Noviembre de 1985 es considerado como uno de los meses más complejos en la historia de Colombia.
El 6 y 7 de noviembre de 1985 se presentó la Toma al Palacio de Justicia en Bogotá, luego de que guerrilleros del Movimiento 19 de abril, conocido como M-19, se tomaran el recinto judicial como presión al Gobierno colombiano, en cabeza del entonces presidente Belisario Betancur, lo que generó una ofensiva del Ejército Nacional de Colombia.
El resultado de la toma y retoma dejó más de cien muertos, entre magistrados, soldados y combatientes.
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Siete días después, el 13 de noviembre de 1985, mientras el país seguía conmocionado por la violencia ejercida hacia la rama judicial colombiana, se produjo la erupción del Nevado del Ruiz que sorprendió a poblaciones cercanas, entre ellas, el municipio de Armero, en el departamento de Tolima, que dejó un saldo de 25.000 fallecidos.
La magnitud del desastre natural desplazó rápidamente el debate nacional, que hasta entonces se centraba en la crisis institucional y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la operación militar para recuperar la sede judicial tomada por el grupo armado M-19, según información recogida por El País de Cali.
No obstante, la tragedia evidenció la limitada capacidad de respuesta del Gobierno Nacional ante emergencias de gran escala.
De hecho, la atención nacional e internacional se volcó sobre el drama humano de Armero, especialmente tras la difusión de imágenes y videos de Omaira Sánchez, la niña que permaneció atrapada en el lodo durante tres días antes de fallecer.
Para el filósofo e historiador Álvaro Pablo Ortiz, de la Universidad del Rosario, la tragedia de Armero evitó que la crisis del Palacio de Justicia escalara aún más.
“Si no hubiera sucedido lo de Armero, lo de Palacio de Justicia habría sido peor en su momento”, explicó a El País de Cali, añadiendo que la toma al Palacio de Justicia era comparable el posible impacto social con el que vivió el país durante el Bogotazo de 1948, cuando fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán.
Contexto político
El contexto en el que se produjeron ambos hechos era ya de por sí sombrío. Colombia arrastraba el pesimismo generado por la crisis financiera de 1982, la reforma tributaria de 1983 y las fuertes devaluaciones de 1984, tal como lo menciona el portal Colombia.com.
A esto se sumaban la presión del narcotráfico y los atentados que sacudían a Colombia a mediados de los años ochenta. En ese ambiente, la tragedia de Armero no solo incrementó la sensación de desamparo, sino que modificó el foco de la opinión pública y de la clase política.
La discusión sobre la actuación del presidente Belisario Betancur y de las Fuerzas Armadas, que ya se había iniciado tras los asesinatos y desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia, se reavivó con fuerza.
Incluso, el impacto político de la tragedia de Armero fue doble para el exmandatario nacional. Por un lado, el desastre natural desvió la atención del juicio político que apenas comenzaba en su contra, lo que, según analistas citados por El País de Cali, representó una suerte de salvación momentánea para el mandatario conservador.
Así mismo, el Congreso de la época y los partidos políticos cerraron filas en torno al presidente para atender la emergencia y asistir a las víctimas, dejando en suspenso el escrutinio sobre su gestión durante la crisis del Palacio de Justicia.
Por otro lado, ambos sucesos ocurrieron en el último año de su Gobierno, lo que impidió que Betancur recuperara su imagen y le cerró las puertas a una proyección política posterior, al tanto que el Partido Conservador logró recuperar el poder en 1998 con la llegada de Andrés Pastrana.
Contexto jurídico
A pesar de ello, los procesos judiciales y políticos relacionados con el asalto al Palacio de Justicia se iniciaron desde el primer momento, aunque surgieron interrogantes, vacíos y silencios que persisten hasta la fecha.
La desilusión generalizada y la falta de respuestas institucionales llevaron al país a buscar una transformación profunda, que se materializó en la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991. Esta reforma buscó establecer un nuevo acuerdo político y sentar bases más claras para la convivencia nacional.
El desequilibrio político generado por la destrucción del Palacio de Justicia y la desaparición de Armero bajo el lodo dejó una huella profunda en Colombia, que aún espera respuestas y responsabilidades claras de sus dirigentes más de tres décadas después de aquellos acontecimientos.
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