La decisión de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Mocoa, Putumayo, para permitir la ejecución de un proyecto sobre un bien catalogado como cultural y patrimonial del municipio encendió las alarmas entre la ciudadanía y los entes de control.
Esta acción facilitó la suscripción de un contrato por más de 7.838 millones de pesos para la intervención del parque Santander, ubicado en el centro de Mocoa, sin que existieran los permisos y estudios requeridos por la ley, de acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía.
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Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano, atribuyéndole el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
“Las evidencias dan cuenta de que estaría involucrado en las irregularidades detectadas en un contrato suscrito el 16 de diciembre de 2015, por más de 7.838 millones de pesos, que tenía como propósito la intervención general del parque Santander, en el centro de Mocoa (Putumayo)”, señaló el ente acusador.
El acto tuvo lugar ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, en función de control de garantías, donde se expuso que la gestión del proyecto se llevó ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Regional Sur con la intención de obtener financiación mediante recursos de regalías.
No obstante, la propuesta fue presentada sin contar con la licencia de construcción ni permisos ambientales exigidos, pese al dictamen negativo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Vivienda.
“Finalmente, el contrato fue celebrado. Se dispuso la demolición de 4.308 metros cuadrados de placas de piso y la tala de árboles, afectando el hábitat de la fauna silvestre, para la construcción de un parqueadero, vías y otras obras previstas”, señaló la Fiscalía
A pesar de la oposición manifestada por la comunidad y los conceptos técnicos desfavorables, el contrato se formalizó la tarde del 16 de diciembre de 2015.
Las obras contemplaron la demolición de 4.308 metros cuadrados de placas de piso y la tala de árboles, lo que impactó notablemente el ecosistema y el hábitat de fauna silvestre en la zona.
La justificación técnica, jurídica, ambiental y administrativa del proyecto carecía de estudios integrales de conveniencia y oportunidad, según las evidencias aportadas por la Fiscalía.
El caso evidencia que, para lograr la viabilidad administrativa, se habría recurrido a la alteración de normas urbanas sin respetar el carácter patrimonial del parque, que legalmente impedía cualquier modificación en el uso del suelo. La Fiscalía sostiene que el proceso completo estuvo marcado por la falta de instrumentos de planificación adecuados y de los permisos requeridos por la legislación vigente.
Apenas en julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 9 años y 11 meses de prisión contra el exgobernador del Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano por su participación en una organización dedicada a la minería ilegal, especialmente a la extracción ilícita de oro.
La decisión de segunda instancia determinó que Díaz Burbano facilitó las operaciones de la estructura criminal al adquirir maquinaria con recursos del departamento y comprar oro extraído de manera ilegal, lo que ocasionó un grave daño ambiental.
El expediente judicial señala que en 2015, cuando ejercía como gobernador, el exfuncionario pactó su adhesión a la organización, y posteriormente representó al Putumayo en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador durante el periodo 2018-2022.
La Sala de Casación Penal lo halló culpable de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y receptación.
El fallo, que no requirió nueva orden de captura debido a antecedentes de detención, tuvo ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán. Según la Corte Suprema de Justicia, la responsabilidad penal de Jimmy Harold Díaz quedó probada más allá de toda duda razonable tras el análisis de las pruebas y el desarrollo del juicio.
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