se logra con más reglas, sino con mejores mecanismos de evaluación y seguimiento”, señaló el informe. Esa afirmación conecta con una de las críticas más insistentes del documento, la falta de eficiencia pública. No se trata de crear más entidades, sino de que las existentes cumplan bien sus funciones.

Entre todos los indicadores analizados, el más preocupante es la productividad. La laboral, por ejemplo, apenas equivale al 30% del promedio de los países de la Ocde. En el sector agropecuario, un trabajador colombiano produce la mitad de lo que uno en Brasil y solo un tercio del rendimiento de un chileno.

Para el consejo, este rezago no se explica solo por falta de inversión, sino por un círculo vicioso de baja educación técnica, informalidad y exceso de regulación. “La baja productividad impide un crecimiento sostenible”, advirtió el informe, al tiempo que propuso atacar el problema desde la raíz, mejorar la calidad educativa, modernizar la infraestructura y reducir los costos de formalizar empleo.

En ese punto, el CPC sugirió medidas concretas como cotizaciones parciales a la seguridad social para trabajadores independientes, la reactivación del contrato de aprendizaje y la expansión de la educación dual, con el fin de vincular a los jóvenes con el mercado laboral real.

Solo cuatro de cada diez bachilleres acceden a la educación superior en Colombia. De ellos, casi una cuarta parte abandona antes de graduarse. Y en los programas técnicos y tecnológicos, la deserción supera el 30%.

El informe puso el foco en una desconexión persistente entre la oferta académica y las necesidades del mercado. Por eso, propuso fortalecer las microcredenciales y la formación digital, herramientas más ágiles para capacitar a los jóvenes en habilidades demandadas por el sector productivo. “Reconocer los sesgos y las emociones que dividen al país es el primer paso para construir confianza y transformar los diagnósticos en resultados”, enfatizó el documento.

El sector energético es el espejo más visible de esa tensión entre discurso y acción. En la última década, las reservas de gas se redujeron un 59%, mientras los proyectos de energías renovables avanzan a paso lento. Para el CPC, el dilema entre desarrollo y sostenibilidad es falso, ambos pueden coexistir si hay planeación y decisiones responsables.

En el frente fiscal, la situación tampoco es alentadora. El déficit de 2025 llega al 3,8% del PIB, el nivel más alto en veinte años, en medio de una inversión privada debilitada. El consejo pide simplificar el sistema tributario y eliminar exenciones ineficientes. “La sostenibilidad fiscal no se logra con improvisaciones ni con cargas desbalanceadas, sino con un sistema simple, equitativo y predecible”, señaló.

La justicia, por su parte, sigue siendo un cuello de botella para la competitividad. Entre 2020 y 2024, la violencia organizada creció un 24%, afectando la inversión y la confianza. La digitalización de los procesos judiciales y la coordinación con las fuerzas de seguridad siguen siendo deudas pendientes para fortalecer el Estado de derecho.

El informe también alertó sobre la brecha digital. Solo el 9% de las mipymes colombianas usa tecnologías como el internet de las cosas o el análisis de datos, frente al 27% promedio de la Ocde. La consecuencia es clara: baja productividad y pérdida de oportunidades en cadenas globales de valor. El CPC propone invertir decididamente en conectividad, alfabetización digital y políticas de innovación abierta. Sin esos pilares, dice el informe, la transformación productiva seguirá siendo un eslogan más que una realidad.

El consejo planteó un cambio de mentalidad, dejar atrás los “consensos imposibles” y construir “acuerdos incómodos”, pactos prácticos que permitan avanzar a pesar de las diferencias. “Sin aceptar algunos sacrificios en el proceso de licenciamiento, el desarrollo se dará, solo que al margen de la ley, de la mano de organizaciones criminales, acabando con todos los recursos ambientales y sociales que queríamos proteger en primer lugar”, advirtió el documento.

Al final, el llamado del CPC es tan simple como urgente: Colombia no necesita más diagnósticos, necesita acción. “Decisiones informadas, acuerdos prácticos y visión de largo plazo”, resumió el informe. Porque el verdadero desafío no está en descubrir qué hacer, sino en atreverse a hacerlo.