Colombia reconoció su responsabilidad en el genocidio de la Unión Patriótica: Petro pidió perdón a las víctimas

El 9 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, realizó un acto histórico en el que el Estado colombiano pidió perdón a las víctimas del genocidio político que sufrió la Unión Patriótica (UP) durante las décadas de los 80 y 90.

Este evento, que tuvo lugar en Santa Marta (Atlántico) se centró en el cumplimiento de una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos contra los militantes y líderes de la UP.

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En la ceremonia, que se celebró durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión Europea, se hizo un reconocimiento formal de la responsabilidad del Estado en las muertes, desapariciones y persecuciones políticas que se cobraron la vida de más de 6.000 personas que integraban y militaban en el partido político.

El acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, acompañado de cantos y expresiones artísticas, comenzó con las intervenciones de militantes históricas de la UP, entre ellas las senadoras Jael Quiroga y Aída Avella.

“Los genocidios no son espontáneos, sino acciones sistemáticas, planificadas y alimentadas por el odio y la intolerancia. Ver caer uno a uno a nuestros compañeros, amigos y familiares fue un golpe devastador para la democracia”, expresó Avella, visiblemente conmovida.

Por su parte, Quiroga recordó que la UP fue blanco de violencia por atreverse a pensar diferente y por el temor que generó su rápido crecimiento en la política nacional. “Por el sagrado derecho a existir aunque pensemos diferente. La UP nació de un sueño de paz. La Corte Interamericana comprobó que debido a su rápido ascenso en la política nacional surgió una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, la Fuerza Pública y grupos empresariales para contrarrestar la subida en la arena de la UP”, afirmó.

Durante el evento, Boris Cabrera, víctima y representante de la Unión Patriótica, destacó la importancia histórica del perdón estatal. “Esta paz, este perdón, este homenaje que el Estado le hace a las víctimas, fue algo que los gobiernos anteriores al de Petro eludieron. Pero hoy lo está haciendo nuestro Presidente, lo está haciendo el Gobierno del Cambio. Hoy honramos la memoria de las víctimas de la Unión Patriótica”, manifestó Cabrera.

Asimismo, Jaime Cedano Roldán, en nombre de la familia Díaz Mancilla, sostuvo que este reconocimiento representa un punto de inflexión en la historia del país. A orillas del mar Caribe, evocó la memoria de miles de víctimas y denunció que el genocidio de la UP fue la continuidad de una violencia política estructural contra los movimientos populares.“La verdad de este crimen debe conocerse a fondo, para que nadie se atreva a negar lo innegable”, señaló.

Durante su discurso, el jefe de Estado hizo un llamado a la memoria y a la verdad: “No se puede derramar tanta sangre y tanto dolor porque se mueren las naciones. ¿Dónde está la verdad y dónde están juzgando a los victimarios que mataron a la Unión Patriótica? La mayoría en Antioquia y de los mismos que fundaron las convivir que tuvieron el aval del señor Álvaro Uribe, esa es la verdad y ¿tenemos que esconderla?”, cuestionó Petro.

El presidente agregó que a pesar del exterminio y de “la violencia cíclica” en el país, actualmente hay intenciones de parte de figuras políticas colombianas aliadas con los Estados Unidos para frenar a la izquierda electoralmente para 2026.

“Salimos de un proceso de paz, de una constituyente, mataron a todo un partido de izquierda y los que sobrevivimos…quieren desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones de 2026 y lo quieren hacer con violencia", dijo.

El presidente cerró su intervención con un mensaje de perdón en nombre del Estado colombiano: “Le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político”, declaró.

El genocidio contra la UP —un partido político nacido en 1985 como resultado del proceso de paz entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur (1985)— se consolidó como una de las páginas más trágicas y olvidadas de la historia de Colombia.

Este partido, que surgió con la intención de dar voz a los excombatientes y fortalecer la democracia en el país, rápidamente se vio envuelto en una espiral de violencia y persecución que se extendió por más de una década.

El nacimiento del partido fue inicialmente una esperanza para la construcción de paz, ya que garantizaría a los firmantes del acuerdo la posibilidad de participar en la vida política del país sin miedo a represalias; sin embargo, con la llegada al poder de Virgilio Barco en 1986, la situación cambió drásticamente.

En lugar de protección, la UP fue blanco de una persecución sistemática que incluyó asesinatos, desplazamientos forzados, amenazas y hostigamientos. La violencia no solo afectó a los líderes del partido, sino a sus bases, lo que provocó un saldo de miles de víctimas.

Según informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se documentaron al menos 5.733 víctimas de este genocidio, mientras que otras organizaciones como la Corporación Reiniciar, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos elevan la cifra a más de 6.000.

Entre las víctimas se encuentran 5 congresistas, 11 diputados, 109 concejales, 8 alcaldes y 8 exalcaldes, todos ellos comprometidos política con la UP.

En 2019, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el genocidio contra la UP; la Corte reconoció que, aunque varios de los ataques fueron perpetrados por actores paramilitares, también hubo una participación activa de agentes del Estado, ya sea directamente o mediante su tolerancia y aquiescencia frente a los hechos.

La Corte señaló que las autoridades nacionales desoyeron las alertas sobre los riesgos a los que se enfrentaban los militantes de la UP, lo que contribuyó al genocidio.