La directriz del presidente Gustavo Petro de suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses ha abierto un nuevo frente de debate en materia de política exterior y seguridad nacional.
Según el mandatario, la medida busca rechazar los ataques con misiles contra presuntas lanchas cargadas de droga en el Caribe, que, a su juicio, vulneran los derechos humanos.
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En su anuncio, difundido a través de su cuenta oficial, el presidente señaló: “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses” y agregó en otra publicación de X, que: "Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.
La instrucción fue interpretada por varios sectores como un giro abrupto en la histórica cooperación bilateral que, durante tres décadas, ha permitido la ejecución de operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen transnacional.
Paralelamente, el mandatario anunció el nombramiento de Marcela Tovar como nueva embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Austria, con sede en Viena, afirmando: “Colombia respeta el derecho internacional y lo defiende porque es la única muralla que tenemos como civilización humana contra la barbarie que amenaza tomarse la humanidad entera“.
Riesgos operativos y pérdida de capacidad técnica
El profesor Juan Nicolás Garzón, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explicó a Infobae Colombia que la decisión del presidente Gustavo Petro “es una implicación compleja, profunda y técnica en el ámbito particularmente de la seguridad”, ya que toca directamente las capacidades operativas de las instituciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado.
Según Garzón, “los mecanismos de lucha contra el crimen organizado en todas sus formas, incluyendo por supuesto el tráfico de drogas, el terrorismo y el tráfico de armas, tienen como herramienta central la inteligencia”, este componente es el eje articulador que permite desencadenar acciones efectivas contra estructuras criminales, de modo que su suspensión representa un golpe a la coordinación y alcance de dichas operaciones.
El académico destacó que, aunque las autoridades colombianas cuentan con amplia experiencia en labores de inteligencia, “las capacidades técnicas, tecnológicas y de recursos que tienen las autoridades norteamericanas, son fundamentales para un éxito pleno de las operaciones en contra del crimen organizado”.
En ese sentido, precisó que la cooperación con Estados Unidos ha sido esencial no solo en la obtención de información táctica, sino en la transferencia de tecnología, la formación de personal y el desarrollo de estrategias conjuntas.
Garzón subrayó que interrumpir ese flujo de información y asistencia técnica podría limitar la efectividad de las acciones contra delitos transnacionales, ya que muchas de las operaciones en curso dependen de inteligencia compartida y de los recursos tecnológicos estadounidenses, como sistemas de rastreo satelital, interceptación de comunicaciones y apoyo logístico en el Caribe y el Pacífico.
Frente a las críticas de diversos sectores del país, el presidente Gustavo Petro defendió su postura al afirmar: “Nadie puede poner en duda ni un centímetro la apuesta de Colombia por el respeto de las normas internacionales, incluidas las de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas”.
Según el jefe de Estado, su gobierno busca redefinir la cooperación internacional en materia de inteligencia, bajo un enfoque basado en los derechos humanos y la protección de la vida. Por ello, aclaró que las comunicaciones que se mantengan con otras agencias “serán utilizadas exclusivamente para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y capturas con protección de la vida”.
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