El sistema de salud colombiano está en el limbo tras suspensión del decreto 0858 y el congelamiento de la reforma en el Congreso: esto dicen los expertos

El estancamiento de la reforma a la salud y la suspensión del decreto 0858 por parte del Consejo de Estado han sumido al sistema sanitario colombiano en una situación de incertidumbre sin precedentes.

Mientras el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso se enfrentan en una pugna política y jurídica, expertos y legisladores advierten sobre el riesgo de un deterioro progresivo en la atención, la sostenibilidad financiera y la confianza ciudadana.

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La reciente decisión de la Comisión Séptima del Senado de aplazar indefinidamente el debate de la reforma, tras la proposición de la senadora Nadia Blel, dejó en suspenso cualquier avance legislativo.

La proposición, respaldada por la mayoría, exige que no se discuta ni se vote el proyecto hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables para el año siguiente.

De este modo, el futuro de la reforma sanitaria quedó atado a la aprobación de una nueva ley de financiamiento, aún sin respaldo político.

La senadora Blel defendió la medida como una decisión “responsable” que evita comprometer al Congreso en un gasto sin soporte, mientras que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la calificó de muestra de “inoperancia legislativa” y acusó a los congresistas de “manejar la salud como directorios políticos”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, intentó revertir el aplazamiento con un mensaje de urgencia, pero el presidente de la Comisión Séptima ratificó que no habrá discusión hasta que se defina el destino de la ley de financiamiento.

Así, la reforma, que ya acumulaba meses de dilaciones y carecía de votos suficientes para aprobar cualquiera de sus tres ponencias, quedó nuevamente paralizada.

Por su parte, el médico salubrista y profesor de la Universidad de Los Andes, Luis Jorge Hernández, consideró que el fallo del Consejo de Estado fue un “freno institucional necesario”, pero advirtió que sus efectos profundizan la crisis del sistema.

Hernández explicó a El Tiempo: “La suspensión no solo detiene la aplicación del decreto, sino que deja en el aire las resoluciones y actos administrativos que lo desarrollaban, generando una profunda incertidumbre institucional y operativa en todo el sector”.

Esta incertidumbre se suma a una crisis financiera insostenible, marcada por el déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el volumen de deudas entre el Estado, las EPS —ocho de ellas intervenidas y controladas por el Gobierno— y las IPS, así como la presión fiscal del régimen subsidiado. Hernández advirtió: “El sistema se mantiene en el modelo actual, pero con la sostenibilidad financiera en su punto más frágil y sin una hoja de ruta clara”.

El académico prevé un deterioro progresivo en la atención: “Se va a presentar paulatinamente un colapso en los servicios de salud por esta crisis provocada por el mismo Gobierno para forzar su reforma”.

Su análisis coincide en parte con el del exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, quien también alertó sobre el deterioro del sistema si el Ejecutivo persiste en su estrategia de imposición. Galán señaló a El Tiempo: “Si el Gobierno no cambia su visión y abre un diálogo, y tampoco financia adecuadamente la UPC ni cumple con el mandato de la Corte Constitucional, lo que va a continuar es un deterioro del sistema, un incremento en las barreras de acceso y más dificultades para los pacientes”.

El representante a la Cámara por el Partido de la U, Víctor Salcedo, ofreció una visión crítica sobre la situación actual. Salcedo afirmó: “El sistema de salud está en malas condiciones porque el Gobierno no quiere pagar las deudas del sistema”, dijo a Infobae Colombia.

Señaló que existe una deuda histórica y que la actualización de la UPC debería estar a cargo de un ente técnico, no definida de manera arbitraria por los gobiernos. Salcedo criticó la política del Gobierno de destinar el treinta por ciento de los recursos a la atención primaria, en detrimento de la mediana y alta complejidad, lo que afecta directamente a los pacientes diagnosticados con enfermedades graves.

Según el congresista, tras la intervención de las EPS por parte del Gobierno, la deuda con estas entidades se ha duplicado o triplicado en algunos casos, y muchas EPS administradas por el Estado no reciben los recursos necesarios, lo que ha provocado el cierre de servicios en un gran porcentaje de IPS y de la red pública y privada.

Respecto a la suspensión del Decreto 0858, Salcedo sostuvo: “Lo que pasa es que usted no puede decir que va a gastar el treinta por ciento del presupuesto de la salud en atención primaria en salud cuando usted necesita los recursos para pacientes diagnosticados”, declaró.

Cuestionó la eficacia de los equipos básicos de atención primaria contratados por el Gobierno, señalando la falta de auditorías y capacidad resolutiva: “Usted le está diciendo que le está llevando médicos a donde nunca ha llegado un médico y llegan, le toman la tensión, le dicen que si le ha dolido la cabeza y no le dejan una pasta. Yo pregunto para qué sirve eso. Porque al final le dice: Vaya y pida una cita en la EPS. Entonces, la capacidad de resolución de los equipos básicos de atención primaria de salud es nada. Y en eso nos estamos gastando la pauta”.

Sobre el debate fiscal, Salcedo respaldó la postura de la senadora Blel y criticó la falta de recursos asegurados para la reforma: “La máxima coherencia está en que si usted le pide al Ministerio de Hacienda el aval fiscal de la reforma presentada por el Gobierno, esta hoy no cuenta con los recursos, están pendientes de la ley de financiamiento, eso no debería ser así”, afirmó.

Denunció que el presupuesto general de la nación está desfinanciado en 40 billones de pesos, de los cuales 16 dependen de la reforma tributaria. Salcedo consideró necesaria una reforma, pero advirtió que el modelo de promoción y prevención no puede ser la base del sistema, que debe centrarse en el paciente y no en disputas sobre el financiamiento.

En cuanto a la intervención de las EPS, Salcedo opinó: “Para mí la intervención de las EPS hoy es un tema político. Si usted se da cuenta, Sanitas se ganó un tema jurídico y me parece que la mayoría de las intervenciones no tienen un sustento legal, están pegadas con babas, y las intervenciones han sido tan mal manejadas de manera administrativa que hoy le quiero decir que las EPS están peor que cuando las intervinieron”, declaró a Infobae.

Finalmente, Salcedo subrayó la necesidad de mejorar la contratación y facturación, controlar estrictamente el tema de medicamentos y garantizar un flujo de recursos estable, independientemente del gobierno de turno. Propuso la creación de un ente independiente que supervise la auditoría del sistema y la inversión de los recursos en los pacientes.