Gobierno Petro hará que colombianos paguen más plata por el servicio de gas: demanda se duplicará desde esta fecha

El déficit de gas en Colombia se perfila como un desafío relevante para los próximos años. La calificadora Fitch Ratings proyecta que la brecha entre la oferta y la demanda de este energético se duplicará hacia 2027, al pasar de un 5-7% en 2025 a un 27% en 2027. La situación, impulsada por la caída sostenida de la producción nacional y los retrasos en la entrada de nuevos suministros, tendrá un impacto directo en los usuarios finales, que asumirán el costo de la importación de gas y de los servicios asociados.

La agencia advierte que, de no tomarse medidas, el país podría enfrentar riesgos crecientes de racionamiento y volatilidad en los precios.

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Según la misma, la producción de gas en Colombia alcanzó en mayo de 2025 el nivel más bajo en una década, con 800 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa una contracción del 18,1% respecto a 2024. El descenso incrementó la dependencia de las importaciones y puso presión sobre la infraestructura energética existente. Esto, principalmente, ante la decisión del Gobierno Petro de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Se estima que el déficit nacional de gas ya se sitúa en 1.100 millones de pies cúbicos diarios y prevé que la situación se agrave en los próximos años debido a la demora en la entrada de nuevas fuentes de suministro, en especial, las provenientes del mar Caribe, que solo estarían disponibles a partir de 2030.

Así las cosas, Fitch Ratings resalta que la regulación vigente permite trasladar a los usuarios finales las alzas en el precio de la molécula de gas, así como todos los costos adicionales de transporte y regasificación. “La regulación existente permite trasladar a los usuarios finales las alzas en el precio de la molécula y todos los costos adicionales de transporte y regasificación”, señaló la calificadora en su informe.

Dicho proceso implica que el gas natural licuado importado se convierte a estado gaseoso y se inyecta en los gasoductos, con el consiguiente traslado de los costos a lo largo de toda la cadena hasta llegar a los hogares, comercios e industrias.

A pesar de los incrementos en las tarifas de gas, la agencia destaca que los índices de recaudo de las empresas transportadoras y distribuidoras de gas se mantienen por encima del 90%. Esto se explica por la baja elasticidad de la demanda y la competitividad del gas frente a otras fuentes energéticas, lo que significa que, aunque los precios suban, los usuarios continúan consumiendo este energético. “El aumento en los precios finales no deteriora los índices de recaudo, que permanecen arriba de 90%”, afirma.

No obstante, Fitch Ratings advierte sobre varios riesgos que podrían afectar la estabilidad del sector. Entre ellos, menciona la volatilidad de los precios del gas natural licuado y del tipo de cambio, así como la posibilidad de intervenciones tarifarias. Además, la calificadora señala que los clientes industriales enfrentan una mayor exposición a estos riesgos, ya que la regulación prioriza la demanda esencial —hogares y sector comercial—, lo que deja al sector industrial no regulado más vulnerable a las fluctuaciones del mercado.

“La regulación actual prioriza la demanda esencial, lo que incrementa la vulnerabilidad del rubro industrial no regulado”, advirtió Fitch Ratings.

Para 2026, la calificadora proyecta un desbalance de alrededor de 11% para la demanda esencial y de 50% para el segmento industrial, que representa el 38% de la demanda total de gas en el país. Ante esto, los precios de bolsa podrían superar los USD20 por millón de unidades térmicas británicas (BTU), el doble de los niveles previos, que rondaban los USD10 millones. De igual forma, remarca que la magnitud de estos incrementos dependerá de la capacidad de importación, la elasticidad de la demanda industrial, las condiciones hidrológicas y las eventuales medidas regulatorias que se adopten.

“La magnitud de esto estará condicionada por la disponibilidad para recibir el energético por las importaciones, la elasticidad de la demanda industrial, la hidrología y las medidas regulatorias que se puedan adoptar de manera eventual”, puntualizó la calificadora.

El impacto de estos cambios ya se refleja en los ajustes tarifarios implementados en distintas regiones del país. Fitch Ratings informó que las distribuidoras en Bogotá y Medellín aplicaron incrementos de cerca de 36% y 21%, respectivamente, mientras que en la costa Atlántica el aumento fue del 10%. La calificadora remarcó que estos impactos son diferenciales según la región y que, para 2026, el efecto dependerá de los volúmenes de gas que se logren importar.

En cuanto a la infraestructura, Fitch Ratings identificó limitaciones importantes. En la actualidad, la única alternativa para importar gas es la Sociedad Portuaria El Cayao, filial de Promigas y ubicada en Cartagena, con una capacidad de regasificación de 533 millones de pies cúbicos diarios. Esta cifra resulta insuficiente para cubrir el déficit nacional, que asciende a 1.100 millones de pies cúbicos diarios.

Ante la situación, el Gobierno nacional, por medio de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), priorizó la habilitación de tres nuevos puntos de entrada de gas importado para finales de 2026:

• Buenaventura: 60 millones de pies cúbicos diarios.
• Coveñas: 400 millones, sujeto a la reconversión de un oleoducto a gasoducto.
• Ballena: 260 millones), este último con potencial desarrollo de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá.

Frente al panorama, Fitch Ratings considera fundamental la celebración de contratos de largo plazo que aseguren volúmenes de suministro y reduzcan la incertidumbre sobre la volatilidad de los precios.

La capacidad de las empresas distribuidoras y transportadoras de gas para mantener su estabilidad financiera dependerá de su habilidad para gestionar los riesgos, fortalecer los mecanismos de mitigación y diversificar las fuentes de suministro en un entorno cada vez más incierto.