
La estabilidad del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad) se ha visto gravemente comprometida tras la salida de la gran mayoría de su personal en un periodo inferior a un mes, según una carta enviada por trabajadores y extrabajadores al Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con el documento, conocido por Cambio, más del 90 % de los empleados y contratistas fueron desvinculados desde comienzos de octubre, lo que generó una crisis operativa en los programas sociales bajo su responsabilidad.
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El Fonigualdad, creado por la Ley 2294 de 2023 para gestionar recursos y coordinar proyectos destinados a reducir la desigualdad en Colombia, enfrenta una situación administrativa crítica.
En menos de dos años, la entidad ha tenido seis directores y tres ministros de Igualdad durante el actual Gobierno, una rotación que ha impactado directamente su funcionamiento.
La carta enviada al Viceministerio de Relaciones Laborales detalla que, tras la llegada del director encargado Anderson Camacho Solano el dos de octubre, se iniciaron despidos masivos y la suspensión de contratos, así como la imposición de nuevas vinculaciones a través de la empresa temporal Laborando S.A.S., cuya contratación, según los denunciantes, no habría seguido los procedimientos licitatorios establecidos.

Los trabajadores afirman que los despidos se realizaron de manera abrupta, sin justa causa ni debido proceso, y afectaron a profesionales con más de un año de experiencia continua en la entidad, muchos de los cuales ya estaban vinculados antes de la reciente reestructuración.
El documento precisa que en el último mes salieron treinta y tres personas, entre funcionarios y contratistas, cuyos nombres figuran en la carta remitida a las autoridades.
La denuncia subraya que, además del despido colectivo, se han presentado situaciones de abuso institucional y acoso laboral hacia quienes permanecen en el Fonigualdad. Los empleados reportan reducciones de funciones, cambios arbitrarios en los procesos internos y un ambiente de intimidación que ha provocado estrés, ansiedad e incertidumbre. Según el texto, estas acciones habrían comenzado tras la llegada del nuevo director encargado y se habrían intensificado por instrucciones del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián.

En la comunicación, los denunciantes aseguran: “En menos de un mes se despidió a más del 90% de los contratos de OPS y laborales del Fondo, configurándose un despido colectivo según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990”.
Además, sostienen que “por indicaciones del ministro, Juan Carlos Florián, y del director del Fondo, la fiducia no suscribió los contratos, instruyendo al área de talento humano comunicar la decisión sin ninguna motivación”, a pesar de que varios procesos de contratación estaban en trámite y próximos a ser firmados.
El documento también denuncia la desvinculación de más de siete directivos y dos funcionarios de la Dirección, lo que dejó vacantes cargos clave y, según los trabajadores, violó de manera sistemática el reglamento operativo. Los denunciantes advierten que personal del despacho del ministro habría comenzado a ocupar funciones dentro del Fondo y que “se empezaron a vincular a cerca de más de 50 personas a través de una empresa temporal, que no se encuentra registrada en las bases de datos ni trámites del Fondo”.
La carta cuestiona que estas contrataciones se realicen mediante Laborando S.A.S., lo que, según la denuncia, “incumple las normas laborales, ya que el 80% del personal actual está vinculado por la temporal, desplazando el trabajo de quienes venían ejerciendo esas actividades por más de un año”.
La misiva también señala una supuesta intervención indebida del despacho del ministro Juan Carlos Florián, que, según el texto, habría ordenado el retiro de todo el personal vinculado antes de su llegada, sin considerar su desempeño o experiencia. El documento afirma: “Lo más preocupante es la manera en que desde que llegó la persona Ministra JUAN CARLOS FLORIAN (sic), ha habido una violación directa a lo establecido por la ley y el decreto de conformación del Fondo, dado que se ha intervenido de manera directa en el retiro y vinculación de personal a través de la secretaria general y los asesores de despacho, quienes han indicado en múltiples espacios que todas las personas del Fondo que venían de administraciones anteriores serán desvinculadas de la entidad, independiente de su desempeño laboral y sus calidades humanas”.
El impacto de esta crisis administrativa se agrava por la importancia del Fonigualdad en la estructura del Ministerio de Igualdad y Equidad. En 2024, las transferencias hacia la fiducia del Fondo alcanzaron 1,3 billones de pesos, pero, según una auditoría de la Contraloría, el fondo no ejecutó ni un solo peso el año pasado, por lo que esos recursos quedaron como reserva presupuestal para 2025.

Ante este panorama, los denunciantes solicitan la intervención urgente del Ministerio de Trabajo, pidiendo que visite las instalaciones del Fondo, verifique el cumplimiento de la normatividad laboral y proteja a los trabajadores afectados, garantizando condiciones dignas para quienes enfrentan la crisis.
La carta enfatiza que la situación se agrava por la proximidad del periodo de ley de garantías y recuerda que, aunque el Fonigualdad es de carácter mixto, administra recursos públicos, por lo que cualquier irregularidad en su gestión y en los procesos de contratación debe ser investigada con rigor.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Igualdad y Equidad ni la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria S.A.), administradora del Fondo, han emitido pronunciamiento público sobre la denuncia.
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