La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra Gustavo García Torres, contralor departamental de Amazonas, tras recibir denuncias sobre presunto acoso sexual a una contratista de la entidad.
La investigación sostiene que García Torres, aprovechando la posición jerárquica dentro del organismo de control, habría acosado a la mujer en su lugar de trabajo en al menos tres oportunidades, buscando que ella respondiera a sus pretensiones sexuales.
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“El funcionario habría utilizado la relación de poder que tenía respecto a la presunta víctima para, en su entorno laboral, acosarla en al menos tres ocasiones, con el fin de que ella accediera a sus intenciones sexuales”, señaló el Ministerio Público.
El documento elaborado por la Procuraduría indicó que estos hechos constituyen una violación al derecho internacional de los derechos humanos.
El órgano de control afirmó que el comportamiento del funcionario contraría los principios legales y éticos que rigen la administración pública, al abusar de la autoridad que le confiere su cargo.
“Señala el pliego de cargos que el presunto acoso sexual en el ámbito laboral ejercido por García Torres, es catalogado como una violación al derecho internacional de los derechos humanos. Además, habría actuado de manera inmoral al desconocer el ordenamiento jurídico y el rol que desempeña como contralor departamental, al aprovecharse del poder que le daba su condición de máxima autoridad de dicha entidad”, puntualizó la Procuraduría.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Amazonas calificó la conducta, de manera provisional, como falta gravísima cometida con dolo. El proceso disciplinario continuará mientras se amplían las investigaciones y se definen las posibles sanciones para el contralor.
“La conducta fue calificada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Amazonas de manera provisional como falta gravísima a título de dolo”, señaló el Ministerio Público.
Sanciones
En Colombia, las sanciones por acoso sexual contra empleados del Estado están definidas por una serie de normas legales que buscan proteger a las víctimas y erradicar estas conductas en el sector público.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el acoso sexual laboral es considerado una falta disciplinaria gravísima conforme a lo establecido en la Ley 1010 de 2006.
La aplicación del Código Disciplinario Único contempla sanciones como la destitución del cargo, la inhabilitación para ejercer funciones en entidades estatales y el pago de multas, las cuales varían según cada caso.
Tras la entrada en vigor de la Ley 2365 de 2024, se reforzaron los procedimientos para prevenir y sancionar el acoso sexual laboral.
Esta legislación describe el acoso como cualquier acto de persecución, hostigamiento o asedio de índole sexual que ocurre en relaciones de poder en el ámbito laboral, y exige la adopción de medidas de prevención, atención y protección en instituciones públicas y privadas.
Por medio del Decreto 405 de 2025, el Ministerio de Trabajo estableció que los empleadores del sector estatal que despidan o sancionen a un trabajador denunciante de acoso sexual pueden ser sancionados con multas que van de 1 a 5.000 salarios mínimos legales diarios vigentes, dependiendo del tamaño de la entidad. Esta medida pretende garantizar que las víctimas cuenten con protección y respaldo efectivo para denunciar sin temor a represalias laborales o económicas.
La Procuraduría General de la Nación ha emitido directrices orientadas a fortalecer la prevención de la violencia sexual y de género en entidades estatales y privadas. Entre las recomendaciones se destaca la habilitación de canales seguros para la denuncia y la obligatoriedad de cumplir estándares internacionales para la protección de los derechos de las víctimas.
Un empleado del Estado que incurra en acoso sexual se enfrenta a procesos disciplinarios, destitución inmediata, inhabilidad para asumir cargos públicos y sanciones económicas de gravedad, conforme a las leyes vigentes y directrices expedidas por las autoridades colombianas.
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