Estrategia de Gustavo Petro para posicionarse en redes sociales tiene en la mira al Servicio Geológico y al Ministerio de Educación: esta es la razón

En una decisión que buscaría analizar a fondo la utilización de perfiles en redes sociales para la promoción del Gobierno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio el miércoles 5 de noviembre las acciones de cumplimiento presentadas contra el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y Ministerio de Educación; en un caso que promete una fuerte discusión sobre la neutralidad institucional en Colombia.

La acción, promovida por la Fundación para el Estado de derecho (FEDe), pondría en evidencia el presunto uso de cuentas oficiales en redes sociales para difundir mensajes que promueven la figura del presidente de la República, Gustavo Petro; lo que podría contravenir la Ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción, en la que se establecen una serie de disposiciones frente a este tipo de sucesos.

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Según la acción de cumplimiento, entre septiembre y octubre se habría utilizado la infraestructura comunicativa del Estado para fines ajenos a la misión institucional de las entidades. En ese sentido, el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial para promover a servidores públicos particulares o para difundir mensajes no relacionados con las funciones de la entidad.

La Fundación para el Estado de derecho, representada legalmente por Andrés Caro, sostuvo que tanto el Ministerio de Educación como el SGC habrían incumplido estos deberes legales al emplear recursos institucionales para agendas políticas. A juicio de la entidad, se constató un patrón similar que replicó piezas y mensajes políticos ajenos a su misión sectorial, lo que se constituye una vulneración al fin de estos perfiles.

“El uso de una cuenta destinada a alertar a la población sobre riesgos naturales para fines de propaganda es preocupante, pues se puso temporalmente al servicio de un objetivo político un canal cuya razón de ser es la protección de la vida y la gestión del riesgo”, precisó Caro, frente a lo que sucedió, en este caso, con los perfiles del SGC, que son seguidos por miles de colombianos debido a su relevancia.

El expediente que será revisado por el referido tribunal detalla que, desde los canales oficiales del SGC, se difundieron mensajes vinculados a campañas políticas del Gobierno nacional. Entre los ejemplos citados se encuentran hashtags como #SeRobaronLaSalud, #TrumpSeEquivocóDePaís y #El24ALaPlaza; este último utilizado para promover una movilización convocada por el jefe de Estado; cuando no corresponde a su misión.

Estas publicaciones, según las reclamaciones, exceden el carácter informativo e institucional que debe regir la comunicación de las entidades estatales. El alcance de la estrategia comunicativa se evidenció especialmente tras alocuciones nacionales del mandatario, cuando las redes sociales de diversas entidades estatales, incluidas aquellas de perfil técnico como el SGC, replicaron mensajes y material gráfico específico.

Todos ellos alineados con la agenda presidencial y no con las actividades e informaciones que son de interés público, relacionadas con estas dos dependencias. Cabe destacar cómo el 17 de septiembre, por ejemplo, se elaboró un manual con frases destacadas de Petro tras su respuesta al mandatario estadounidense Donald Trump, el cual se difundió en al menos 60 cuentas oficiales, frente a descertificación de la lucha antidrogas.

La FEDe afirmó que este tipo de acciones desnaturaliza la función pública, otorga ventajas comunicativas indebidas al Gobierno y afecta la igualdad democrática. “El uso de recursos institucionales para promover agendas políticas desnaturaliza la función pública, otorga ventajas comunicativas indebidas al Gobierno, afecta la igualdad democrática y puede derivar en faltas disciplinarias, fiscales y administrativas”, se advirtió.

Por ello, solicitó que las entidades se abstengan de utilizar la publicidad oficial o cualquier otro mecanismo de divulgación institucional para la promoción o exaltación de servidores públicos, o para replicar mensajes ajenos a su objeto legal. Una situación que tendrá que determinar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con la manera en que se pretendió amplificar un mensaje propagandístico desde el Ejecutivo.

El proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca prevé que la decisión de fondo se emita en los próximos 20 días desde la admisión del recurso. Durante este periodo, las entidades involucradas podrán presentar y aportar la documentación relacionada con las publicaciones señaladas, lo que permitirá al tribunal evaluar la procedencia de la acción y la eventual necesidad de ordenar el cese de las conductas denunciadas.

Es válido decir que, de forma paralela a la acción judicial, se han radicado denuncias ante la Procuraduría General de la Nación en esa misma línea. El 19 de septiembre, el ciudadano Hernán Cortés radicó un escrito solicitando que se investigue el presunto uso de redes sociales oficiales de varias entidades públicas con fines políticos y de promoción personal del presidente de la República, sin que se garantice neutralidad.

“Hemos advertido cómo el Gobierno nacional ha utilizado redes sociales institucionales, oficiales, técnicas, como son las redes sociales de la Dian, como son las redes sociales del sistema meteorológico que deberían ser neutras, técnicas, las ha utilizado para hacer propaganda oficial, las ha utilizado para tapar sus escándalos de corrupción y para mover su agenda, y eso es sencillamente ilegal e inconstitucional”, indicó Cortés.