Cigarrillos de contrabando en Colombia: ilegalidad que financia al crimen y genera pérdidas millonarias

El contrabando de cigarrillos en Colombia se ha consolidado, según Semana, como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, transformándose en un fenómeno criminal de gran escala que amenaza tanto la economía como la seguridad pública del país.

Lo que en décadas pasadas era visto como una infracción aduanera menor, hoy representa un desafío comparable al tráfico de drogas por su estructura y rentabilidad.

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Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre 2018 y 2022 cerca del 10% de las importaciones en Colombia correspondieron a productos de contrabando, lo que generó pérdidas fiscales superiores a un billón de pesos anuales. En el caso específico de los cigarrillos, la más reciente encuesta de Invamer reveló que el 36% de los productos que se comercializan en el país son ilegales, cifra que en 2024 representó pérdidas superiores a un billón de pesos para los departamentos colombianos.

La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) ha intensificado los controles en puertos, fronteras y procesos de verificación. Solo entre enero y junio de 2025 se incautaron más de 5,8 millones de cajetillas de cigarrillos ilegales, un reflejo del esfuerzo por frenar la circulación de estos productos.

Sin embargo, la alta rentabilidad del negocio, con márgenes que pueden alcanzar el 700%, sigue atrayendo a organizaciones criminales que operan en regiones como La Guajira, Norte de Santander, Antioquia y Nariño.

Entre los actores que participan en el contrabando informador por el medio Semana, se encuentran grupos como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, ELN y redes transnacionales como el Tren de Aragua. Estas organizaciones movilizan la mercancía desde países como Uruguay, Corea del Sur y Estados Unidos, pasando por Panamá y el Caribe, hasta puertos colombianos estratégicos como Turbo, Cartagena y Buenaventura. Desde allí, los cigarrillos se distribuyen hacia grandes centros urbanos como Medellín y Bogotá, alimentando un mercado ilegal que afecta tanto la economía formal como la recaudación fiscal del país.

Más allá del impacto económico, el contrabando de cigarrillos representa un riesgo para la seguridad y la salud pública. Las disputas por el control de las rutas ilegales han incrementado la violencia en zonas fronterizas y puertos, mientras que la falta de control sanitario expone a los consumidores a productos adulterados o sin regulación, aumentando el riesgo de daños a la salud.

En medio de este escenario, la Ley de Financiamiento que actualmente se encuentra en proceso de debate en el Congreso de la República ha generado preocupación en las autoridades regionales. La normativa contempla un incremento en los impuestos al consumo de licores y cigarrillos, lo que, según expertos, podría incentivar el contrabando y afectar las finanzas de los departamentos.

La Directora del Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca, María Victoria Machado, señaló que:

“Es muy importante que, desde las áreas técnicas de las Secretarías de Hacienda y las Unidades de Renta, revisemos los impactos que tiene la reforma propuesta en la Ley de Financiamiento, que va a afectar de manera directa el precio de los licores y cigarrillos. Por lo tanto, aumentan el contrabando, desestimulan el consumo legal y van a generar una pérdida real de ingresos para los departamentos.”

Por su parte, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, alertó sobre el impacto en las finanzas territoriales:

“El 47% de los ingresos de las entidades territoriales dependen del impuesto al consumo de los licores. Si hoy la Nación pretende que esta diferencia del IVA del 5 al 19 se traslade al Gobierno Nacional, empiezan a violar estas rentas cedidas que están basadas en las entidades territoriales.”

El incremento de la carga impositiva podría elevar los precios al consumidor y favorecer la compra de productos ilegales o adulterados, afectando la salud pública, la competitividad del sector formal y los recursos destinados a salud, educación y deporte.

La Gobernación del Valle del Cauca ha reiterado su llamado al Congreso de la República para que se evalúen cuidadosamente los impactos fiscales y sociales de la Ley de Financiamiento, garantizando la sostenibilidad de los programas que benefician a los ciudadanos y protegiendo los ingresos de las regiones frente a la expansión del contrabando de cigarrillos.