El reciente anuncio de la Unión Sindical Obrera (USO) sobre la inminente presentación de una tutela con medida cautelar encendió las alarmas en el sector energético colombiano.
La organización busca frenar los cobros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a Reficar, una filial de Ecopetrol, ante el riesgo de que la refinería deba suspender operaciones y se vean afectados miles de empleos y el suministro de combustibles en la región Caribe.
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La preocupación se intensificó tras la posibilidad de que la Dian embargue las cuentas de Reficar, lo que podría obligar a la empresa a detener su actividad.
César Loza, presidente de la USO, expresó en entrevista con Caracol Radio que esta medida tendría “consecuencias tremendas” para el país, al poner en peligro la estabilidad laboral de 4.600 trabajadores, cifra que no contempla a quienes dependen indirectamente de la cadena productiva asociada a la refinería. Loza subrayó que la paralización de Reficar tendría un impacto social de gran magnitud en la región.
El abastecimiento energético del Caribe colombiano constituye otro de los puntos críticos señalados por la USO.
Según Loza, Reficar, con una capacidad de refinación de 210.000 barriles diarios, resulta esencial para garantizar el suministro de diésel, gasolina, gasolina de aviación y nafta en la costa norte del país.
La interrupción de sus operaciones podría derivar en una crisis de desabastecimiento con efectos directos sobre la vida cotidiana y la economía regional.
El impacto económico de la decisión de la Dian también se extiende a la ciudad de Cartagena. En 2024, la capital de Bolívar recibió 36 millones de dólares (aproximadamente 146.146 millones de pesos) por concepto de impuesto de ICA y Predial pagados por Reficar.
Solo en lo que va del año, la ciudad ha percibido 116.000 millones de pesos por estos conceptos. Loza advirtió que la eventual paralización de la refinería representaría una pérdida significativa de ingresos para la región, limitando su capacidad de inversión y desarrollo.
En diálogo con La W, Loza rechazó la decisión de la Dian de exigir a Reficar el pago de un IVA del 19% sobre la gasolina y el diésel, y denunció que el cobro retroactivo desde 2022 asciende a 1,3 billones de pesos.
El líder sindical precisó que, solo en el presente año, la refinería ya ha pagado a la Dian 1,5 billones de pesos por esta nueva carga tributaria, mientras que Ecopetrol ha desembolsado 3,3 billones de pesos adicionales.
Loza alertó que la situación podría agravarse, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales actualmente solo está cobrando por la gasolina refinada, pero si decide extender el cobro al diésel, la deuda podría superar los 20 billones de pesos. “Una vez ingresen las cuentas por importación de diésel estas cuentas se pueden disparar a más de 20 billones de pesos”, afirmó Loza a La W.
La USO, a través de un comunicado oficial, detalló los argumentos de la tutela que interpondrá. El documento señala que la Dian exige a Reficar, mediante Requerimientos Especiales Aduaneros (REA), el pago de 1,5 billones de pesos por concepto de IVA del 19% sobre la gasolina importada entre 2022 y 2024, especialmente diésel, gasolina y jet fuel destinados a la Costa Caribe.
Según el sindicato, la decisión de la entidad tributaria se basa en un concepto interno que representa una auto interpretación del Estatuto Tributario, obligando a Reficar a asumir el IVA por la importación de combustibles en ese periodo.
El comunicado advierte que la suma reclamada, de 1,5 billones de pesos a corte de 2025, podría llevar al desfalco de Reficar y responsabiliza a la administración actual, a la Junta Directiva y al Gobierno nacional por omisión e inoperancia si se concreta el cobro.
“La suma representa una deuda acumulada de corte de 2025 $1,5 billones que, de ser cobrada por la DIAN, aportará al desfalco de Reficar y la responsabilidad sería de la actual administración, de la Junta Directiva y del Gobierno nacional por omisión e inoperancia”, dice el documento.
La USO recordó que durante el periodo de importación, sus áreas financiera, legal, de compras y tráfico internacional fueron advertidas sobre la irregularidad que suponía el pago o no pago del IVA, pero la administración de Reficar desestimó la advertencia ante la presión por cumplir con la entrega en la planta de Cartagena al menor costo posible.
La organización sindical exigió la intervención del presidente de Ecopetrol, la ministra de Minas y Energía y el ministro de Hacienda para que se aclare la situación y se solicite a la Dian la derogatoria inmediata de los actos administrativos de cobro coactivo, con el fin de preservar a Reficar y proteger el patrimonio de los trabajadores y del país.
“La U.S.O. exige al presidente Ecopetrol, a la ministra de Minas y Energía y al ministro de Hacienda, a intervenir para aclarar el hecho y exigirle a la DIAN la derogatoria inmediata de los actos administrativos de cobro coactivo para preservar a Reficar y la integridad del patrimonio de los trabajadores y el país”, se observa en la carta.
A través de su cuenta oficial en redes sociales, la USO también reiteró su rechazo al cobro y anunció la adopción de todas las acciones jurídicas, políticas y de movilización necesarias para defender a Ecopetrol, Reficar y los empleos asociados.
“El cobro arbitrario de #IVA desde la @DIANColombia a #Reficar por $1,5 billones pone en riesgo el segundo activo más valioso de @ECOPETROL_SA, arriesgando el empleo de 4.600 trabajadores y el abastecimiento de #diesel y #gasolina de la Costa Caribe”, publicó la organización sindical.
La USO también advirtió que la combinación de la venta del Permian, el cobro de IVA por parte de la Dian y la negativa constante de licencias ambientales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) está generando una “tormenta perfecta” que podría llevar a la quiebra a Ecopetrol, la principal empresa del país.
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