La reciente controversia diplomática entre Colombia y Estados Unidos cobró notoriedad por la aparición de un documento titulado La doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental, que circuló en la Casa Blanca y contiene imágenes del presidente Gustavo Petro y de Nicolás Maduro vestidos con uniformes de prisión estadounidenses.
Este episodio, revelado por la revista Cambio, generó especulaciones sobre una posible expulsión del embajador (e) estadounidense en Colombia, John MacNamara, pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, descartó categóricamente esa posibilidad, según información difundida por Semana que dialogó con el jefe de esa cartera.
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En medio de la tensión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también negó al medio citado que exista una “crisis diplomática”.
Así mismo, el jefe de la cartera del Interior confirmó a través de su cuenta en X que él estuvo presente durante la llamada que el presidente Petro le hizo al embajador de Colombia en Washington y aseguró que no se había tocado el tema de una posible expulsión de McNamara.
“Estuve presente en la llamada telefónicamente, se hizo desde mi teléfono y el presidente @petrogustavo jamás pronunció la palabra expulsión!!!!!!”, escribió Armando Benedetti en su cuenta en X.
El origen de la polémica se remonta a una fotografía tomada en la oficina oval de la Casa Blanca por la fotógrafa Molly Riley, reconocida por su trabajo para Associated Press y Político.
En la imagen aparece James Blair, descrito por el medio como subjefe de Gabinete, director político de la campaña de Donald Trump en 2024 y asesor del Comité Nacional Republicano, sosteniendo una carpeta con el mencionado documento.
En su interior, además de las ilustraciones de Petro y Maduro, se lee un texto que acusa al Gobierno colombiano de haber sido “tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga”.
El documento propone, entre otras medidas, “designar a otros carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, apoyar a los líderes proestadounidenses del hemisferio occidental, establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados, combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses, e iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero”.
El membrete al pie de las hojas lleva el logo del senador republicano Bernie Moreno.
La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. Desde la cumbre de la Celac en Santa Marta, el mandatario rechazó de manera enfática las acusaciones y denunció, según Cambio, que “lo que buscan no es acabar carteles, al contrario, políticos de la extrema derecha colombiana ligados a mafias, han ido a EE. UU. a buscar destruir el gobierno de Colombia, simplemente porque es progresista y no congenia con la gobernanza narcoparamilitar que ha vivido mi país y que he denunciado. Lo que buscan es homogeneizar a América Latina como siervo obediente de un gobierno que no respeta las reglas de la soberanía y la democracia”.
En otra declaración, Petro criticó la supuesta aceptación de estas “fake news” por parte del presidente estadounidense.
“Que el presidente de EE. UU. acepte este tipo de fake news entre sus asesores, demuestra el irrespeto total al pueblo colombiano, su medio siglo de muertes por centenares de miles de mis conciudadanos asesinados por una estrategia antidrogas basada en el control político y militar en el país e ineficaz en la disminución del consumo de cocaína en EE. UU”.
El presidente Petro también abordó las insinuaciones sobre la financiación de su campaña por parte de Venezuela, señalando que su gestión ha sido objeto de auditorías exhaustivas.
Petro declaró: “Creen que financió Venezuela mi campaña, como si fuese un presidente que se deja sobornar, cuando ha sido examinada mi campaña por la misma derecha dominante en la institución electoral durante tres años seguidos y a profundidad. Cuando mi cuenta personal ha sido revisada durante los últimos 30 años demostrando que solo he vivido de mi sueldo. Es hora de gritar en todo el mundo ‘Colombia Libre’”.
En un mensaje posterior, el mandatario advirtió sobre la gravedad de la situación: “Esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos que se intentan establecer está apresar el presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito y cuando he dedicado una década de mi vida parlamentaria y ocho años de mi vida como gobernante, a descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder político tradicional de Colombia, con el narcotráfico”.
Por su parte, el presidente Petro llamó a consultas al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña por medio de un mensaje publicado en su cuenta en X.
“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la casa blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, expresó el jefe de Estado.
La importancia estratégica de la relación bilateral radica en la ubicación geográfica de Colombia, su papel en la exportación de narcóticos y la interacción de intereses en el continente americano.
Las actuales fricciones parecen ser el resultado de tensiones acumuladas a lo largo de los años, exacerbadas por las controversias políticas internas de ambos países. En este contexto, el presidente Petro advirtió que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente bajo el gobierno de Trump, ha generado tensiones internacionales y podría desembocar en “una posible invasión a la República de Venezuela”.
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