A la cárcel tres policías que transportaban droga y panfletos del ELN en pleno centro de Bogotá

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres uniformados de la Policía Nacional de Colombia y un ciudadano por los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los cuatro sujetos habían sido detenidos el 24 de octubre de 2025, cuando unidades de vigilancia que patrullaban la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, inspeccionaron un vehículo particular que se encontraba estacionado en vía pública.

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Al inspeccionar el automotor, los uniformados hallaron sustancias ilícitas, panfletos con mensajes del ELN, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada para disparar, dos armas de dotación policial y dos computadores portátiles.

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a los patrulleros Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussán y Luis Carlos Bermúdez Rojas que, en el momento de su detención, no portaban el uniforme de la institución, al igual que del ciudadano Jaime Alberto Salazar Jiménez.

“Los uniformados registraron a Jaime Alberto Salazar Jiménez, quien, vestido como policía, conducía una motocicleta reportada como hurtada, que también tenía logos de la institución y escoltaba el carro interceptado”, detalló el ente acusatorio.

Los cuatro sujetos fueron presentados ante el juez de control de garantías, donde no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza la investigación judicial.

“Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, puntualizó la Fiscalía.

La detención y judicialización de los cuatro uniformados de la Policía se suma a otros casos recientes que han generado inquietud sobre los niveles de corrupción dentro de la Fuerza Pública en la capital colombiana.

Es el caso de la captura de doce uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá por presuntos actos de corrupción.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los uniformados habrían incurrido en capturas ilegales, extorsión a detenidos, manipulación de informes judiciales y colaboración con bandas delincuenciales, todo con el objetivo de obtener beneficios personales y alterar las estadísticas operativas de los CAI bajo su responsabilidad.

Uno de los aspectos más graves de la investigación es la presunta concertación de los policías con redes delictivas dedicadas al robo de cable y la comercialización ilegal de cobre.

“Los policías se asociaban con personas en condición de calle para planear, ordenar el hurto de cable de la empresa de telefonía y comunicaciones ETB. Adicionalmente, permitían la quema de este cable para extraer el cobre, el cual era vendido en ocasiones hasta por los mismos uniformados en tiendas de compraventa de este metal”, detalló la jueza del caso.

El material probatorio recopilado vincula a los uniformados con al menos veintiséis hechos delictivos. Entre estos, se documentaron exigencias de dinero a personas capturadas en flagrancia por delitos como hurto o microtráfico, que ofrecían alterar los informes judiciales a cambio de su liberación.

Además, la investigación reveló que algunos de los implicados realizaron detenciones arbitrarias, sin sustento legal, con el propósito de inflar las cifras de efectividad en sus zonas de patrullaje. Para encubrir estas actuaciones, los agentes habrían manipulado documentos judiciales, otorgando apariencia de legalidad a procedimientos irregulares y dificultando la detección de las anomalías por parte de sus superiores durante varios meses.

“Con los detenidos ya esposados, estos uniformados, como ya era su modus operandi, iniciaban una presión psicológica, preguntaban a las personas si tenían hijos, si eran menores de edad, con quién los dejarían y pues así mismo les advertían sobre las posibles penas de prisión. Era por ello que las personas ante el miedo y la presión, pues solicitaban ayuda”, recalcó el ente acusatorio.

Los doce policías fueron presentados ante un juez de control de garantías en la que legalizó sus capturas e imputó, según el grado de participación, delitos como concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Nueve de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los tres restantes permanecerán privados de la libertad en su lugar de residencia.