Embargo de la Dian a Ecopetrol: qué dicen Reficar y los trabajadores por los problemas de suministro de gasolina y Acpm que se vienen

El embargo que inició la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) contra la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, tiene en crisis al sector energético colombiano. La medida, que exige el pago de $1,03 billones por la supuesta omisión del IVA del 19% en la importación de combustibles, provocó la reacción inmediata de la Unión Sindical Obrera (USO) y de la propia refinería, que anunciaron acciones legales para frenar el proceso.

Y es que el riesgo de un cese temporal de operaciones y el posible desabastecimiento de combustibles en la Costa Caribe, así como la afectación directa a los 2.300 empleados de la planta, sitúan este conflicto en el centro del debate económico y social del país.

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El proceso de embargo se originó en diciembre de 2024, cuando la entidad tributaria emitió un concepto que obliga a Ecopetrol y a Reficar a cancelar el 19% de IVA sobre el diésel y la gasolina importados. La resolución contempla efectos retroactivos, en el que se abarcan 2022, 2023 y 2024, lo que suma una deuda de $1,5 billones.

Sin embargo, la resolución de embargo más reciente establece un monto mínimo de $1,3 billones, que corresponde a 61 declaraciones de importación hechas por la refinería bajo una tarifa del 0%, en contraste con el 19% exigido por la Dian.

La decisión de la autoridad tributaria implica la posibilidad de un embargo de las cuentas bancarias de Reficar, lo que dejaría a la refinería con capacidad operativa para solo entre siete y 18 días tras la ejecución de la medida, según Caracol Radio.

De concretarse el embargo, la planta se vería obligada a suspender operaciones, lo que afectaría el suministro de combustibles como Jet, diésel y gasolina en la costa Caribe, una región que depende de la producción diaria de 200.000 barriles de la refinería.

Frente a este escenario, Reficar presentó una acción de tutela con el fin de evitar el inminente embargo de sus cuentas bancarias de la Dian. La solicitud fue radicada por Alejandro Linares Cantillo, apoderado legal de la empresa, que argumentó que la decisión administrativa de la autoridad fiscal vulnera derechos fundamentales.

En el documento, la defensa de Reficar sostiene que la medida de embargo, establecida en la Resolución 12812 del 30 de octubre de 2025 y notificada el 4 de noviembre, pone en grave riesgo la continuidad de las operaciones de la planta, con la posibilidad de una detención total en un plazo de entre siete y 11 días calendario. El cese de actividades, según advierte la empresa, afectaría el suministro nacional de combustibles y pondría en riesgo la soberanía energética del país, de acuerdo con la información incluida en el expediente judicial.

El recurso solicita la protección transitoria de varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia jurídica y la subsistencia de la empresa, el debido proceso en materia administrativa, el derecho a la igualdad, y el derecho al trabajo de más de 4.600 empleados directos e indirectos. La compañía considera que la interpretación unilateral y retroactiva de los conceptos jurídicos por parte de la Dian contradice abiertamente la Constitución y deja a Reficar sin mecanismos efectivos de defensa administrativa.

Dentro de la acción presentada, Alejandro Linares Cantillo pidió al juez ordenar la suspensión inmediata de los efectos de la resolución y solicitar a la Dian abstenerse de ejecutar embargos u otros procedimientos de cobro hasta que se resuelvan las acciones judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestas por la empresa.

“Se solicita resguardar provisionalmente la existencia de la compañía y el trabajo de sus colaboradores, en tanto se resuelve en el fondo la disputa administrativa”, señaló Linares Cantillo en la tutela. La petición invoca jurisprudencia de la Corte Constitucional al citar precedentes donde se protege el derecho colectivo al empleo ante actuaciones estatales que amenazan la estabilidad empresarial.

La acción fue radicada en Cartagena y se encuentra en trámite ante los jueces de tutela. El proceso continuará mientras la autoridad tributaria mantiene la exigencia de la deuda de IVA y la posibilidad de iniciar procedimientos de cobro coactivo sobre los activos de Reficar.

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) también anunció la presentación de una tutela al resaltar el impacto laboral de la medida. La organización sindical sostiene que la decisión de la Dian pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias en la región y exige la suspensión inmediata del embargo mientras se resuelven los recursos legales.

El alcance de la medida trasciende el ámbito laboral y operativo. Empresas distribuidoras como Terpel, Exxon y Petromil, que dependen del suministro de Reficar, se verían afectadas. Además, si la refinería no paga el 19% de IVA en el futuro, sus productos podrían considerarse de contrabando, lo que las expondría a acciones legales adicionales.

Las implicaciones económicas para Ecopetrol son igualmente relevantes. Los contratos de emisión de bonos de la petrolera estatal incluyen cláusulas que consideran un embargo superior a $400.000 millones (aproximadamente USD100 millones) como un evento de incumplimiento, lo que podría acelerar la exigencia de pago de la deuda total de Ecopetrol, que asciende a $120 billones.