Tensión en Potrerito: estudiantes quedan en medio de hostigamiento armado a la subestación de Policía en Jamundí

Un hostigamiento armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, provocó una grave situación que afectó directamente a estudiantes y docentes de una institución educativa cercana.

Este episodio se presentó en la tarde del martes 11 de noviembre, cuando el sonido de las ráfagas de fusil interrumpió la cotidianidad en la zona rural del suroccidente del Valle del Cauca.

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Según el reporte inicial de las autoridades, no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales tras el ataque, aunque la tensión se apoderó por varios minutos de la población.

Las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en la región para controlar la situación y evitar nuevos hechos violentos. La administración municipal anunció la activación del plan defensa y el despliegue de operaciones conjuntas del Ejército y la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad local.

Uno de los momentos más alarmantes del hostigamiento tuvo lugar en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, ubicada a poca distancia de la subestación atacada. Estudiantes, docentes y personal administrativo vivieron escenas de pánico al quedar en medio del fuego cruzado.

Testigos informaron que desde el colegio se escuchaban las detonaciones, lo que obligó a quienes se encontraban en el recinto a buscar refugio y permanecer en silencio durante el ataque.

El episodio quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales. En las grabaciones se escucha cómo una de las personas presentes advierte: "Ellos están aquí en el colegio“, mientras otra sugiere apagar las luces para no llamar la atención.

La comunidad educativa descartó la idea de salir del plantel, optando por resguardarse para no ser confundidos con miembros de la fuerza pública. La decisión se sustentó en el miedo a represalias de los atacantes, quienes mantenían la zona bajo incertidumbre y peligro hasta el retorno de la calma.

Desde la Alcaldía de Jamundí se confirmó el hostigamiento y se rechazó el hecho, ya que representó un riesgo para la población civil y, especialmente, para la comunidad educativa cercana a la subestación de Policía. La administración local reiteró que la situación fue controlada y que no hubo personas heridas. Las autoridades mantienen presencia reforzada de la Fuerza Pública, sobrevuelo de la Fuerza Aérea y patrullajes terrestres para impedir que se repitan estos actos violentos.

La Alcaldía realizó un llamado a la calma, solicitando a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales institucionales y colaborar con las autoridades en tareas de prevención. Además, el gobierno municipal expresó que las fuerzas de seguridad continúan trabajando para restablecer el orden y la tranquilidad en el corregimiento de Potrerito y otras zonas rurales donde operan estructuras armadas.

El hostigamiento a la subestación de Potrerito es el más reciente de una serie de incidentes similares registrados en los últimos meses en Jamundí y zonas aledañas. En la mañana del lunes 10 de noviembre también se reportaron enfrentamientos armados en el corregimiento de Robles entre tropas oficiales y presuntos integrantes de disidencias. Asimismo, en semanas anteriores, se documentaron ataques con drones contra la estación de Policía en Robles, así como atentados con cilindros bomba que dañaron al menos 18 viviendas y dejaron nueve personas afectadas.

A pesar del incremento de la violencia, las autoridades insisten en que hasta ahora no se presentan personas heridas entre la población civil ni entre los miembros de la Fuerza Pública como consecuencia directa de estos ataques.

Stuart León, especialista y analista en temas de seguridad advirtió según El Tiempo que la zona rural de Jamundí enfrenta una serie de desafíos por la presencia de grupos armados ilegales, que aprovechan la debilidad institucional para fortalecer sus actividades ilícitas en corredores estratégicos.

Un ejemplo de esta dinámica es el caso de la reciente construcción ilegal de una vía entre corregimientos, ejecutada con recursos obtenidos mediante extorsión a la propia comunidad. Según el analista citado por el medio, la ejecución de proyectos como el Batallón de Alta Montaña en Jamundí representa una apuesta estratégica del Estado para mantener presencia militar permanente y asegurar el control de los corredores ilegales.

Este batallón, que contará con una inversión aproximada de $7.500 millones y un área superior a 13 hectáreas, pretende proteger a las comunidades rurales, aunque se reconoce que la intervención militar debe complementarse con programas sociales y fortalecimiento institucional.