Luis Gilberto Murillo quiere declararle la ‘guerra’ al mercenarismo de colombianos: esta es su propuesta

Si hay una situación que empieza a ser inquietante, y para la cual todavía no hay posiciones claras en el espectro político nacional, es el fenómeno del mercenarismo: que ha situado a Colombia en el centro de un debate internacional, con miles de exmilitares participando en conflictos internacionales fuera de sus fronteras. A cambio de promesas de onerosos salarios, en algunos casos incumplidas, connacionales han dejado sus hogares para pelear guerras que no son suyas.

Las cifras oficiales sobre el número de colombianos que actúan como mercenarios en el extranjero son, a todas luces, difíciles de precisar, ya que esta actividad opera fuera de los canales formales y legales. Lo que sí parecería tener sustento es que es una práctica que va en aumento, incentivada -entre otras- por lo que sería la falta de oportunidades para los que, tras cumplirle a la fuerza pública, no pueden reincorporarse a la sociedad con trabajos estables.

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Según subregistros, se estima que entre 10.000 y 25.000 exmilitares han sido reclutados como mercenarios en distintos escenarios bélicos durante la última década. Los casos más notorios incluyen la presencia de hasta 2.000 colombianos en Sudán, combatiendo junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido en la guerra civil, y un contingente relevante en Ucrania, en donde se han unido a la Legión Internacional de Defensa Territorial para luchar contra la invasión rusa.

Además, se ha reportado la presencia de exuniformados colombianos en Yemen y Libia, contratados por empresas de seguridad privadas con base en los Emiratos Árabes Unidos, así como en México, donde algunos han sido vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. El antecedente del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, en el que participaron exmilitares colombianos, evidenció la existencia de una red global de reclutamiento.

Con este preocupante panorama, el exministro y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo habló con Infobae Colombia de esta situación. Y no ocultó expresar su preocupación por la magnitud del problema y la urgencia de una respuesta estatal, en medio de un escenario político y legislativo que busca frenar la exportación de experiencia militar nacional hacia guerras foráneas, que solo han llevado desolación a centenares de hogares en el territorio nacional.

Murillo, que ocupó la Cancillería hasta enero de 2025, destacó que durante su gestión priorizó la lucha contra la financiación del mercenarismo, al reconocer la complejidad de un fenómeno que involucra tanto servicios de seguridad legítimos como la participación de colombianos en conflictos que no les conciernen; todo por cuestiones económicas, en las que se marchan de Colombia con la esperanza de enviar dinero a sus casas, pero en algunos casos no regresan.

“Hay algunos servicios legítimos, porque Colombia tiene efectivos muy bien entrenados, en parte por la cooperación con Estados Unidos. Pero, hay otros que, con engaños o promesas de obtener recursos significativos en corto tiempo, se involucran en conflictos que nada tienen que ver con nosotros”, afirmó el precandidato a esta redacción, en la que expresó que es un tema al que le ha hecho seguimiento y que haría parte del paquete de propuestas definidas.

El vacío legal en Colombia, desde la óptica del aspirante presidencial, agrava la problemática. El mercenarismo no está tipificado como delito en la legislación nacional, lo que limita la capacidad del Estado para actuar cuando sus ciudadanos enfrentan problemas en el exterior; por lo que frente a este dilema, Murillo reiteró la necesidad de avanzar en la creación de un marco legal que prohíba la financiación de mercenarios para causas, a todas luces, dudosas.

En ese sentido, es válido precisar que el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, ha impulsado con urgencia la ratificación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989. Este proyecto, que ya superó el trámite en el Senado, busca dotar al país de herramientas jurídicas para combatir la actividad y proteger a sus ciudadanos; pese a que existen duras críticas.

Frente a esto, el excanciller reconoció la magnitud del problema y la dificultad de trazar una línea clara entre actividades legítimas y mercenarismo. “Muchos colombianos están alrededor del mundo prestando servicios de esa naturaleza. Hay algunos servicios legítimos, porque Colombia tiene unos efectivos muy bien entrenados, en parte por la gran cooperación que ha tenido con Estados Unidos. Y algunos son llamados y prestan servicio de seguridad", reconoció.

No obstante, hay otros escenarios en los que, como se mencionaba, con engaños o con la promesa de obtener recursos significativos en corto tiempo, llevan a cabo y se involucran en conflictos que nada tienen que ver con ellos.

Frente a este panorama, Murillo propuso en Infobae Colombia una estrategia integral que combine la acción legal con el apoyo social. “Colombia debe tener un esquema de apoyo social, de beneficios, para excombatientes, para miembros retirados de la fuerza pública, que tienen muy buen entrenamiento, que terminan a veces muy jóvenes, pero que no tienen oportunidades en el país”, sostuvo el precandidato, que impulsa su aspiración con el respaldo ciudadano.

Por ello, insistió en la importancia de facilitar la reincorporación digna de los exmilitares a la vida civil, mediante políticas efectivas que aprovechen su formación y eviten que busquen alternativas riesgosas en el extranjero. En su visión, la atención a los retirados de la fuerza pública y la creación de mecanismos que les permitan prestar servicios en el país o en actividades humanitarias organizadas y legales, constituyen sin duda un compromiso central en su agenda.

“Eso será una prioridad en nuestro Gobierno: poder establecer con los retirados un mecanismo que permita que estén en el país, que presten sus servicios, la posibilidad de poder tener mucho de estas personas también formadas en actividades de respuestas humanitarias alrededor del mundo, pero algo organizado, algo legal, algo seguro, ordenado”, concluyó el precandidato, que está enfocado en dar la lucha para garantizar mejores condiciones.

Las consecuencias del mercenarismo trascienden el ámbito legal, y se convierte en una tragedia nacional, con familias de mercenarios desaparecidos o fallecidos que enfrentan enormes dificultades para reclamar a sus seres queridos. A esto se suman las denuncias internacionales por crímenes de guerra y la vinculación de exmilitares colombianos a lo que serían sistemáticas violaciones de derechos humanos, que han la imagen del país frente a otros estados.