En una carta compartida públicamente, un grupo de exministros comunicó en la mañana del 6 de noviembre nuevos detalles de lo que sería un plan orquestado por el Gobierno nacional para acabar con el sistema de salud en Colombia, al parecer, con el propósito de dar trámite a las reformas del presidente Gustavo Petro.
En la misiva, los exfuncionarios denunciaron que la crisis que enfrenta el sistema de salud se presenta ahora como el resultado de acciones deliberadas y no, como había sido interpretado en ocasiones anteriores, de factores azarosos o meramente coyunturales.
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En grupo de exministros y exviceministros de salud exigieron un viraje institucional urgente y alertaron sobre el impacto de lo que consideran una manipulación política sostenida de la política sanitaria.
Los exfuncionarios señalaron que la destrucción progresiva de la estructura de salud responde a decisiones gubernamentales orientadas a “desfinanciar, desordenar y debilitar su estructura”, afectando la prestación de servicios a millones de ciudadanos.
Según este grupo, el deterioro no ha surgido espontáneamente: “Lo que hoy vive la salud en Colombia no es fruto del azar, sino de decisiones deliberadas”, advirtieron en el documento.
Con sus declaraciones, el bloque de exministros —Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño Soto, Fernando Ruiz Gómez, y varios exviceministros como Eduardo Alvarado Santander y Carlos Castro Espinosa— apuntó directamente a las políticas aplicadas en los últimos tres años por el Gobierno nacional.
Los firmantes denunciaron el uso de estrategias que han minado la confianza pública, provocado desfinanciamiento y generado desorden funcional, manipulación que, a su juicio, tiene el objetivo de justificar un reemplazo total del sistema actual.
Parte de la evidencia presentada en el comunicado proviene de declaraciones de los propios funcionarios del Ejecutivo. Destacaron que la entonces ministra de Salud señaló la necesidad de “hacer explícita una crisis para justificar una transformación estructural” y, además, negó la existencia de necesidades presupuestales, contradiciendo las alertas tempranas sobre falta de recursos.
Más adelante, el presidente de la República sostuvo que a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) “había que dejarlas caer, como un dominó”. Por su parte, el actual ministro de Salud expresó en Neiva que estas entidades estaban “en cuidados intensivos para presionar la reforma”.
Para los exministros, estas afirmaciones constituyen la prueba de que no se enfrenta una crisis accidental sino una estrategia “calculada para debilitar el modelo vigente y forzar una sustitución institucional por la vía del colapso”.
Esta situación ha resultado en efectos palpables dentro del sistema de salud colombiano, según comentaron: los exfuncionarios denunciaron el aumento de acciones judiciales (tutelas), quejas y mayores barreras de acceso para los usuarios.
“Los pacientes padecen demoras, cierres de servicios y desabastecimientos”, subrayaron, advirtiendo que los trabajadores de la salud viven en un clima de incertidumbre laboral y que, incluso, las órdenes de la Corte Constitucional han sido desobedecidas por las propias autoridades del sector.
La respuesta institucional, recalcaron, tampoco se ha realizado respetando los cauces legales. Criticaron la aprobación por decreto de una reforma estructural al sistema de salud, vulnerando el mandato constitucional que exige al Congreso la aprobación de cambios centrales en materia de seguridad social.
Esta acción fue frenada provisionalmente por el Consejo de Estado, como reconocimiento de las múltiples demandas que alegan su “ilegalidad e inconstitucionalidad” y el daño que causaba a la salud de la población.
En el Congreso tampoco prosperaron los intentos del Ejecutivo para avanzar con el proyecto. Los exministros subrayaron que la propuesta no cumple con “los mínimos constitucionales para transformar un sistema que regula y protege un derecho fundamental”, y carece de un “aval fiscal para su financiamiento” así como de soluciones a los graves problemas estructurales.
Denunciaron, además, prácticas de “ofensa, injuria y ataque reputacional” desde el Gobierno nacional y algunos de sus voceros parlamentarios hacia quienes cuestionan la reforma desde una perspectiva técnica.
El mensaje final del grupo fue categórico: “La salud de los colombianos no puede seguir siendo campo de experimentación ideológica ni de pulsos políticos”.
Invluco, propusieron que el próximo gobierno priorice la reconstrucción de la confianza y la capacidad técnica del Ministerio de Salud, asegure la liquidez del sector, centre al paciente en la toma de decisiones y avance hacia un modelo financiero estable, transparente y eficiente.
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