El futuro de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), elemento central en la financiación del sistema de salud colombiano, ha generado una fuerte disputa entre el Ministerio de Salud y diversas organizaciones de pacientes.
Mientras el Gobierno argumenta que los recursos previstos para 2025 son suficientes, representantes de los usuarios denuncian riesgos crecientes para la atención y alertan sobre incumplimientos de los fallos de la Corte Constitucional.
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Durante el tercer encuentro nacional de organizaciones de pacientes, realizado en las últimas semanas, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, detalló que el Ministerio de Salud concluyó que el presupuesto proyectado para el próximo año cubre las necesidades del aseguramiento.
La funcionaria insistió en la importancia de conocer con transparencia las cifras y bases de datos evaluadas para llegar a esa decisión. “La conclusión del ejercicio era que los recursos eran suficientes, que no había lugar a un presunto ajuste, que después de correr las bases de suficiencia, el Ministerio había encontrado definitivamente que los recursos alcanzaban”, sostuvo Vesga, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.
Por parte del Gobierno, la postura oficial insiste en que las áreas técnicas del ministerio han revisado en detalle las mesas de trabajo con los distintos actores del sector. Se prevé que las conclusiones serán socializadas dentro de las próximas semanas, cuando se anuncie formalmente el incremento de la UPC para 2026 ante la Comisión de Costos, Tarifas y Beneficios.
Pacientes cuestionan criterios del Gobierno y advierten vulneraciones
Las organizaciones de usuarios, bajo el liderazgo de Dennis Silva, vocero de Pacientes Colombia, han reiterado discrepancias con la visión oficial. Silva calificó los resultados presentados por el Ministerio como un “falso positivo” y enfatizó según Blu radio en que:
“Hoy la plata es insuficiente, el Gobierno dice que es suficiente. Si la plata es suficiente, ¿por qué las ocho EPS intervenidas son las que más barreras generan? Y se están incumpliendo los autos de la Corte”.
Silva advirtió que el Ministerio habría entregado en agosto a un actor del sistema un documento preliminar en el que se anticipaba la suficiencia de la UPC para el cumplimiento de la operación del aseguramiento, mientras las mesas técnicas convocadas para la revisión continuaron hasta septiembre. Esto plantea dudas entre las organizaciones acerca de la apertura del proceso deliberativo y la validez de los espacios de diálogo, según lo mencionado por Caracol Radio.
Adicionalmente, Blu radio afirmó que el vocero subrayó que no todos los agentes del sistema, ni las realidades de todas las regiones, han sido tomadas en cuenta: “El cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional que ordenan ajustes para garantizar financiación adecuada y condiciones de acceso continúa siendo un reto pendiente”. Silva hizo un llamado al alto tribunal para que evalúe la aplicación de la acción de desacato al gobierno nacional y, en sus palabras, “declare el estado de cosas inconstitucionales”.
Falta de consenso y riesgos estructurales
Diversos expertos y representantes del sector salud consultados por uno de los medio ya mencionado, han advertido que la insuficiencia de la UPC se manifiesta en cierres de servicios, acumulación de deudas y un deterioro progresivo en la capacidad de respuesta del sistema. Durante las mesas técnicas desarrolladas entre el Gobierno, las EPS y las agrupaciones de pacientes, se establecieron diferentes escenarios de proyección presupuestal, pero los participantes no llegaron a conclusiones comunes, manteniéndose las posturas divididas.
El medio radial también destaca que, a menos de dos meses del cierre del 2025, continúa pendiente la ejecución plena de la orden de la Corte Constitucional sobre el ajuste de la UPC, lo que añade presión sobre el ministerio en el proceso de definición del nuevo monto.
Próximos pasos y expectativas
Distintos actores del sistema, como ACEMI y Pacientes Colombia, han solicitado que las bases de datos y criterios técnicos utilizados en el análisis presupuestal del Ministerio sean publicados antes del cierre de año, para garantizar transparencia y seguimiento efectivo a la evolución del proceso. El sector salud permanece a la espera de la decisión oficial respecto al ajuste de la Unidad de Pago por Capitación para 2026, en medio de preocupaciones por la sostenibilidad del modelo y el acceso igualitario en todo el territorio nacional.
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