
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social (Sinaltraempros) emitió un comunicado rechazando la directriz que, según aseguran, fue enviada desde el despacho del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, para instalar imágenes del presidente Gustavo Petro y del propio ministro en los espacios de atención al ciudadano de la entidad.
El sindicato asegura que la medida contraviene la Ley 2345 de 2023, que prohíbe la autopromoción de funcionarios en entidades públicas y establece lineamientos claros para la unificación de la imagen institucional. En su comunicado, Sinaltraempros indicó que la colocación de estas fotografías podría interpretarse como propaganda política en un momento preelectoral.
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Según la organización sindical, la orden habría sido enviada a los directores territoriales del Ministerio de Trabajo, quienes tendrían la responsabilidad de cumplir con la disposición. “El Ministerio del Trabajo debe propender por el trabajo digno y decente, debe ser ejemplo de la implementación de las políticas laborales del país, y no se da ejemplo cuando se constriñe a los subalternos a hacer o a realizar actividades y mucho menos ‘actividades’ que están en contra de la ley”, señala el comunicado al que tuvo acceso Infobae Colombia.

El documento detalla que la directriz viola el ordenamiento jurídico y subraya la importancia de mantener la neutralidad política de los funcionarios públicos. La organización afirma que la colocación de fotografías en áreas de atención al ciudadano podría ser interpretada como una presión sobre los empleados para respaldar al presidente o a miembros de su gabinete.
La Ley 2345 de 2023 establece claramente:
- Prohibición de autopromoción: no se pueden utilizar recursos públicos para enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del gobierno nacional o territorial.
- Unificación de la imagen: se debe estandarizar la imagen de las entidades estatales mediante un Manual de Identidad Visual, usando elementos institucionales como escudos o banderas, y no logotipos asociados a gobiernos o partidos.
- Marcas de gobierno: se prohíbe la promoción de planes de gobierno o acciones de personas elegidas por periodo fijo, salvo excepciones debidamente justificadas.
El sindicato recalca que, incluso si la financiación de la publicación no proviene directamente de recursos estatales, la obligación de los funcionarios de cumplir la directriz podría constituir una forma de coacción y un uso indebido de la institución para fines políticos.
Solicitud de retiro de las imágenes
Sinaltraempros solicitó de manera inmediata que se retiren las fotografías: “Solicitamos que en forma inmediata se ordenen el retiro de estas imágenes de las Direcciones Territoriales y dependencias del Ministerio en las que hayan sido ubicadas”, concluye el comunicado.
El sindicato también subraya que los servicios prestados por los funcionarios en las Direcciones Territoriales son labores misionales, desempeñadas con independencia del gobierno de turno, y que estas funciones no deben ser utilizadas como plataformas de promoción política.
Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte del Ministerio del Trabajo ni del despacho del ministro Sanguino respecto a la denuncia. La controversia se suma a la discusión nacional sobre la neutralidad de los funcionarios públicos y el cumplimiento de la normativa que regula la publicidad estatal en Colombia.
De hecho, el mismo día que se conoce de esta denuncia, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el ministro Antonio Sanguino por presunta participación en política, luego de un trino publicado en su cuenta de X el 1 de noviembre de 2025, en el que cuestionó el encuentro entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo.

La investigación se originó a partir de una publicación del medio El Espectador en su canal de YouTube, que anunciaba la “gran coalición por el futuro de Colombia” entre los exmandatarios. En respuesta, Sanguino publicó: “¿Futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política“.
En caso de que el Ministerio Público concluya que hubo participación en política, el ministro podría enfrentar sanciones disciplinarias.
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