La declaración de María Alejandra Benavides ante la Corte Suprema de Justicia ha sacudido el panorama político colombiano al revelar detalles inéditos sobre el mayor escándalo de corrupción que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro.
Según la información dada en una audiencia, Benavides, exasistente del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, relató cómo la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, la citó en un apartamento en Usaquén, al norte de Bogotá, con el objetivo de pedirle que eliminara conversaciones de Whatsapp que podrían constituir pruebas clave en la investigación sobre el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Este episodio, que involucra a altos funcionarios y congresistas, ha puesto en entredicho la integridad de las instituciones y la efectividad de la lucha contra la corrupción en Colombia.
Durante su testimonio, que se extendió por ocho días y más de cincuenta horas ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, Benavides detalló el encuentro con la senadora Bitar.
Según relató a Semana, la cita se realizó en junio de 2024 en un apartamento pequeño, amoblado pero sin señales de ser una vivienda habitual, que la congresista describió como propiedad de una amiga.
Benavides explicó: “Recuerdo que la senadora Liliana Bitar me escribió en junio de 2024. La senadora me dijo que si nos encontrábamos, que quería hablar conmigo, a lo cual accedí. Ella me dio la dirección de un apartamento al norte de Bogotá, en Usaquén. Ese apartamento era cerca a Unicentro, si no estoy mal, era por esa zona, era arriba de la autopista Norte”. Al llegar, fue recibida por miembros del esquema de seguridad de la senadora, quienes la acompañaron hasta el lugar.
En el transcurso de la conversación, la senadora Bitar abordó inicialmente temas políticos y la situación de las reformas, para luego referirse a las dificultades que enfrentaba en su región debido a la cobertura mediática del escándalo en la Ungrd.
Benavides recordó que, en ese momento, no tenía conciencia de la magnitud del caso ni de su propia implicación.
La situación cambió cuando Bitar le preguntó por sus interacciones con la entidad y, tras una breve explicación sobre sus comunicaciones con Olmedo López y Sneyder Pinilla, la senadora le solicitó que borrara el chat de Whatsapp que mantenían entre ambas.
“La senadora me pidió que yo borrara mi conversación por Whatsapp con ella, ahí mismo en ese sofá, al lado de ella, yo la borré”, relató Benavides a Semana.
La cita, planeada en un lugar neutral y sin vínculos personales aparentes, culminó con la eliminación de posibles pruebas, en lo que la testigo describió como un intento de obstrucción de la investigación.
El testimonio de Benavides no solo compromete a la senadora Bitar, quien ya había sido señalada por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y el exsubdirector Sneyder Pinilla como una de las beneficiarias de la repartición de contratos por más de 92.000 millones de pesos.
Los contratos, según la información recabada por Semana, se distribuyeron en municipios como Cotorra (Córdoba) con 50.000 millones, El Salado (Bolívar) con 12.300 millones y Saravena (Arauca) con 30.000 millones.
Además, Benavides implicó en su declaración a otros congresistas de la Comisión de Crédito Público, entre ellos Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, quienes habrían recibido “cupos indicativos” bajo la autorización del entonces ministro Bonilla.
La colaboración de Benavides con la justicia se produjo tras la aprobación de un principio de oportunidad que le otorgó inmunidad total, en reconocimiento a la contundencia de su testimonio y las pruebas aportadas.
La exasistente explicó que actuó siguiendo instrucciones del exministro Bonilla y que nunca tuvo intención de enriquecerse ni de participar en actos de corrupción. Sin embargo, su participación en la entrega de cupos indicativos la situó en el centro del escándalo, con consecuencias personales y judiciales.
El impacto de su colaboración ha sido profundo. Benavides, quien contaba con una beca para estudiar en el Reino Unido, se vio obligada a renunciar a esa oportunidad académica. Además, enfrentó un proceso judicial que la dejó al borde de la cárcel, su vivienda familiar fue allanada y tanto ella como sus allegados recibieron amenazas. Incluso, ha tenido dificultades para realizar trámites bancarios, según relató a Semana, lo que evidencia el alto costo personal de su decisión de colaborar con la justicia.
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