En Colombia, millones de personas acceden hoy al régimen subsidiado de salud gracias a una fuente de recursos que, para muchos, pasa silenciosa, la industria legal de los juegos de suerte y azar. Tragamonedas, bingos, casinos de barrio y apuestas en línea sostienen parte importante de ese engranaje. Durante la primera mitad del año, este sector logró consolidarse como un actor determinante para la financiación pública, incluso frente a la volatilidad del entorno económico y los retos regulatorios que aún enfrenta.
Las cifras oficiales permiten dimensionar la magnitud de su aporte. Según Coljuegos, entre enero y junio se transfirieron $883.992 millones destinados a cubrir servicios médicos para la población de menores ingresos, cifra que superó los $900.000 millones al cierre de julio. Esto representa un crecimiento del 26,9% frente al mismo periodo de 2024. El aumento confirma una tendencia al alza que, pese a los tropiezos del sector, continúa reflejando su capacidad de adaptación.
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Una parte sustancial del dinero provino de los llamados juegos nacionales, casinos, bingos y plataformas digitales. Estos, por sí solos, aportaron $566.563 millones. El resto fue canalizado hacia el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), la Adres y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, instituciones que reciben giros directos derivados del recaudo por derechos de explotación.
En total, el país cuenta hoy con más de 411 concesionarios activos y cerca de 3.750 establecimientos autorizados. A ellos se suman 14 plataformas en línea que operan bajo regulación. Este ecosistema, que mezcla negocios tradicionales con nuevos formatos digitales, ha permitido ampliar la base de contribuyentes y diversificar las fuentes de financiación del sistema sanitario.
La presidenta ejecutiva de la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar), Elizabeth Maya Cano, resumió a Semana el impacto: “Nuestra industria no solo genera empleo formal y desarrollo, sino que garantiza recursos vitales para la salud pública. El juego legal es sinónimo de transparencia y compromiso con Colombia. En Cornazar seguiremos defendiendo la formalidad, impulsando la innovación y apoyando a los empresarios que hacen posible que esta contribución crezca cada día”.
Pese a los resultados, el gremio no esconde su preocupación por los obstáculos que enfrenta la actividad. La competencia desleal del juego ilegal continúa restando ingresos a la salud pública y genera un ambiente adverso para quienes sí operan dentro del marco normativo. A esto se suma la inestabilidad tributaria, que introduce incertidumbre entre los inversionistas y afecta la sostenibilidad de los aportes.
El sector insiste en que la clave está en reforzar la vigilancia, promover reglas claras y asegurar que la expansión del mercado digital ocurra bajo el mismo principio de transparencia. No solo para consolidar el recaudo, sino para proteger a los jugadores y evitar que la informalidad siga creciendo sin control.
Aunque el público suele asociar esta industria con entretenimiento o apuestas recreativas, para el sistema sanitario representa una fuente crucial. Los recursos obtenidos se traducen en tratamientos, consultas, medicamentos y programas de prevención para una población que, sin estos aportes, tendría menos oportunidades de acceso.
La expansión de las plataformas en línea es uno de los motores de esta dinámica, pues mejoró los mecanismos de recaudo y permitió regular una actividad que hasta hace poco se movía en la informalidad. Lo mismo ocurre con los casinos y bingos, que continúan siendo fuentes constantes de explotación económica. En muchos municipios, la presencia de estos establecimientos también se convirtió en una forma de dinamizar el empleo local. Por eso, la industria plantea que, más allá de recaudar, es necesario fortalecer la colaboración entre Estado, regulador y empresarios para asegurar su estabilidad.
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