La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación por el proyecto de Nuevo Marco Tarifario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que impulsa la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Según Asocapitales, la implementación de la propuesta podría afectar la calidad y continuidad en la prestación de estos servicios básicos en las ciudades capitales, además de poner en riesgo la autonomía de los gobiernos locales.
Así lo expresó la asociación en un oficio formal enviado a la CRA, en el que solicita ajustes técnicos para garantizar la viabilidad financiera y la sostenibilidad de los sistemas públicos en el largo plazo.
De acuerdo con la entidad, el diseño regulatorio actual genera tensiones operativas y financieras que comprometerían la capacidad de los municipios para asegurar la prestación, el financiamiento y la planeación de los servicios, conforme a las competencias que la Ley 142 de 1994 otorga a los alcaldes como responsables directos de los mismos.
Asocapitales recomendó a la CRA adoptar mecanismos que permitan preservar la autonomía territorial en materia de servicios públicos y que faciliten una transición gradual a los nuevos modelos tarifarios, sin afectar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales.
La asociación estima que las decisiones regulatorias, tomadas sin un análisis de impacto suficiente, tendrían un efecto directo sobre las finanzas municipales y el equilibrio de los sistemas locales.
Aunque Asocapitales respalda los objetivos del Gobierno nacional de avanzar hacia una economía circular y optimizar la gestión de residuos, subraya la importancia de que estos cambios normativos se construyan en diálogo con los gobiernos locales, para que la transición sea equitativa y compatible con las capacidades reales de los territorios.
El proyecto de la CRA propone que los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado se clasifiquen en cuatro segmentos, según sus costos operativos y administrativos, e incorpora incentivos para el uso de energías renovables.
Además, establece que los activos solo podrán trasladarse a la tarifa una vez entren en operación, y que los recursos no invertidos deberán devolverse en un plazo de hasta un año.
Para el servicio de aseo, la regulación propuesta busca:
- Fortalecer el control sobre la sostenibilidad hídrica.
- Exigir la devolución de recursos no ejecutados.
- Reducir pérdidas de agua.
- Dar protagonismo a las opiniones de los usuarios sobre la calidad.
La CRA ha dado a conocer dos propuestas de marcos tarifarios para consideración pública, con el propósito de mejorar cobertura, calidad y continuidad en la prestación de estos servicios para el año 2026.
No obstante, Asocapitales alerta que aún faltan estudios y debates para medir el verdadero impacto económico y social tanto en usuarios como en operadores y gobiernos.
En su análisis técnico y jurídico, Asocapitales concluye que la iniciativa, si bien busca eficiencia y sostenibilidad, presenta riesgos para la estabilidad financiera de los servicios públicos y la sostenibilidad fiscal local.
Por tal motivo, la asociación solicita a la CRA realizar un análisis de impacto normativo y fiscal para cuantificar los posibles efectos económicos, sociales y financieros del nuevo marco.
Asimismo, solicitan la publicación de los modelos y bases de datos que sirvieron como sustento técnico, y la creación de un mecanismo permanente de diálogo entre la CRA, los municipios y sus asociaciones, para garantizar la participación de los gobiernos locales en la elaboración de las normas.
Las preocupaciones de Asocapitales se suman a las expresadas por recicladores, empresarios del sector, entidades territoriales, el Ministerio de Vivienda y expertos en servicios públicos, quienes han advertido sobre la importancia de asegurar transparencia, inclusión y rigor técnico en cualquier ajuste tarifario futuro para evitar contratiempos para las partes involucradas.
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