La conversación sobre las condiciones de quienes se forman para ejercer la medicina en Colombia volvió a tomar fuerza este año. Aunque el tema se instaló lentamente en la opinión pública, su verdadera dimensión apenas comienza a hacerse visible gracias a estudios recientes que sistematizaron voces que, por mucho tiempo, permanecieron en silencio.
Uno de esos esfuerzos proviene de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), que presentó el informe Maltrato en la formación médica: caracterización de denuncias en estudiantes de pre y posgrado en Colombia. La investigación reúne 163 reportes recopilados en 11 ciudades, un municipio y 32 universidades, y expone cómo el maltrato se volvió parte del paisaje cotidiano para muchos estudiantes de medicina, residentes e incluso profesionales en formación de áreas como odontología y fonoaudiología.
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Los autores, Cindy Rodríguez, Juliana Moreno y Gabriel Martínez, insistieron en que los casos documentados no responden a disputas individuales ni a instituciones específicas, sino a una estructura académica que reproduce castigos, silencios y jerarquías rígidas. En ese contexto, la muerte de la médica residente Catalina Gutiérrez Zuluaga, ocurrida en 2024 durante sus turnos de formación, marcó un punto de quiebre. Su fallecimiento evidenció la urgencia de hablar de jornadas que pueden superar las 100 horas por semana, de la presión constante por el desempeño y de la falta de acompañamiento psicológico.
El estudio clasificó las denuncias por tipo de agresión, programa académico y especialidad. Los casos más frecuentes se relacionan con maltrato verbal (124), violencia psicológica (123) y sobrecarga laboral (64). También se registraron episodios de violencia basada en género (20), maltrato físico (12), acoso sexual (11), discriminación por motivos étnicos, de orientación sexual o lugar de origen (5), y acoso laboral directo (2).
Las cifras dejan ver una concentración geográfica clara. Bogotá registró 103 denuncias; Cali, 17; Medellín, 15; y el resto se distribuye en ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Neiva, Pereira, Manizales, Tunja y Popayán. La mayoría de los hechos se presentó en programas de especialización quirúrgica (89 casos) y médica (59).
Entre las especialidades más mencionadas están Pediatría (16 denuncias), Ginecología y Obstetricia (16), Cirugía General (15) y Ortopedia (11). A estas se suman Anestesiología (9), Otorrinolaringología (8), Medicina Interna (7), Psiquiatría (7), Cirugía Plástica (6), Medicina familiar (5) y Neurocirugía (4).
Un rasgo que llama la atención es la distribución por tipo de institución, 97 denuncias corresponden a universidades privadas, 60 a públicas y 6 no registran datos. Bogotá, en particular, concentra la mayor parte de estos reportes, al punto de que una sola institución privada acumuló 24 denuncias.
Las voces recogidas describen aulas y hospitales donde la humillación se asume como parte del proceso, donde la obediencia se impone sobre la formación integral y el bienestar, y donde quien se rehúsa a cumplir con patrones jerárquicos puede quedar marginado. Según el informe, “la mayoría de denuncias describen entornos de aprendizaje donde se prioriza la obediencia sobre la formación integral y el bienestar”.
Para Cindy Rodríguez, expresidenta de Anir y una de las autoras, la cultura que sostiene estas prácticas se ha justificado durante décadas bajo la idea de que la dureza forja mejores profesionales. Pero, los costos son evidentes, agotamiento, depresión, renuncias prematuras y una generación que teme denunciar por miedo a represalias.
El Congreso tramita actualmente la Ley Doctora Catalina, impulsada por la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, busca transformar esta realidad. La iniciativa ya superó su segundo debate en la Cámara y está en estudio en la Comisión Séptima del Senado.
Su propuesta se centra en garantizar condiciones laborales mínimas y mecanismos de protección para quienes se encuentran en formación. Entre las medidas planteadas destacan la limitación de las jornadas a 12 horas diarias y 60 semanales; la creación de programas de bienestar y salud mental en hospitales y universidades; el acceso a seguros y prestaciones sociales; y la existencia de rutas reales de denuncia frente a acoso, maltrato o discriminación.
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