El Consejo de Estado ha admitido la demanda presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, contra la creación del partido Progresistas.
Según el documento emitido por el alto tribunal y dado a conocer este lunes 10 de noviembre, la acción judicial cuestiona la legalidad de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgaron personería jurídica a esta nueva colectividad de izquierda, liderada por la senadora María José Pizarro y promovida por figuras como el representante a la Cámara David Racero.
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El proceso, que se tramita en ante la justicia de Bogotá, podría incidir en la configuración del Pacto Histórico y en el equilibrio de fuerzas de cara a las elecciones de 2026.
La admisión de la demanda, formalizada el 7 de noviembre de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, responde a la solicitud de Valencia de anular las resoluciones 09111 del 3 de septiembre y 09907 del 1 de octubre de 2025.
De acuerdo con la demanda, la senadora sostiene que estos actos administrativos del CNE se emitieron con infracción de las normas que debían fundamentarlos, lo que, a su juicio, vulnera varios artículos de la Constitución Política y de la Ley 1475 de 2011.
El auto judicial indica que la demanda cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca), por lo que se ordenó notificar a todas las partes involucradas, incluido el propio CNE, el partido Progresistas, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y el Ministerio Público.
En el fondo de la controversia, Valencia argumenta que el CNE desconoció la ley estatutaria al condicionar el reconocimiento de la personería jurídica de Progresistas a la culminación de los procesos sancionatorios abiertos contra el Mais.
La congresista enfatiza que la prohibición contenida en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 es “imperativa y de aplicación estricta”, por lo que, en su criterio, el CNE no podía supeditar la creación de un nuevo partido a la resolución de procedimientos sancionatorios previos.
Además, la demanda solicita la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones impugnadas, petición que será resuelta conforme a los artículos 125.2 f) y 229 al 233 del Capa, según lo ordenado por el Consejo de Estado.
La creación de Progresistas se originó tras una escisión interna del Mais, colectividad que avaló a María José Pizarro en la lista del Pacto Histórico para las elecciones de 2022.
Sin embargo, el Mais no se sumó al proyecto del partido único impulsado por el presidente Gustavo Petro. Tras la escisión, el CNE reconoció oficialmente la personería jurídica de Progresistas mediante la Resolución 09111 de 2025, decisión que fue ratificada con la Resolución 09907 tras resolver recursos de reposición.
En este contexto, Pizarro instó públicamente al CNE a acelerar el otorgamiento de la personería jurídica al Pacto Histórico, sin condicionamientos, para facilitar la unidad entre las colectividades que respaldan el proyecto político del cambio.
La admisión de la demanda introduce incertidumbre sobre el futuro del Pacto Histórico, ya que Progresistas se perfilaba como una de las fuerzas centrales de la coalición de izquierda para las elecciones de 2026, en las que Iván Cepeda figura como candidato presidencial.
La posible anulación de la personería jurídica de Progresistas podría modificar la estrategia de unidad y la representación parlamentaria del petrismo, así como el equilibrio de fuerzas en el Congreso.
En cuanto a los próximos pasos procesales, el Consejo de Estado ha dispuesto la notificación personal al CNE, al partido Progresistas, al Mais y al Ministerio Público, además de comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El CNE deberá aportar los antecedentes administrativos de los actos cuestionados durante el término para contestar la demanda. Todo este procedimiento, detallado en el auto admisorio del Consejo de Estado, marca el inicio de un proceso judicial que será seguido de cerca por los actores políticos y la opinión pública.
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