Carta de Colpensiones contra la Corte Constitucional genera nueva polémica con contratos en el trámite de la reforma pensional

Colpensiones, la administradora estatal de pensiones en Colombia, emitió una respuesta formal a la solicitud del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, que pidió información sobre los contratos suscritos con el magistrado Héctor Carvajal, que fue recusado en el trámite de la ley porque se argumentó que tenía un posible conflicto de interés para participar en las decisiones relacionadas con la reforma.

El motivo principal señalado por la senadora Paloma Valencia y el concejal Daniel Briceño, ambos del Centro Democrático, fue que Carvajal, abogado y amigo del presidente Gustavo Petro, habría emitido opiniones públicas previas sobre el tema pensional o tenía intereses directos o indirectos que podrían afectar su imparcialidad en la revisión del proyecto de ley, lo que llevó a que las partes interesadas solicitaran su apartamiento del proceso para garantizar la transparencia y la objetividad en la decisión de la Corte.

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En su pronunciamiento, la entidad rechazó de manera enfática las insinuaciones de que estaría intentando obstaculizar el trámite de la reforma pensional, un tema que generó tensiones entre el alto tribunal y el Gobierno Petro.

La comunicación, fechada el 10 de noviembre de 2025 y firmada por Mirtha Patricia Bejarano Ramón, asesora y jefa de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones, sostiene que la entidad cumplió de forma estricta con los requerimientos judiciales. Según el documento, Colpensiones “no ha desacatado la decisión judicial de fecha 27 de octubre de 2025, por cuanto la respuesta dada con destino al expediente de la referencia se ajustó a los precisos términos en que le fue solicitada en esta providencia”.

La entidad resaltó que su actuación se ciñe a lo dispuesto por la Corte y que cualquier interpretación contraria podría dar lugar a percepciones erróneas sobre su proceder.

En su defensa, Colpensiones cuestionó que el magistrado atribuyera a la entidad una supuesta intención de dilatar u obstaculizar el trámite de la acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024, que establece el nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común.

La administradora argumentó que, lejos de actuar de mala fe o con deslealtad procesal, colabora de manera armónica con la administración de justicia y trabaja desde hace tiempo para consolidar la Reforma Pensional. “Se cuestiona entonces que, el magistrado sustanciador atribuya a Colpensiones que su actuación está encaminada a dilatar u obstaculizar el trámite de la acción pública de inconstitucionalidad, cuando, por el contrario, ha venido trabajando de tiempo atrás para lograr consolidar la reforma”, señaló la entidad en su respuesta.

En cuanto a la documentación solicitada, Colpensiones informó que, además de lo ya aportado, remitirá una serie de pruebas y soportes en atención a la nueva especificación técnica de la Corte Constitucional.

Entre los documentos que la entidad se comprometió a entregar se encuentran:

• Conceptos jurídicos del contratista correspondientes a los contratos 070-2024 y 005-2025, en sus formatos originales (.docx/.pdf) y con metadatos íntegros (XML/XMP).
• Correos electrónicos originales, tanto solicitudes como remisiones, en formatos .eml o .msg, con encabezados completos y adjuntos íntegros, así como anexos y soportes de los conceptos en sus formatos originales (Word, PDF, Excel, entre otros).
• Informes mensuales específicos presentados por el contratista durante la ejecución de los contratos mencionados, junto con sus respectivos soportes.
• Informes parciales de ejecución y supervisión, todos en sus formatos originales.

Colpensiones detalló que remitirá los cinco entregables fechados el 30 de agosto de 2024, 13 de septiembre de 2024, 20 de noviembre de 2024, 28 de febrero de 2025 y 2 de mayo de 2025, cada uno con los metadatos de autor, fecha y hora.

Dicho intercambio se produce en medio de creciente tensión institucional. La reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024, es objeto de un intenso debate público y jurídico, con la Corte Constitucional revisando su constitucionalidad y el Gobierno Petro defendiendo su alcance social. Las diferencias entre el Ejecutivo y el alto tribunal, en especial, con el presidente Jorge Enrique Ibáñez, marcan el proceso, mientras Colpensiones insiste en que su actuación responde a los principios de colaboración y transparencia entre entidades públicas.

Sobre lo que está pasando con la reforma pensional, la experta en pensiones Jerome Sanabria, líder de No con mi Ahorro, aseguró que la norma, por donde se le mire, es negativa, a todo el mundo perjudica.

Recordó que lo que se está esperando ahora es, primero, que resuelvan la recusación a Héctor Carvajal que interpusieron la senadora Paloma Valencia y el concejal Daniel Briceño. Ante este trámite, espera que lo recusen.

“¿Qué le dejaría yo a la reforma? Absolutamente nada. Realmente, yo lo que espero es que la Corte la declare completamente inexequible, porque toda su aprobación, tanto la primera como la segunda vez, fue viciada. No cumple con lo establecido en el reglamento del Congreso, ese debate se dio sin actas, sin cosas muy elementales, lo que me genera tristeza, ya que el trasfondo es que se trata de una expropiación, un robo a mano armada para los jóvenes, pero también para los que estaban a punto de recibir su devolución de saldos y, a la larga, pues para todos los afiliados”, lamentó Sanabria.