Defensoría del Pueblo alerta aumento de ataques y asesinatos contra periodistas en Colombia y el mundo

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el aumento de amenazas, hostigamientos, ataques y asesinatos contra periodistas en Colombia y otros países, en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Datos del Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco indican que 1.834 periodistas han sido asesinados en el mundo desde 1993. Solo durante el último año, 83 periodistas perdieron la vida como consecuencia directa de ejercer su labor.

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Esta tendencia, reconocida internacionalmente, refleja una situación de vulnerabilidad persistente y pone en evidencia la magnitud de los riesgos asociados a la profesión en diferentes regiones del planeta, según la Defensoría.

El panorama nacional resulta particularmente grave. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 169 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977 por causas relacionadas con su oficio. Entre enero de 2020 y la fecha, la Defensoría del Pueblo reportó 10 casos fatales en departamentos como Córdoba, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío y Sucre.

Según el más reciente análisis, Colombia ocupa el puesto 115 entre 180 países evaluados por Reporteros Sin Fronteras, lo que la posiciona como uno de los contextos más peligrosos para el periodismo en 2025. Esta clasificación refleja las restricciones estructurales para el ejercicio pleno de la libertad de prensa en el país.

A nivel global, el 85% de los asesinatos contra periodistas permanece en la impunidad. Este dato pone en evidencia las fallas estructurales de los sistemas de justicia e impulsa la preocupación de la Defensoría del Pueblo por el efecto extendido de estas omisiones.

Desde la perspectiva de la entidad, la persistencia de la impunidad transmite un mensaje de tolerancia hacia estos delitos y consolida el clima de temor y autocensura entre quienes desarrollan investigaciones periodísticas o denuncian asuntos de interés colectivo. La lucha contra la impunidad se presenta como una condición indispensable para romper el círculo de violencia que afecta a la prensa.

La situación se agrava para las mujeres periodistas. Además de las agresiones físicas, enfrentan violencias digitales, campañas de desprestigio, acoso sexual y hostigamiento amplificado mediante redes sociales. Según la Unesco, en el bienio 2022-2023 se registró el mayor número de asesinatos de mujeres periodistas de los últimos siete años, con 14 casos en total.

Estos datos reflejan riesgos diferenciados y ponen de manifiesto la necesidad de dar respuestas institucionales con enfoque de género. Las barreras para la participación pública de las mujeres periodistas se incrementan frente a contextos de violencia física, digital y simbólica.

La Defensoría del Pueblo remarcó su petición a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial para que se investiguen, juzguen y sancionen “de manera diligente, independiente y eficaz” los crímenes cometidos contra periodistas en Colombia. Este llamado implica el fortalecimiento de la capacidad institucional, la mejora de las acciones de prevención de riesgos y la garantía de reparación integral para las víctimas y sus familias.

La entidad exhortó además al Gobierno nacional a pronunciarse de forma clara y activa en respaldo de la prensa, especialmente debido a la situación de vulnerabilidad que enfrenta la colectividad periodística. Solicita al Estado que impulse políticas públicas orientadas a garantizar la libertad de expresión, fortalecer el pluralismo y consolidar sistemas de medios públicos robustos, con mecanismos claros de prevención y con enfoque de género e interseccionalidad.

Convocó también a las autoridades y actores políticos a abstenerse de realizar declaraciones que puedan interpretarse como habilitadoras de violencia contra periodistas o de cualquier sector de la prensa, promoviendo de manera activa el respeto a la libertad e independencia editorial en todos los espacios institucionales.

En su declaración, la Defensoría del Pueblo reafirmó que toda sociedad democrática necesita una prensa libre, crítica y protegida. Según la entidad, ningún crimen cometido contra periodistas debe quedar sin verdad, justicia ni memoria, porque callar la voz de un periodista es silenciar el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La institución concluyó que la democracia se construye con garantías para decir la verdad y sin permitir la perpetuación de la impunidad.