Contraloría alertó que recursos destinados para el estado de conmoción interior en el Catatumbo han sido insuficientes

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció el martes 11 de noviembre, en una audiencia pública ante la Corte Constitucional ,que los $2,78 billones asignados para atender el estado de conmoción interior en Catatumbo han sido “insuficientes”, tras ejecutarse cerca del 50% de dichos recursos.

Esta intervención se realiza como parte del seguimiento al Auto 1666 de 2025, que permitirá iniciar un “seguimiento permanente, riguroso y transparente a los recursos destinados al Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto y la pobreza estructural en el país”.

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Durante la audiencia, Rodríguez Becerra detalló que, aunque la apropiación vigente asciende a $2,76 billones, solo se ha comprometido el 62,37% de ese monto, con obligaciones por el 25,8% y pagos efectuados del 24,7%.

El reporte indica que, entre enero y octubre de 2025, se firmaron 22.473 contratos relacionados por un valor de $1,94 billones. De estos contratos, solo 55, que representan el 1,27% del total, están directamente ligados a la atención de la conmoción interior y la crisis humanitaria, con una cuantía conjunta de $24.657 millones.

El contralor precisó que “aunque existe ejecución presupuestal significativa, los pagos efectivos aún son bajos frente a los compromisos adquiridos”.

El contralor informó que se viene realizando un seguimiento territorial al Plan Catatumbo en la ciudad de Cúcuta junto a líderes de la región, que advirtieron que el problema principal no radica en la ausencia de un plan, sino en una crisis de ejecución de los recursos.

Rodríguez Becerra reconoció que ha habido avances en educación, inclusión productiva y atención humanitaria, aunque persisten retrasos en infraestructura, vivienda y formalización de tierras, además de una débil articulación entre entidades nacionales y territoriales.

Rodríguez Becerra destacó que “el Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano, pero también una oportunidad para demostrar que la institucionalidad puede actuar de manera articulada, transparente y eficaz”.

Como respuesta, el contralor anunció la creación del Tablero de Control Catatumbo, una herramienta pública y en línea que permitirá la trazabilidad de cada peso invertido en la región y servirá para alertar sobre posibles riesgos de corrupción o ineficiencia.

Esta plataforma hará parte de la estrategia Control Paz Colombia, orientada a fortalecer la vigilancia sobre los recursos de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Rodríguez Becerra señaló: “La paz no se decreta: se construye con inversión responsable, con control social y con transparencia, protegiendo lo que es de todos”.

Además, la Contraloría anunció que instalará una Mesa Permanente de Seguimiento Fiscal para el Catatumbo —con la participación de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y representantes comunitarios—, con el fin de garantizar un control preventivo, simultáneo y participativo en el manejo de los recursos públicos asignados a la región.

Cabe recordar que el 23 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional analizó la legalidad del Decreto 0062 de 2025, expedido por el Gobierno nacional tras la declaratoria de Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar.

La medida buscó responder a la agudización de la crisis en la zona, marcada por enfrentamientos entre grupos armados, desplazamientos masivos, amenazas y una crisis humanitaria, y habilitó una adición presupuestal extraordinaria de $2,768 billones para financiar acciones urgentes en sectores estratégicos con el fin de restablecer la seguridad y atender a la población afectada.

La decisión del tribunal fue mixta. Declaró exequible el artículo que adicionó los ingresos al Presupuesto General de la Nación, siempre que comprendiera únicamente las partidas validadas o condicionadas.

Sobre el artículo de distribución de recursos, decretó la inexequibilidad total para los sectores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Transporte, Interior y Vivienda, Ciudad y Territorio; exequibilidad condicionada para Salud y Protección Social, Inclusión Social e Igualdad y Equidad, advirtiendo que sus giros solo pueden atender la emergencia de la conmoción, no problemas estructurales.

Para Presidencia, Agricultura y Desarrollo Rural y Educación, la exequibilidad se determinó parcial, restringida a medidas expresamente permitidas. Solo el rubro de Defensa obtuvo exequibilidad total, permitiendo fortalecer la presencia de la fuerza pública.