
A partir de comienzos de 2026, la gestión de las cámaras de fotomultas en Medellín sufrirá una transformación decisiva: la administración municipal asumirá el control directo del sistema, terminando con la concesión que opera desde 2011.
Según detalló la Alcaldía de Medellín, este cambio permitirá que el municipio reciba más de cien mil millones de pesos adicionales, sumas que antes quedaban en manos de la concesión y que, a partir de ahora, reforzarán directamente las finanzas municipales.
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En lo que constituye el eje del nuevo modelo, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que la prioridad será la seguridad y prevención, no la obtención de recursos mediante sanciones.
Esa directriz se materializará en la desaparición de las llamadas “cámaras de fotomulta trampa” y en un refuerzo sustancial de la señalización.
Todas las cámaras instalarán avisos previos en la vía, situados doscientos metros antes, cien metros antes y justo en el punto de control, para que los conductores tengan la oportunidad de ajustar su velocidad y evitar conductas de riesgo.

De este modo, subrayó la administración distrital, la función de estos dispositivos será principalmente preventiva.
Con el fin de la concesión el 31 de diciembre de 2025, la operación del sistema pasará a la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), reemplazando a UNE, la firma que había dirigido el proceso por más de diez años.
Esta ruptura con el esquema anterior también habilita cambios de fondo: se suprimirá la imposición de multas por cruzar semáforos en amarillo, por permitir el paso de ambulancias o por obstruir intersecciones durante embotellamientos o percances.
El alcalde anunció otra novedad destinada a la prevención: los propietarios de vehículos recibirán alertas, tanto por correo electrónico como vía telefónica, desde un mes antes de vencerse la revisión técnico-mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
Para que estos avisos lleguen de modo eficaz, Gutiérrez recomendó a los ciudadanos actualizar sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Sobre la motivación del cambio, Gutiérrez afirmó de manera enfática: “No queremos que haya cámaras de fotomulta trampa, porque queremos tu vida, no tu plata, y por eso vamos a cambiar todo el esquema de estas sanciones en la ciudad, luego que de asuma el distrito todo este sistema”, según comunicó la Alcaldía.
En sintonía, insistió que la meta de la reforma es ante todo preservar vidas y no elevar la recaudación por infracciones: “Nuestra obsesión no es que la gente tenga que pagar fotomultas, sino que se salven muchas vidas y por eso vamos a hacer este cambio”.
La administración distrital resaltó el objetivo de pasar de un modelo punitivo a una cultura de seguridad vial y de transparencia, orientando el sistema al bienestar colectivo y no al castigo.
Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, estos equipos, han sido distribuidos en igual número de ubicaciones, buscando reducir la cantidad de conductas peligrosas y mejorar la protección de quienes transitan por la capital antioqueña.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció estos sistemas para registrar infracciones recurrentes, como el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo, así como otras acciones que ponen en riesgo la integridad de conductores, peatones y ciclistas.
Además de controlar la velocidad, las cámaras detectan faltas como detenerse sobre la cebra, circular sin el seguro obligatorio (Soat) o sin la revisión técnico-mecánica vigente, y el incumplimiento de la restricción de Pico y placa, entre otras.
El proceso que convierte una imagen capturada por estos dispositivos en una sanción formal es riguroso. La Secretaría de Movilidad de Medellín subrayó que la calibración de cada aparato resulta esencial para garantizar la exactitud de las infracciones detectadas.
Una vez que el sistema identifica una posible falta, expertos realizan una verificación ocular para revisar todos los detalles antes de validar la infracción. Solo después de esta revisión, un Agente de Tránsito examina y firma la orden de comparendo, accediendo a la información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para asegurar la correcta identificación del infractor.
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