Una sanción económica superior a $5.300 millones fue impuesta a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y a ocho de sus directivos, tras una investigación que determinó prácticas abusivas en la gestión de derechos de autor.
La decisión, comunicada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), responde a la obstaculización de la gestión individual de los derechos patrimoniales de autor y al abuso de posición dominante en la administración de los derechos de comunicación pública.
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Esta medida afecta directamente a miles de autores y compositores afiliados, quienes hasta ahora enfrentaban dificultades para gestionar de manera autónoma sus obras.
La sanción, que supera los $5.300 millones, se impuso luego de que la SIC concluyera que Sayco, como única sociedad autorizada en Colombia para la gestión colectiva de derechos de comunicación pública, impidió a los titulares ejercer la gestión individual de sus derechos patrimoniales.
La investigación administrativa evidenció que la entidad y sus directivos implementaron mecanismos que limitaban la libertad de los autores y compositores para decidir cómo administrar sus creaciones, afectando su acceso a una remuneración justa.
Entre los motivos que fundamentaron la sanción, la SIC identificó un abuso de posición dominante por parte de Sayco. La entidad condicionó la prestación del servicio de gestión colectiva de una modalidad de comunicación pública —como los derechos derivados de establecimientos de comercio— a la obligación de encargarle también la gestión de todas las demás formas de comunicación pública, incluyendo televisión, radio y conciertos. Esta práctica restringió la posibilidad de que los afiliados optaran por gestionar individualmente alguna de las modalidades de explotación de sus obras.
El análisis de la SIC detalló varias prácticas específicas consideradas restrictivas. Sayco impuso limitaciones a los afiliados que deseaban reservarse la gestión individual de alguna modalidad de comunicación pública, clasificándolos como “titulares administrados” y que el ente regulador consideró injustificadas.
A estos titulares se les negó la condición de socios, lo que les impidió participar en los órganos directivos de la entidad y acceder a los beneficios sociales y económicos que sí recibían los socios. Además, debían pagar un 10% adicional sobre la tarifa que se cobraba a los socios por la gestión de sus derechos, sin que pudieran disfrutar de los programas financiados con esos recursos. Estas condiciones generaron desincentivos claros para quienes buscaban ejercer la gestión individual.
La SIC también señaló que Sayco diseñó contratos de mandato que impedían a los autores y compositores reservarse ciertas formas de comunicación pública para la gestión individual, a lo que se sumó el hallazgo de maniobras orientadas a obstaculizar la modificación de los contratos existentes con autores y compositores, lo que dificultó que los afiliados recuperaran la gestión individual de algunas modalidades.
La SIC concluyó que a pesar de contar con la capacidad técnica para facilitar la gestión individual de los derechos por parte de sus afiliados, Sayco no implementó las adecuaciones que la SIC le exigió en noviembre de 2016, producto de una inspección realizada entonces.
Como consecuencia de la sanción y de las medidas ordenadas, la SIC determinó que los autores y compositores podrán gestionar directamente sus derechos de comunicación pública. Esto abre la puerta a una remuneración más justa y real para los titulares, al eliminar las barreras que hasta ahora limitaban su autonomía y participación en la gestión de sus obras.
No es la primera vez que Sayco se ve involucrada en esta clase de polémicas. A las quejas de artistas como Jean Carlos Centeno o Juan Galeano de Diamante Eléctrico denunciando impagos de la entidad, se sumó la caida del proyecto impulsado en 2024 por los representantes a la Cámara Daniel Carvalho y Juan Carlos Losada, denominado como la “Ley de la música”, debido a que no se discutió en la Plenaria del Senado por falta de tiempo.
Según denunció Losada en su día, el motivo de que se hundiera el proyecto de ley fue un lobby organizado por el presidente de Sayco, Rafael Manjarrez.
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