Defensa de Ricardo González denunció discriminación de la Fiscalía hacia el presunto asesino de Jaime Esteban Moreno

La audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González Castro se vio marcada por una denuncia de discriminación que la defensa del acusado presentó ante la juez del caso, señalando a la Fiscalía General de la Nación y a los representantes de las víctimas por presuntos comentarios clasistas durante el proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, que se registró en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

La abogada defensora de González, un joven de 23 años dedicado a la venta ambulante, expuso que su cliente habría sido objeto de cuestionamientos sobre su presencia en la fiesta universitaria en el club nocturno debido a su situación económica.

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Durante la diligencia, la jurista expresó: “Señora juez, duele escucharlo, pero de la Fiscalía, que representa un ente institucional, duele aún más que se generen factores de discriminación por efectos de las condiciones económicas de mi representado”. Según la defensa, los investigadores insinuaron que González no podía haber asistido al evento de Halloween en el Before Club, organizado por estudiantes de la Universidad de los Andes, por su nivel socioeconómico.

La abogada profundizó en su denuncia, afirmando: “Indicaron que mi representado, por ser vendedor de perros calientes en el centro, no podía estar en una fiesta de la Universidad de los Andes. Es un acto evidente de discriminación”. Para sustentar su argumento, presentó el testimonio de María Alejandra Palma, que asistió al evento y declaró que las entradas para la fiesta estaban disponibles para el público general a través de una plataforma digital, y “no exclusivamente para miembros de la comunidad universitaria”.

Mientras la defensa insistía en la existencia de un trato discriminatorio, la Fiscalía General de la Nación mantuvo la acusación contra González por el delito de homicidio agravado doloso, señalándolo como participante activo en la golpiza que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de 20 años.

En paralelo al desarrollo de la audiencia, la familia de la víctima, representada por los abogados Francisco Bernate y Camilo Rincón, solicitaron que el ente acusador vincule formalmente a una tercera persona, Kleidymar Fernández Sulbarán, que, según testigos, habría instigado la agresión.

Durante la audiencia de judicialización de Ricardo González, la delegada fiscal Elsa Cristina Reyes presentó un perfil del acusado que, según el, evidencia la gravedad de su participación en la golpiza mortal y los antecedentes personales que agravan su situación. Uno de los elementos destacados fue el historial de González en relación con el consumo de bebidas alcohólicas.

Según la fiscal Reyes, existen pruebas que demuestran que González ha enfrentado dificultades previas debido a la ingesta de alcohol, lo que incluso le habría ocasionado la pérdida de empleos. La Fiscalía fue enfática al afirmar que se cuenta con “evidencias de que en reiteradas ocasiones se ha mencionado dentro del proceso que ingería licor y que había tenido problemas inclusive en el trabajo por esa ingesta de licor”. Esta información fue presentada como parte de la justificación para solicitar la reclusión intramural del procesado.

En su exposición, la autoridad judicial no solo abordó los antecedentes personales del acusado, sino que reconstruyó de manera detallada la secuencia de la agresión ocurrida la madrugada del 31 de octubre de 2025, en la localidad de Chapinero, Bogotá. Según la delegada judicial, González actuó “en conjunto con Juan Carlos Suárez para atacar al joven estudiante”.

Así las cosas, solicitó a la jueza la imposición de una pena que oscila entre 400 y 600 meses de prisión (es decir, entre treinta y tres y cincuenta años de cárcel), en caso de que González sea hallado culpable.