“Aquí defendiendo la democracia, maestro”: la historia de la polémica frase del coronel Plazas Vega durante la sangrienta retoma del Palacio de Justicia

El 6 y 7 de noviembre de 2025 se conmemoran cuarenta años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un hecho que marco la historia de Colombia.

En medio del ataque propiciado por guerrilleros del Movimiento 19 de Abril o M-19, una frase quedó grabada en la memoria colectiva de los colombianos.

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“Aquí defendiendo la democracia, maestro”, fue la frase pronunciada por el entonces teniente coronel del Ejército Alfonso Plazas Vega a un periodista, en medio del asalto militar para recuperar el Palacio de Justicia.

“Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento, esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el Ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando, porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar”, siguió declarando.

Incluso, uno de los momentos más imborrables fue la desesperada petición de Alfonso Reyes Echandía, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la vida de magistrados y funcionarios.

Al ser interrogado por ello, Plazas Vega contestó: “Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé (...) No sé, yo no sé quién esté, yo no sé quién esté adentro. O quién esté afuera. Yo sé que salieron varios magistrados, no sé si tal vez esté entre ellos”.

Aquella expresión, dirigida a un periodista entre el estruendo de los disparos y el caos, se convirtió en símbolo de una de las jornadas más trágicas y controvertidas de la historia reciente del país.

Emilio José Archila Peña, exconsejero presidencial, en su editorial publicada en la revista Derecho y Economía de la Universidad Externado de Colombia, aseguró que la frase de Plazas Vega evidenció que “el temor sí se apoderó de la sociedad y la respuesta estatal pudo haber sobrepasado los límites, al punto de que quienes debían proteger terminaron siendo señalados como victimarios”.

El Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, fue ocupado por el Movimiento 19 de Abril (M-19) el 6 de noviembre de 1985.

La respuesta militar, liderada por la Escuela de Caballería bajo el mando de Plazas Vega, culminó tras veintiocho horas de enfrentamientos. El saldo fue devastador: cerca de cien muertos y once personas desaparecidas —diez empleados de la cafetería y una guerrillera— que, según las investigaciones, salieron con vida del edificio y fueron trasladadas a la Casa del Florero, sin que se volviera a saber de ellas.

El contexto político de la época estuvo marcado por la presidencia de Belisario Betancur y la presencia de Miguel Vega Uribe, suegro del entonces teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fungía como ministro de Defensa.

Antes del holocausto, se tenía conocimiento que reposaban 1.800 procesos contra el Ejército de Colombia por violaciones de derechos humanos y que el Consejo de Estado “condenaba al Estado de cuatro a seis veces a la semana”, según recordó la periodista Ana Cristina Restrepo en una columna de opinión publicada en El Espectador.

Adicionalmente, recordó que Miguel Vega estaba implicado en una sentencia de la Sección Tercera. “Los magistrados se convirtieron en rehenes de los militares”, se lee en un testimonio recogido en el libro El Palacio de Justicia de Ana Carrigan.

Despues de la Toma al Palacio, la vida del coronel Plazas Vega estuvo marcada por una serie de ascensos y reconocimientos.

Según información recopilada por La Silla Vacía, tras su paso por la Escuela de Caballería, el militar boyacense fue ayudante general del Comando General de las Fuerzas Militares (1987-1988) y jefe del Estado Mayor de la Segunda Brigada en Barranquilla (1989-1990).

En 1990 fue designado agregado militar adjunto en Madrid y, tras no ser llamado a curso de general, se retiró en 1992.

A lo largo de su carrera recibió diecisiete medallas nacionales, una condecoración del gobierno venezolano y seis distinciones adicionales tras su retiro, entre ellas la Orden de la Democracia de la Cámara de Representantes.

Posteriormente, incursionó en la política, inicialmente en el Partido Liberal, donde su primo Édgar Plazas tenía una activa militancia y una carrera en cargos públicos. En 1994, Jaime Castro lo consideró para el cargo de Secretario de Tránsito de Bogotá, aunque finalmente el puesto fue ocupado por José María Ortiz.

En ese mismo año, Plazas se postuló al Senado encabezando una lista de oficiales en retiro avalada por el Partido Liberal, en apoyo a la candidatura presidencial de Ernesto Samper. No logró obtener el escaño y, aunque fue considerado para el cargo de subdirector de la Aeronáutica Civil, no fue designado.

Aunque fue nombrado cónsul en Hamburgo (Alemania), la presión de organizaciones de derechos humanos llevó a la reversión del nombramiento. Posteriormente, fue designado cónsul en Los Ángeles (Estados Unidos), pero la visa diplomática le fue negada en 1995.

Se desempeñó como asesor presidencial en la Consejería de Defensa y Seguridad Nacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la oficina de soberanía territorial y como asesor del general Fernando Tapias Stahelin cuando este fue comandante general de las Fuerzas Militares entre 1998 y 2001.

En 2002, Miguel Ángel Bermúdez lo nombró secretario del Interior de Boyacá, pero Plazas declinó el cargo tras recibir la oferta de Álvaro Uribe Vélez para dirigir la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Durante su gestión en la extinta entidad, Plazas enfrentó críticas por la asignación de bienes a la familia Pupo Murgas, por su defensa de las fumigaciones con glifosato y por intervenir para impedir la excarcelación de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exlideres del Cartel de Cali. Permaneció en el cargo hasta 2004, cuando renunció tras un debate de control político citado por Javier Cáceres en el Senado.

A pesar de los cuestionamientos, Plazas intentó nuevamente llegar al Senado en 2006, esta vez con el Partido de La U, pero obtuvo menos de cinco mil votos.

En 2007, comenzaron sus problemas judiciales. Inicialmente, el excoronel Plazas Vega fue llamado a indagatoria y posteriormente detenido por las desapariciones del Palacio de Justicia.

Tres años después, fue declarado responsable mediato en primera instancia por la tortura y desaparición de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, y de la guerrillera Irma Franco.

Aunque la sentencia estableció que el exmilitar no ejecutó directamente las desapariciones, tenía control sobre la seguridad de las víctimas dentro de la estructura militar, lo que lo convirtió en el primer condenado por ese delito.

A su vez, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Plazas Vega a treinta años de prisión por la desaparición forzada agravada de siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19. Desde 2008, el oficial retirado permaneció recluido en una unidad militar en Bogotá.

Entre los elementos evaluados, la Corte destacó las declaraciones de Édgar Villamizar Espinel, César Sánchez Cuesta, Tirso Sáenz Acero y Yolanda Santodomingo, testimonios que el Tribunal había considerado para dictar la condena. Sin embargo, los magistrados señalaron que “no brindan credibilidad para fundar en ellas una decisión de tal carácter, dadas las inconsistencias de su testimonio”.

En declaraciones a periodistas desde su lugar de detención, Plazas Vega sostuvo que “la Corte Suprema reivindicó a la justicia colombiana” y criticó la investigación y las decisiones judiciales previas, afirmando: “Hubo una pésima investigación y unas decisiones equivocadas por parte de la primera y segunda instancia”.

Adicionalmente, Plazas Vega manifestó que en su caso “se ha cometido un terrible atropello, se han violado los derechos humanos, los derechos fundamentales, el debido proceso. La Corte reivindicó la rama de los errores cometidos por quienes estuvieron a cargo de la investigación”.