La recuperación parcial de 163 toneladas de cobre robadas en el puerto de Buenaventura ha puesto en evidencia la sofisticación de una red criminal que operaba desde el interior de la terminal marítima.
Un juez de control de garantías ordenó la reclusión preventiva en centro carcelario para nueve personas presuntamente implicadas en el hurto de cinco contenedores, cuyo valor supera los cinco mil millones de pesos.
La investigación, iniciada tras la denuncia presentada por la empresa importadora afectada, permitió a la Fiscalía General de la Nación reconstruir el modus operandi de la organización.
El caso reveló la participación de empleados de una agencia aduanera contratada para legalizar la mercancía ante la Dian, personas que habrían facilitado el acceso irregular a los sistemas internos del puerto.
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Según la Fiscalía, la carga arribó a Buenaventura el trece de julio de 2024 y recibió autorización para su retiro dos días después. La red delictiva aprovechó este margen para intervenir en los procedimientos administrativos.
“Los directivos de la empresa afectada instauraron la denuncia luego de detectar inconsistencias en el retiro de los contenedores, ya que cinco de ellos fueron retirados sin autorización”, explicó el ente investigativo en un comunicado.
Dos de los imputados, de acuerdo con la investigación, habrían autorizado el desbloqueo de los contenedores y cargado la información correspondiente en el sistema de la sociedad portuaria, lo que permitió la obtención de los pines de seguridad necesarios para el retiro físico de la mercancía.
En la siguiente fase del plan, otra de las procesadas gestionó los permisos que habilitaron el ingreso de los tractocamiones al puerto.
Una vez obtenidos estos documentos de manera fraudulenta, tres conductores accedieron a la terminal, retiraron los cinco contenedores y los trasladaron hasta una bodega ubicada en Tuluá, también en el departamento de Valle del Cauca.
Allí, otros integrantes de la red aguardaban para recibir el cargamento de cobre. La intervención oportuna de la Policía de Carreteras permitió recuperar una fracción de la carga sustraída, aunque la Fiscalía no precisó la cantidad exacta recuperada.
El fiscal seccional encargado del caso imputó a los nueve capturados el delito de hurto calificado y agravado.
Los procesados, identificados como Leidy Johana Aislant Ibarra, Adriana Milena García Mosquera, Dewin Góngora Sánchez, John Jairo Martínez Rojas, Jhon Fredy Molina Durango, Yeison Camilo Villada López, Wilmer Alexander Bolaños Solarte, Jorge Enrique Cortés Gutiérrez y Jhoan Sebastián Quintero Aguirre, rechazaron los cargos formulados en su contra.
Capturados por extorsión en puerto de Buenaventura
La intervención policial efectuó un golpe significativo a la seguridad en Buenaventura al detener a miembros clave de una red de extorsionistas que operaba en el principal corredor portuario del suroccidente colombiano. Las autoridades informaron que “Sipi” y “Pepón”, vinculados al grupo delictivo “Los Espartanos”, fueron aprehendidos mientras recibían dinero producto de extorsiones a transportadores de carga.
Según la Policía Nacional, ambos individuos exigían a los conductores de tractocamiones alrededor $5.000.000 para autorizar el acceso a las zonas de cargue del puerto. La captura se produjo gracias a operaciones de inteligencia y seguimiento desplegadas por el Gaula y la Seccional de Carabineros, quienes lograron interceptar a los sospechosos en flagrancia y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.
Se identificó además que el día previo a la detención, “Sipi” y “Pepón” habrían participado en robos bajo la modalidad de “descuelgue”, dirigidos a quienes se resistieron a pagar las demandas económicas. Imágenes de estos actos circulaban ampliamente en redes sociales, incrementando la sensación de inseguridad entre los transportadores y la población local. Estas acciones intimidatorias habrían sido utilizadas como represalia y método de presión para forzar los pagos exigidos.
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